"No entré a la fuerza en la planta, ni di orden a nadie para que lo hiciera". Eso fue lo que aseguró el pasado viernes el gerente del Consorcio Insular del Agua, Domingo Pérez Callero, que declaró ante el juez imputado por un presunto delito de coacciones en la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Según Pérez Callero, quien ejecutó esta medida no fue el Consorcio, sino el Consejo Insular de Aguas, aunque aseguró que "no recuerda" quién "daba las instrucciones" durante la incautación.
En un primer momento, Domingo Pérez Callero declaró incluso que él no participó en la "toma de posesión de las instalaciones de Club Lanzarote". Sin embargo, la fiscal Laura Ordás respondió mostrándole el acta que se levantó ese día, en la que figura que él estaba presente. De hecho, fue el único cargo público que acudió a Montaña Roja. "Estaba cuando se realizó la toma de posesión de las instalaciones, pero fue llevada a cabo por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote", respondió tras ver el documento. En ese momento, el presidente del Consejo era Pedro San Ginés y el gerente José Juan Hernández Duchemín (ambos imputados en la causa), pero ninguno de los dos estuvo presente en la incautación.
Según el gerente del Consorcio, él "sólo tenía la función de realizar un inventario" de los bienes incautados una vez que se ejecutara la medida, sobre la que dijo que no tomó "ninguna decisión". ¿Quién daba entonces las instrucciones?, le preguntaron. "No lo recuerdo", respondió Pérez Callero. Y tampoco "recordaba" quién "decidió sobre lo que había que hacer" cuándo los responsables de la empresa les negaron el acceso a la planta.
En ese momento, llamaron incluso a un cerrajero para forzar la entrada y accedieron a las instalaciones junto a agentes de la Policía Local de Yaiza. Sin embargo, el gerente del Consorcio llegó a decir que no recuerda, "como tal, el momento concreto de la toma de posesión".
San Ginés le señaló como "responsable de la ejecución"
Su declaración se contradice con la que había prestado unas horas antes Pedro San Ginés, que señaló a Domingo Pérez Callero como responsable de la ejecución de la incautación. "Entiendo que el gerente del Consorcio asumió su responsabilidad en cuanto a llevar materialmente a efecto la ejecución de la resolución y la toma de posesión de la planta para garantizar que continuase en funcionamiento", declaró San Ginés.
De hecho, el presidente aseguró que solo le consta que estuvieron presentes en ese acto Pérez Callero y agentes de la Policía Local, aunque lo cierto es que al menos también acudió el abogado Ignacio Calatayud. Preguntado expresamente sobre la presencia de Calatayud en Montaña Roja, San Ginés respondió que "creía recordar" que "no acudió", por lo que a él también le tuvieron que mostrar el acta levantada en esa jornada. "Supongo que Domingo Pérez requeriría el acompañamiento del letrado", respondió al ver el documento.
Por su parte, Pérez Callero sí confirmó que Ignacio Calatayud estuvo presente en la incautación. De hecho, fue el único nombre que dio. "Entiendo que prestaba asesoramiento jurídico, pero personalmente no vi que lo hiciera", sostuvo el gerente al referirse a este letrado, cuyo nombre fue repetido reiteradamente por los tres imputados que declararon el pasado viernes dentro de esta causa.
Solo hubo una visita previa meses antes y "un poco por encima"
En cuanto a su participación, el gerente insistió en que él "tenía sólo la función de realizar un inventario una vez que se tomara posesión por el Consejo Insular de Aguas", informando del estado de las instalaciones "y de posibles deficiencias, que era lo que decía la resolución".
Sobre ese informe posterior, asegura que se detectaron deficiencias como "problemas en los pozos de captación" para la desalación, "deficiencias en el estado de las infraestructuras" de la red, "falta de conexión de partes de la urbanización a la red de saneamiento" y "depuradoras privadas en malas condiciones" dentro del plan parcial Montaña Roja.
Preguntado sobre si en algún momento realizaron alguna visita previa a las instalaciones antes de la incautación, que se produjo en septiembre, el gerente señaló que estuvieron allí en "marzo o abril de 2014", para "conocer de primera mano el estado, para el caso de que fueran entregadas (voluntariamente) al Consejo". Sin embargo, "no se hizo un informe por escrito". "Fue una visita que se realizó un poco por encima", agregó el gerente.
Ante esta respuesta, la fiscal le preguntó si Club Lanzarote puso "alguna objeción a que siguieran realizándose esas visitas", lo que hubiera implicado una posible inspección y control por parte del Consejo o del Consorcio en caso de que realmente hubiera deficiencias, pero el gerente volvió a responder "no lo recuerdo".
"Obras paradas por orden judicial"
Sobre por qué la red pública de agua no ha llegado hasta ahora al plan parcial de Montaña Roja, que ha venido abasteciéndose desde su creación, hace casi tres décadas, con la desaladora de Club Lanzarote, el gerente respondió que "esas obras para llevar la red general a la zona se han iniciado" y que "hay una dotación presupuestaria para ello".
Sin embargo, tras señalar que hay "varios tramos y fases diferentes, que van del centro de la isla al sur", añadió que las obras "que afectarían a Montaña Roja están paradas por orden judicial". Según el gerente, esa orden judicial llegó por "un interdicto de obra interpuesto por Club Lanzarote", aunque no dio más datos de una información que no se había hecho pública hasta ahora. "Entiendo que Club Lanzarote no quiere que exista conexión efectiva entre las infraestructuras del Plan Parcial y la red general", apostilló a continuación Pérez Callero.
Sobre por qué se entregaron las plantas incautadas a otra empresa, Canal Gestión Lanzarote (que es ahora quien cobra el agua a los vecinos de Montaña Roja), señaló que así "lo indicaba la resolución" del gerente del Consejo de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, porque esta empresa era quien "tenía la capacidad técnica y humana para explotar las infraestructuras de Club Lanzarote, como se ha venido haciendo".