El Gobierno de Canarias no modificará el artículo 27.1 del Reglamento que regula la aprobación de planeamientos en las islas, como habían pedido los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, pero sí "simplificará" el proceso en la futura Ley de Armonización, que próximamente remitirá al Parlamento.
Así lo ha anunciado este martes el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Ejecutivo canario, Domingo Berriel, que ha descartado la vía planteada por los presidentes de Lanzarote y Fuerteventura. Desde ambos cabildos cuestionaban que tuvieran que realizarse varios informes de impacto medioambiental a lo largo del trámite de aprobación de un planeamiento, y solicitaban que no se incorporara ese requisito hasta la fase de aprobación inicial.
Aunque esta petición no será atendida, el responsable autonómico sí adelantó que "en todo caso, una vez aprobada la Ley de armonización en materia ambiental y territorial, se procederá a modificar y adaptar los correspondientes Reglamentos a esa nueva normativa legal".
Aún así, el consejero recordóque la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el Medio Ambiente, que incorpora a nuestro derecho interno la Directiva 2001/42 de la Unión Europea, establece "el mandato legal de integrar en los procedimientos de aprobación, el proceso de evaluación ambiental, y en Canarias, se ha dado cumplimiento a esta norma, incorporando el proceso de Evaluación Ambiental en el procedimiento de aprobación de los distintos planes de ordenación territorial y de ordenación urbanística, siempre antes de su aprobación definitiva, destacando el carácter esencial de establecer y analizar alternativas razonables".
Retraso en el Plan Insular
Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) suspendió la aprobación de la Memoria Ambiental de la Revisión del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, frenando así los trámites para aprobar este documento.
El Gobierno consideraba necesario "subsanar" varios aspectos, como "el deber de evaluar ambientalmente las alternativas propuestas", elaborar nuevamente el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) y someterlo al trámite de información pública y consulta a las administraciones afectadas.
En cuanto a Fuerteventura, que en realidad fue quien hizo pública hace unas semanas esta petición conjunta con Lanzarote, también está pendiente de aprobar su Plan insular.
Al respecto, la diputada del Partido Popular por Fuerteventura, Águeda Montelongo, se ha pronunciado afirmando que la propuesta hecha por CC y PSOE "era una mala excusa que pretende camuflar un estrepitoso fracaso en la tramitación del Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Insular de Ordenación" majorero.
Montelongo ya advirtió en el pleno del Cabildo que el Gobierno de Canariashabía anunciado una nueva norma que iba a simplificar el planeamiento, La Ley de Armonización, y que "es ahí donde los Cabildos deberán presentar alegaciones".
La diputada recalcó que el "Informe de Sostenibilidad Ambiental presentado por el Cabildo de Fuerteventura no tiene contenido técnico ni jurídico y así reza en el Informe de la Ponencia Técnica de la COTMAC. Hemos perdidos dos años y seguimos sin tener un documento que defina el futuro de Fuerteventura".
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