El Ministerio Fiscal ha presentado ya el primer escrito de acusación del caso Montecarlo, en el que pide penas de entre 5 y 12 años de cárcel para cinco acusados. Esta pieza, la primera en la que ha terminado la instrucción, se centra en la presunta malversación de 470.000 euros en el Ayuntamiento de San Bartolomé, tanto con pagos por servicios no prestados como por los honorarios "excesivos" que cobró el interventor, Carlos Sáenz, por su trabajo en este municipio.
El fiscal Ignacio Stampa pide precisamente para Sáenz la mayor pena, de 12 años de cárcel, por presuntos delitos continuados de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad de documento público. Además, solicita que sea inhabilitado durante 22 años y que pague una multa de 260.000 euros. Casi la misma pena reclama para el empresario José Vicente Montesinos, que reconoció haber entregado sobornos al interventor a cambio de que autorizara el pago de sus facturas. En total, Montesinos se enfrenta a una petición de 11 años y 11 meses de cárcel, así como a una multa de 206.000 euros. En su caso, la pena es ligeramente inferior al no ser cargo público.
En cuanto a los otros tres acusados, el fiscal considera que son responsables de un delito de malversación y otro de prevaricación. Para el tesorero de San Bartolomé, Luis Manuel Rodríguez Pérez, pide 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación absoluta durante diez años. Por último, tanto para el ex alcalde, Miguel Martín, como para el que era concejal de Hacienda, Javier Betancort, reclama 5 años y 9 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación absoluta.
Devolver el dinero "sustraído"
En su escrito, presentado justo un día después de que el juez dictara el auto dando por terminada la instrucción de la causa, el fiscal Ignacio Stampa pide también que todos los acusados sean condenados a devolver al Ayuntamiento de San Bartolomé el dinero presuntamente "sustraído". Para ello, todos deberían responder de forma solidaria de ese pago, cada uno en función de su participación en los hechos.
En el caso de Carlos Sáenz, debería responder de la cantidad total abonada por el Ayuntamiento a las empresas de Montesinos (es decir, 394.441 euros) y también por los casi 75.000 euros que, según la instrucción, cobró de forma indebida del Consistorio, autorizando él mismo los pagos que recibió. También de la cifra total abonada a Montesinos tendrían que responder el propio empresario y el tesorero, Luis Manuel Rodríguez.
Por su parte, los otros dos acusados deberían abonar la parte proporcional de los pagos que autorizaron cada uno, ya que algunas facturas fueron conformadas por el ex alcalde y otras por el ex concejal de Hacienda. Así, Miguel Martín deberá responder de 233.574 euros y Javier Betancort de 211.949. En algunos casos, ambos cargos públicos intervinieron en la autorización del pago.
En su escrito de calificación, en el que pide la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, el fiscal también reclama que se adopten ya medidas cautelares, para asegurar el pago de esas cantidades en caso de condena. Para ello, solicita que se impongan distintas fianzas en función del importe del que debería responder cada uno. Según la petición de la Fiscalía, las fianzas irían desde los 282.000 euros para Javier Betancort, hasta casi un millón de euros en el caso de Carlos Sáenz, al que le reclama exactamente 971.814 euros.
Tanto el interventor como José Vicente Montesinos y Javier Betancort están también imputados en otras piezas del caso Montecarlo, relacionadas con el Ayuntamiento de Arrecife, cuya instrucción sigue abierta. Además, Sáenz y Montesinos están acusados también en una causa paralela abierta en Fuerteventura, surgida de la misma investigación que el caso Montecarlo. A esto se suma, en el caso del interventor, su implicación en el caso Unión, donde está acusado en dos piezas y en una de ellas ya ha sido juzgado y está a la espera de sentencia.
"Ideó la forma de expoliar fondos públicos"
En su escrito de acusación, de casi 40 folios, el fiscal realiza un exhaustivo relato de los hechos investigados en esta causa y de los numerosos documentos y facturas analizados durante la instrucción. Con todo ello, concluye que desde que tomó posesión como interventor en San Bartolomé en julio de 2001, Carlos Sáenz "ideó la forma de expoliar arbitrariamente los fondos públicos municipales puestos a su disposición". Para ello, utilizó "la posición privilegiada que como interventor de fondos ostentaba en dicha Corporación, llevando a cabo sin solución de continuidad hasta su detención por orden judicial el día 22 de mayo de 2012, múltiples actuaciones tendentes a lograr cuantiosas cantidades de dinero, para sí y para terceros".
Por un lado, según la Fiscalía, el interventor se "concertó" con los otros cuatro acusados para llevar a cabo el "abono injustificado de elevadas cantidades de dinero público a empresas vinculadas a José Vicente Montesinos". El fiscal sostiene que todos los acusados participaron "de común acuerdo, prevaliéndose de las funciones públicas que cada uno de ellos ostentaba". Así, intentaron dar "apariencia de legalidad" a esos pagos, adjudicando contratos de forma presuntamente "fraudulenta" a las empresas de Montesinos. Según esos contratos, el empresario iba a realizar supuestos servicios de asesoramiento relacionados con el cobro de tributos municipales. Después, simularon "una ficticia prestación" de esos servicios, para justificar el pago de las facturas.
Según el fiscal, "toda la actuación delictiva de los acusados tenía como pilar esencial en que asentarse el consciente, premeditado, grosero y constante incumplimiento por parte del acusado Carlos Francisco Sáenz Melero de sus obligaciones fiscalizadoras", "en perjuicio de los intereses patrimoniales de dicho Consistorio".
Sáenz cobraba más de 110.000 euros anuales solo de Arrecife y San Bartolomé
Por otro lado, el fiscal sostiene que Sáenz también llevó a cabo otras "actividades delictivas" actuando solo, "al adjudicarse directa y fraudulentamente cantidades indebidas en concepto de retribuciones propias por el ejercicio de su cargo". Carlos Saénz ejercía como interventor de San Bartolomé por acumulación de funciones, ya que tiene su plaza principal en Arrecife. Esto supone que en San Bartolomé podía cobrar como máximo el 30 por ciento de su sueldo en el Ayuntamiento capitalino. Así, dado que de Arrecife recibía de media unos 80.000 euros anuales, sus retribuciones en San Bartolomé deberían haberse situado en unos 24.000 euros.
Sin embargo, la mayoría de los años se otorgó pagos a sí mismo por valor de más de 30.000 e, incluso, de casi 40.000 uno de los años. Según el fiscal, desde su toma de posesión Sáenz "ordenó al personal del departamento sujeto a sus directrices que nunca se emitiera nómina alguna referida a él". Así, en lugar de cobrar una nómina como trabajador del Ayuntamiento, cobraba sus remuneraciones a través de mandamientos de pago emitidos a su favor, "como si se tratara de un servicio externo de consultoría y asistencia que prestara a la Corporación Municipal". Y según la Fiscalía, de este modo "incrementaba fraudulentamente el importe de las retribuciones que le correspondían legalmente, prevaliéndose de que le competía a él mismo fiscalizar y autorizar el abono de esos gastos".
Durante los años que se investigan, Sáenz llegó a recibir unos ingresos anuales de hasta 120.000 euros solo por su trabajo en Arrecife y en San Bartolomé. Además, a esa cifra hay que sumar lo que recibía de otros consistorios donde ejercía como interventor acumulado, como el Ayuntamiento de Teguise o, durante un periodo, el consistorio majorero de La Oliva.