La Fiscalía ya ha presentado su escrito de acusación en una de las piezas centrales del caso Unión, la número 12, en la que pide penas de entre uno y 17 años y medio de cárcel para las 14 personas contra las que formula acusación. Además, pide el archivo provisional contra una de las personas que continuaban imputadas en la causa, Luisa Blanco.
Respecto al resto, la mayor pena se solicita para Dimas Martín, al que el fiscal Javier Ródenas señala como el líder de una asociación ilícita dedicada al cobro de comisiones ilegales. Del resto, algunos han conseguido rebajar su pena gracias a su confesión y a la "reparación del daño", al haber devuelto todo o parte del dinero malversado. Para el resto, pide penas distintas en función de su participación en los hechos.
Políticos:
Dimas Martín, líder histórico del PIL: 17 años y 6 meses menos un día de prisión, multa de 409.000 euros e inhabilitación de 24 años por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, información privilegiada y falsedad en documento público.
Ubaldo Becerra, ex concejal de Urbanismo de Arrecife: 17 años de prisión, multa de 406.000 euros e inhabilitación de 26 años por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, información privilegiada y fraude a la administración.
José Miguel Rodríguez, ex concejal de Hacienda: 4 años y 7 meses y 2 días de prisión, multa de 220.500 euros e inhabilitación de 18 años por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, información privilegiada y fraude a la administración.
Antonio Machín, ex concejal de Parques y Jardines: 12 años y 6 meses prisión, multa 300.000 euros e inhabilitación de 22 años por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos de especial gravedad, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y revelación de información privilegiada.
Matías Curbelo, ex administrador de campaña del PIL y mano derecha de Dimas: 1 año y 4 meses de prisión, multa de 96.800 euros e inhabilitación de 5 años por delitos de asociación ilícita, cohecho y financiación irregular.
Funcionarios:
Elena Martín, jefa de Contratación de Arrecife: 2 años de prisión y 20 años de inhabilitación por delitos de prevaricación administrativa y revelación de información privilegiada con grave daño a la causa pública y fraude a la administración.
Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica: 4 años de prisión y 11 años de inhabilitación por delitos de revelación de información privilegiada y fraude a la administración.
Carlos Sáenz, interventor de Arrecife: 7 años y 6 meses de prisión y 10 años de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales públicos de especial gravedad, prevaricación, falsedad en documento mercantil y fraude a la administración.
Empresarios:
Antonio Gómez Ruiz, administrador de Estudio de Arquitectura Paisajística La Palmita: 12 meses de prisión, multa 20.000 euros y 3 años de inhabilitación por delitos de cohecho, malversación, falsedad en documento mercantil y fraude a la administración.
Manuel Gregorio Reina Fabre, administrador de Construcciones y Reparaciones Reina: 4 años y 4 meses de prisión, multa de 12.000 euros e inhabilitación de 11 años por delitos de cohecho, malversación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y prevaricación.
Jesús Manuel Martín Brito, administrador de Infogelan Construcciones: 15 meses de prisión, multa de 100.000 euros por delitos de cohecho e inhabilitación de 3 años por delitos de malversación de especial gravedad en concurso con falsedad en documento mercantil, con delito de fraude a la administración y prevaricación.
Samuel Lemes, administrador de Construcciones y Promociones Samyer: 5 años de prisión e inhabilitación de 6 años por delitos de malversación en concurso con falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, prevaricación y estafa.
Antonio Cárdenas, ingeniero: 2 años y 4 meses de prisión e inhabilitación de 4 años por delitos de aprovechamiento de información privilegiada con grave daño para la causa pública y fraude a la administración.
Juan Francisco Rosa, promotor inmobiliario: 2 años y 3 meses de prisión y multa de 15.000 euros por un delito de falsedad continuada de documento público.