La polémica abierta en el año 2013, cuando el Consorcio del Agua aprobó la fórmula de pago a los acreedores de Inalsa, terminará investigándose en una nueva causa penal. Así lo ha solicitado la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que ve "irregularidades constatadas" e indicios de posibles delitos en esa actuación, tras investigar una denuncia presentada por Alternativa Ciudadana hace casi dos años.
En aquel momento, la interventora del Consorcio emitió un informe en el que advirtió de que los acuerdos de pago a los acreedores eran "nulos de pleno derecho" y "atentaban contra los intereses del Cabildo", ya que se pagaban deudas de Inalsa con el dinero del concurso con el que se privatizó la gestión del agua. Sin embargo, en base a dos informes externos (uno de ellos encargado a Ignacio Calatayud y otro a Pedro Lasso), se decidió seguir adelante. Poco después, la interventora presentó su dimisión.
"Le sobran motivos a ella para presentar la renuncia y a mí para cesarla. Le sobran los motivos de preocupación", señaló entonces el presidente, Pedro San Ginés, después de que la interventora dejara su puesto, adelantándose así a su destitución por parte de San Ginés. Los informes de Intervención salieron a la luz de la mano de la oposición, que fue quien los hizo públicos. Entre otras cosas, en base a esos informes, la oposición denunció que se estaba "regalando" dinero del Consorcio a Inalsa, la empresa pública de aguas, que estaba en la quiebra e iba a ser disuelta, por lo que no iba a devolver nunca esa suma.
Responsabilidad patrimonial de los gestores
Distintas formaciones denunciaron entonces que lo que se pretendía era librar a los gestores de Inalsa de la responsabilidad que pudieron tener en su quiebra, y que les podría haber llevado a responder de la deuda con su patrimonio personal. Uno de los partidos más críticos fue Alternativa Ciudadana, que en julio de 2013 decidió presentar una denuncia en Fiscalía, advirtiendo de éste y otros hechos que podían ser delictivos en la gestión de Inalsa desde el año 2006. Ahora, la fiscalía le ha dado la razón en buena parte de su denuncia.
Tras investigar los hechos, el fiscal Miguel A. Hernández González concluye que existen indicios de distintos delitos societarios y de prevaricación o defraudación de caudales públicos. Por eso, en un escrito notificado esta semana a Alternativa Ciudadana, pide que se remita la denuncia a los Juzgados, para que se abran diligencias y se investiguen varios de los hechos denunciados por este partido.
Respecto al acuerdo de pago a los acreedores, la Fiscalía pide que se soliciten las actas de las asambleas del Consorcio del 23 de mayo, del 8 de julio y del 11 de julio de 2013, donde se trataron esos acuerdos, así como el informe de la interventora y los informes externos encargados a Ignacio Calatayud y Pedro Lasso. Además, reclama que se encargue un dictamen a la Audiencia de Cuentas detallando si esa decisión se ajustó "a la legalidad", por si "los hechos pudieran tener relevancia penal".
"Supone desconocer totalmente la función del juez de lo mercantil"
En su relato, el fiscal recuerda que la Asamblea General del Consorcio del Agua analizó el informe negativo de la interventora en una de esas reuniones, la del 8 de julio, y lo que acordó fue "recabar un informe jurídico externo". "Tan sólo dos días después de que se mandatara al presidente a encargar los informes jurídicos", subraya el fiscal, se celebró una segunda reunión, donde se acordó "continuar con la tramitación del convenio de acreedores en los términos previstos, a los efectos de que sea el juez de lo mercantil el que decida si el convenio de acreedores se ajusta a la legalidad vigente".
