El secretario del Cabildo, Pancho Perdomo, tendrá que comparecer en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife el próximo 17 de septiembre, para declarar en calidad de testigo en la causa abierta por la incautación de la desaladora y la depuradora de Montaña Roja. En el procedimiento están ya imputados el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y los entonces gerentes del Consejo y del Consorcio Insular del Agua, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero.
La citación de Perdomo fue solicitada por la empresa que presentó la querella, Club Lanzarote, que pidió que se le llamase a declarar en calidad de testigo. Y es que en su declaración como imputado, San Ginés aseguró que el secretario le había asesorado "verbalmente" antes de adoptar esa medida. "El secretario me confirmó que podía adoptarse esta medida cautelar y que se podía llevar a cabo sin autorización judicial, que era lo que me generaba ciertas dudas", sostuvo Pedro San Ginés ante el juez.
Incluso, el presidente llegó a afirmar que él ni siquiera redactó la resolución que firmó ordenando la incautación. "Desconozco quién es el autor material. Pudo ser el gerente del Consejo (José Juan Hernández Duchemín), el secretario (Pancho Perdomo) o el propio letrado externo (Ignacio Calatayud). O tal vez los tres participaron", sostuvo el presidente.
Además del secretario, la otra persona que "asesoró verbalmente" a San Ginés fue precisamente este abogado, que no es funcionario ni personal del Cabildo. Sin embargo, ni Perdomo ni Calatayud elaboraron previamente un informe por escrito. El único que existe informando favorablemente a la incautación lo realizó Ignacio Calatayud después de que se hubiera ejecutado ya esa medida y fue asumido por el secretario, que puso su firma al final del dictamen.
"Una gran duda"
Sobre ese informe, en una Junta del Consejo Insular de Aguas celebrada poco después de la incautación, el secretario señaló que ya había advertido de que no era "una ciencia exacta", pese a que puso su firma en el documento. "Quería dejar claro ante esta Junta General que el derecho no es una ciencia exacta. Como ustedes saben, el derecho está sujeto a interpretaciones", subrayó Pacho Perdomo en esa Junta, haciendo referencia a resoluciones judiciales que pueden ser revocadas por otros tribunales.
"De todas formas", agregó, "podemos salir de una gran duda en poco tiempo, porque (los promotores) han solicitado una medida cautelar de suspender la incautación". Esa "gran duda" la resolvió el pasado 26 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con una sentencia en la que anuló la incautación y ordenó devolver la planta a la empresa, entre otras cosas porque se realizó sin autorización judicial.
Paralelamente, la Audiencia Provincial también ordenó admitir a trámite la querella presentada por Club Lanzarote contra San Ginés y contra los gerentes del Consejo y del Consorcio, que ya han declarado como imputados en esta causa, en la que se siguen produciendo nuevas citaciones.