El Gobierno canario, a través de su presidente, Paulino Rivero, y el consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández, "se ha comprometido firmemente en hacer llegar al director general de Transportes Terrestres (Ministerio de Fomento) las peticiones solicitándole que se modifique la normativa que obliga a la implantación del tacógrafo y establece los tiempos de conducción y descanso de los conductores", tal y como informa la Federación Interinsular de la Pyme (Felapyme).
Este compromiso ha sido logrado en una reunión que Felapyme, conjuntamente con representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte de la Pyme de Lanzarote, ha mantenido con el presidente del Ejecutivo Regional y consejero, a quienes acompañaba la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas. En ella se les expuso la situación creada en el sector de transportes, a consecuencia de la entrada en vigor de la citada normativa.
"Una modificación sin sentido"
Desde la Federación se recuerda que a raízde la transposición de la legislación Europea a los estados miembros, y en consecuencia a la aplicación del Real Decreto 640/2007, "se excluía de esta obligatoriedad a los transportes íntegramente desarrollados en islas cuya superficie no superase los 1.500 kilómetros cuadrados, y asimismo establecía una serie de excepciones a su uso". Posteriormente, este Decreto quedó modificado, quedando establecida objetivamente "la reducción de la exigencia de los parámetros insulares a 250 kilómetros cuadrados, por lo que quedaban incluidos tácitamente nuestro Archipiélago y las islas de Menorca e Ibiza".
Esta última decisión ha causado la inmediata reacción del sector del transporte, "por cuanto se considera que estas exigencias carecen de todo sentido racional en territorios de reducida dimensión dadas las distancias y los tiempos de descanso, como es el caso de Lanzarote", añaden.
Las organizaciones que han participado en este encuentro, se mostraron esperanzadas al término del mismo con "una acogida tan positiva de nuestras reivindicaciones justas y justificadas, y confiamos en la inmediata modificación de la normativa".