Sin embargo, la Fiscalía critica con contundencia ese argumento. "Supone desconocer totalmente la función que otorga la legislación al juez de lo mercantil", señala el fiscal, que recuerda que éste sólo tiene competencias para ratificar un convenio entre acreedores y deudor, "escapando a su control si la decisión de pago de deudas de Inalsa por parte del Consorcio, y la forma en que se da cobertura a dicho acuerdo, se ajusta a la legalidad administrativa". Es decir, que el juez responsable del proceso concursal no está para dirimir si es legal o no la forma de pago por parte de Inalsa o de dónde provenga ese dinero.
"La sentencia pone fin a la controversia suscitada por el informe de la ya ex interventora del Consorcio", declaró entonces San Ginés en un comunicado, en el que volvió a cuestionar el trabajo realizado por esa profesional. Ahora, sin embargo, la Fiscalía sostiene que nada tenía que ver lo que resolvió el Juzgado de lo Mercantil, con los reparos que planteaba la interventora en su informe. De hecho, el fiscal señala que ni siquiera los informes externos en los que se basó el Consorcio abordaban realmente esa cuestión.
"Dichos informes jurídicos se ocupan de examinar si el Consorcio del Agua, como ente creador de Inalsa y auténtico titular del servicio público de abastecimiento del agua, debiera responder de la deuda de su ente material, pero en ningún caso entran a examinar si la fórmula de préstamo, o la cesión o transmisión de derechos futuros que el Consorcio realiza de una prestación con origen en una concesión, vulnera algún precepto legal", subraya la Fiscalía.
Pide al Juzgado de lo Mercantil que califique el concurso
Además, la Fiscalía considera que el propio convenio de acreedores evidencia que se tendría que haber abierto la sección de calificación concursal. Esto supone determinar si el concurso se declara culpable, lo que supondría que los gestores de Inalsa respondieran con su patrimonio. De hecho, en su escrito, el fiscal revela que ya se ha dirigido al Juzgado de Lo Mercantil Número 1 de Las Palmas para que proceda "a la inmediata apertura" de ese procedimiento, "con la finalidad de depurar las posible responsabilidades en las que pudieran haber incurrido los administraciones de Inalsa en relación con la causación o agravación del estado del insolvencia de la misma".
Al respecto, el fiscal recuerda que el convenio fijó una "espera" de cinco años para realizar la calificación del concurso, que todavía no han transcurrido, pero la Fiscalía ha reclamado que se inicie ya. En cualquier caso, aclara que esto no quita para iniciar también esta investigación penal, ya que considera que los hechos "pudieran ser constitutivos de un delito de insolvencia punible".
En un contundente escrito, el fiscal concluye que existen indicios de delito en varios de los hechos denunciados por Alternativa Ciudadana, y que se remontan al año 2006. Para ello, ha analizado distinta documentación, entre la que se incluyen los informes de los administradores concursales, las auditorias de Inalsa y las propias cuentas de la entidad.
"Irregularidades contables por altos importes"
"Se desconoce cómo habiendo sido constatadas las irregularidades contables y por tan altos importes, no se adoptó por parte de los administradores de Inalsa desde 2006 medida alguna para evitar su reiteración y clarificar el destino de esos fondos que, como cantidades obtenidas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua, tienen la consideración de caudales públicos", subraya el fiscal en su escrito. Entre otras "irregularidades constatadas", la Fiscalía hace hincapié en los "desbalances relativos a existencias, reparaciones o recambios", incluyendo material que no aparecía registrado en los almacenes de Inalsa, así como las diferencias no conciliadas entre los datos relativos a la facturación y cobro".
De ello, pide que respondan inicialmente la ex consejera de Inalsa, Plácida Guerra, y el que era gerente de la empresa, Rafael Elorrieta, ambos condenados en el caso Unión por el pago de facturas falsas a Francisco Rodríguez Batllori. Sin embargo, el fiscal aclara que la lista de "responsables" podría ampliarse durante la instrucción judicial. De hecho, buena parte de los hechos que el fiscal considera que pudieron ser delictivos no corresponden a la etapa de Plácida Guerra al frente de Inalsa, ya que dejó ese cargo en la pasada legislatura.