El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que presentaron el pasado 18 de enero al Juzgado de lo mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria los administradores judiciales de la compañía del agua de Lanzarote, Inalsa, supondría un ahorro anual de 2,5 millones al año, según los datos elaborados por los propios respponsables.
Este ERE afectaría a 42 trabajadores de la empresa y supondría un gasto por indemnizaciones de algo más de 19 millones. Veintitrés de estos trabajadores tienen 60 años o más, 14 están entre los 50 y los 60, cuatro tienen más de 40, y el más joven, 36 años.
Por departamentos, veintiuno pertenecen al de producción, nueve al de administración, seis a distribución, dos a reutilización y uno a cada uno de los siguientes: parque móvil, relaciones externas, oficina técnica y laboratorio.
El ERE afecta a todas las categorías: dos directores, dos jefes de departamento o de servicio, tres encargados, tres subjefes, un analista, un ATS, siete capataces, 16 oficiales de primera, tres de segunda, dos peones, una limpiadora y un ordenanza.
Aumento de capital
El ERE presentado por los administradores, que representan a las empresas acreedoras, aún no ha sido admitido a trámite. Será el juez de lo Mercantil el que decida si se ejecuta ese expediente, otro distinto o ninguno.
Las empresas acreedoras, por otra, parte, según publicaba ayer el diario Canarias 7, consideran que el expediente se puede evitar si se amplía capital por concurso hasta 52 millones de euros, con una amortización a 15 años, a cambio de la concesión del servicio por el tiempo indicado a la empresa que aporte el capital señalado.
Comité de Empresa
Por otra parte, el portavoz del comité de empresa, David Luna, señalaba a ACN Press que intentarán que el ERE afecte al menor número de trabajadores y que podrían estar de acuerdo en las prejubilaciones, pero que el expediente no afecte a personas que estén por debajo de los 60 años.
Luna señala que el comité "no descarta ninguna medida para defender a la plantilla y que uno de sus objetivos también pasa por defender la titularidad pública del agua en la Isla. Además señaló que el comité presentó medidas a los administradores que ahorrarían dos millones de euros al año y no se han tenido en cuenta.
ACN