Con los bomberos colocados en fila en un extremo del salón de plenos del Cabildo y ataviados con una camiseta en la que se podía leer "Presidenta, ¿por qué nos has engañado?", el grupo del Gobierno aprobó de forma definitiva los estatutos que regirán el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios. La polémica que ha precedido a este consorcio volvió a repetirse en el pleno, en el que los bomberos salieron descontentos del resultado de sus alegaciones.
En dos ocasiones, a petición del Partido de Independientes por Lanzarote y a petición del Partido Popular, que rectificó su abstención en la primera votación, se sometió a votación dejar sobre la mesa el asunto, aunque finalmente fue rechazado por el grupo de Gobierno. El PSOE que también solicitó aplazar la votación definitiva expuso sus dudas sobre los artículos que recogía el documento y criticó que en la comisión informativa se hubiera entregado al término de la reunión, lo que no permitió que los partidos en la oposición estudiaran las alegaciones que se habían incorporado a los estatutos.
El consejero del Plan Insular de Seguridad, Juan Pedro Hernández, tomó la palabra en la sesión para explicar la tramitación de las alegaciones y aunque reconoció que no podía dar cuenta al detalle de las mismas, "porque requieren en muchos casos de una explicación técnica", aseguró que se han incorporado el 80 por ciento de las alegaciones presentadas. Aún así, la oposición votó en contra excepto el Partido Popular que se abstuvo, lo que motivó que los bomberos le acusaran de tener un pacto con el grupo de Gobierno.
Según el portavoz de los bomberos, Andrés Pérez, los estatutos del Consorcio propician el voluntariado y no una "plantilla de profesionales como exige la ley". Mientras, Juan Pedro Hernández recuerda que en el Consorcio "no sólo está implicados el cuerpo de bomberos" y asegura que se han desestimado "aquellas alegaciones que reducían las competencias del órgano a este colectivo".
Mociones de fondos y tránsfugas
En tiempo de mociones, la propuesta del Partido Socialista, que pidió que la presidenta del Cabildo y Coalición Canaria se hicieran cargo del coste de la campaña institucional que califican de "publicitaria", suscitó la polémica. Una dura intervención de Luis Arráez, en la que acusó a los socialistas de haber llevado a cabo campañas publicitarias con fondos del Cabildo y cuestionó determinadas prácticas de gestión que se habían realizado en la Primera Institución, motivó que se planteara una moción por vía urgente para realizar una auditoría de la gestión del Cabildo en años anteriores.
La propuesta tuvo el apoyo de la oposición, pero al final fue planteada como un ruego. En ella, el consejero de Hacienda propuso pedir a los servicios jurídicos un informe de gestión entre 1995 y 2007 sobre gastos en publicidad, imprenta, edición de materiales, iluminación y electricidad, comidas, agencias de viajes, obras y otras inversiones. Además de otro estudio sobre una adecuación de gastos a procedimientos de contratación y verificación de suministros, con el fin de elevar al pleno el resultado de la investigación para tomar los acuerdos pertinentes.
También se ha aprobado una moción presentada por el PIL con el apoyo de todos los grupos políticos por la que se "acuerda condenar públicamente las conductas y prácticas de transfuguismo" y por la que "se comprometen a no constituir mayorías en las instituciones con consejeros convertidos en tránsfugas".