La conclusión del informe municipal encargado por al ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz y redactado por la encargada del departamento de rentas Cristina Fernández es que las presuntas operaciones fraudulentas del catastro se cometían con el consentimiento, asesoramiento y colaboración de algunos funcionarios públicos.
Así se destaca en las diligencias abiertas por la Fiscalía. El informe municipal se basa para hacer esa afirmación en que los datos aportados sólo los podían conocer personas que trabajan con esa materia dentro del Ayuntamiento.
La propia redactora del informe, sobrina del ex secretario del consistorio, Felipe Fernández Camero y cuñada del ex fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés, en su declaración en la Fiscalía, señala su sospecha de que la trama es interna y se basa en cuatro cuestiones.
En primer lugar, señala que los cambios han de hacerlos una o varias personas concretas con acceso al sistema informático catastral, además de asegurar que en las operaciones urbanísticas se manejan los datos obrantes en el departamento y que esos datos no son de acceso al público en general.
Finalmente, destaca que en los informes emitidos (tanto a mano como impresos) para la concesión posterior de las licencias de segregación "se consignan los datos necesarios para que coincidan con la posterior escritura, la descripción de la finca con los linderos y las cabidas ya irreales, dándole una referencia catastral falsa y realizando después de la escritura el cambio de la titularidad en el catastro cuando antes no tenía titular conocido".
LA MISMA PERSONA
Fernández, en su declaración, señala que esas peticiones las hacía siempre Lucía Medina "a la misma persona del Ayuntamiento", aunque no facilita ni su nombre ni su cargo. Posteriormente cuando el fiscal instructor solicita al Ayuntamiento la identidad de quien redacta esos informes sin firmar y que "constituyen la piedra angular de la cuestión", según sus propias palabras, no se le llega a desvelar.
Una de las afectadas por esta trama, sin embargo, en su declaración ante el fiscal, señala que la redactora del informe le informa de que la funcionaria municipal Dulce Carmona (hermana del encargado del catastro Francisco Carmona, imputado en el caso La Bufona) era amiga íntima de Lucía Medina y que le proporcionaba la información "tratando siempre con ella de forma directa". Esa misma testigo señala que "un tal señor Morera" "estaba al tanto de las operaciones" según la información oficial que dice que le transmitió la redactora del informe.
CAMBIOS
Tampoco contesta el Ayuntamiento a la petición del fiscal de que se le facilite quiénes eran los funcionarios que tenían acceso a la base de datos del catastro y que efectuaban las grabaciones de los cambios de titularidad desde el año 2002. El fiscal saca la conclusión de que se trata de Martín Robayna el encargado de los cambios de titularidad ya que era el encargado del catastro en el periodo en que se producen. Lo que sí contesta el Ayuntamiento es la identidad de los técnicos que firmaban las licencias de segregación, que serían Jesús Morales y Miguel Bethencourt.
Es decir, se 'fabricarían ', según las investigaciones, las escrituras falsas desde el propio Ayuntamiento aportando una referencia del catastro ficticia. Con la falsificación hecha, se acudiría al Registro de la propiedad. En el informe se reconoce que se hace esto al menos con tres fincas y que en una de ellas se ha llegado a vender hasta veinte veces la superficie original.
PROCEDIMIENTO
El 'modus operandi' que se deduce de las investigaciones del fiscal y del informe municipal sería el siguiente. Siempre, de manera presunta, Lucía Medina solicitaba información sobre certificaciones catastrales y licencias de segregación de determinadas fincas. Ese sería el primer paso.
Después se realizaba el informe 'falso', que no se firmaba y que en ocasiones se escribía a mano y que resulta clave para obtener el resto de informes ya que incorporaba la información que no se corresponde con la realidad. Se cambia la titularidad en el catastro, que pasa de 'desconocido' aunque en algunas ocasiones sí se conoce el propietario, a, generalmente, Mercedes Cabrera Sastre. Se hace a través de solicitudes en el modelo 901.
MOVIMIENTOS
Según el padrón del IBI de 2006 hay 53 movimientos de fincas que pasan de titular "desconocido" a "Cabrera Sastre y herederos" y posteriormente a Lucía Medina o a las empresas Segundo Martín o Piconca en la que administradora es la mujer del anterior. La primera de las empresas se registró en Granada como sociedad anónima en1982 y pasó posteriormente su residencia a Arrecife en 1998 como sociedad limitada.
Otras empresas que compran estos solares a través de Cabrera Sastre son Mayreb, Perguin Ingeniería, Volcán de la lapa o Emprendimientos insulares ABC. Todas ellas realizan todas las escrituras de constitución o cambio de domicilio, así como las escrituras de segregación y venta de las fincas en la notaría de Carmen Martínez Socías.
NOTARÍA
Respecto al comportamiento de la notario, señala el fiscal que su actuación resulta poco o nada rigurosa ya que "las escrituras no describen las fincas segregadas como deberían e incluso no se mengua la cabida". En un sólo día, el 20 de mayo de 2002, se segregan cuatro fincas, de un total de unos 800 metros, de una finca matriz de más de 5.000 metros cuadrados y ésta no disminuye de tamaño ni se justifica "tal cabida resultante con unos linderos claros y sin haber comprobado la regularidad del procedimiento administrativo previo, por cuanto es en esas mismas (fincas) en las que se incorpora la referencia catastral inventada", según señala la Fiscalía.
ACN Press