Los profesores de Educación Infantil que han aprobado las oposiciones que se celebraron el pasado mes de junio en Canarias y que se incorporarán a sus puestos de trabajo el 3 de septiembre podrían quedarse sin plaza iniciado el curso. Y es que a escasos días de que comience el periodo escolar, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha anulado el proceso selectivo para la asgnación de plazas de Educación Infantil, después de recibir varias reclamaciones por irregularidades en "los criterios de calificación aplicados por el Tribunal de Evaluación de esta especialidad".
En término generales, "las irregularidades se concretan en que en la fase de oposición aprobó el mismo número de personas que número de plazas había, por lo que la fase de concurso ? posterior a la del examen - quedó absolutamente desvirtuada", según aclara Fernando Pellicer, miembro de STEC ? Intersindical Canaria.
En este sentido, existen dos colectivos de afectados. Aquellos aspirantes que han suspendido de "forma irregular", porque no entraron en la segunda fase de la selección, y los profesores, que actualmente aparecen como aprobados y que tienen asignado un Centro educativo en el que empezarán a trabajar a partir de este lunes, pero de "manera provisional", puesto que la Consejería ha dictaminado "retrotraer a la fase de oposición las actuaciones ya desarrolladas", por lo podrían quedar fuera de la selección una vez finalizada la revisión.
Desde el sindicato de STEC-Intersindical Canaria exigen soluciones y responsabilidades a la Consejería y denuncian que el Tribunal de Evaluación haya sido "elegido a dedo". "La Consejería no ha sabido escoger a las personas adecuadas ni instruirlas con los criterios adecuados", argumentan desde el sindicato. Del mismo modo, denuncian la demora en la resolución de reclamaciones que se realizaron en el "mes de julio", y que han sido solventadas a una semana de comenzar el curso escolar.
El sábado, el máximo órgano del STEC tiene prevista una reunión para analizar jurídicamente una "gravísima situación generada por la ineptitud, ineficacia y negligencia de la Consejería". De momento, ha ofrecido el asesoramiento jurídico a todos los "cientos de afectados que hay en toda Canarias".