El empresario José Daniel Hernández Arráez ha achacado a un "malentendido" la acusación de malversación, fraude, falsedad de documento mercantil e inducción a la prevaricación que pesa sobre él en la pieza 13 del caso Unión, que se ha empezado a juzgar este lunes. Además, ha asegurado que antes había cobrado trabajos de la misma forma (sin concurso ni contrato previo y presentando solo la factura) de otras administraciones. Entre ellas ha incluido el Ayuntamiento de San Bartolomé, donde también era interventor otro de los acusados en esta causa, Carlos Sáenz.
En su declaración, Hernández Arráez ha hablado de un "error" en las facturas que él mismo presentó y también ha asegurado que los conceptos que se especifican en esas facturas (todas ellas relativas a supuestos trabajos de electricidad en distintas fiestas de Arrecife), no se corresponden realmente con los trabajos que realizó.
"Ustedes se están centrando en las fiestas y oye, es escandaloso tanta cantidad porque hemos puesto un cuadro y un foco", ha afirmado Hernández, que asegura que realizó otras obras adicionales. Sin embargo, esos trabajos no aparecen en las facturas ni en el expediente, porque de hecho, tal como ha subrayado la Fiscalía, no consta un verdadero expediente de contratación a esta empresa en el Ayuntamiento (solo la factura y la orden de pago, además de unos presupuestos que ha aportado después, durante la instrucción de esta causa, José Daniel Hernández).
"Imaginaba que el Ayuntamiento no paga sobre la marcha"
"Estamos moviéndonos por el título que pone la factura y no es así", ha insistido el empresario, que en realidad ni siquiera había constituido aún su empresa cuando supuestamente empezó a trabajar para el Ayuntamiento de Arrecife. Fue a finales de 2008 cuando José Daniel Hernández se convirtió en administrador único de Proselan, pero las primeras facturas a Arrecife corresponden a fiestas de febrero de ese año, aunque las cobró todas en diciembre.
De hecho, otra de las preguntas repetidas durante la primera sesión del juicio es por qué presentó 10 facturas al cobro en el Ayuntamiento en diciembre de 2008, si realmente venía prestando trabajos desde principios de año. "Ya imaginaba que el Ayuntamiento no paga sobre la marcha. Esto es sabido y es leyenda urbana", ha respondido el empresario, que ha agregado que "tuvo suerte de que se le abonaran" casi inmediatamente después de presentarlas.
Hernández Arráez presentó 9 facturas el 2 de diciembre y una más el 5 de diciembre y las cobró todas, por importe total de unos 250.000 euros, en el mismo mes, concretamente el 26 de diciembre. "¿Eso qué es, suerte?", le ha preguntado el fiscal Ignacio Stampa. "Yo no tengo nada que ver, es una cuestión de suerte", ha insistido el empresario.
Diez facturas para cinco fiestas
En las 10 facturas que cobró en diciembre de 2008, el concepto era casi idéntico, pero correspondía a cinco fiestas distintas. Concretamente, cinco facturas eran por "trabajos de montajes y utilización de líneas, postes, proyectores, cuadros, accesorios y mantenimiento" en las fiestas de San José Obrero, Carnaval, Valterra, Chaxiraxi (en Argana Baja) y San Francisco Javier; y las otras cinco, correspondían a los mismos trabajos, pero de "desmontaje".
Además de ese doble cobro por trabajos de electricidad en las mismas fiestas, los informes municipales que se han incorporado a esta causa sostienen que el servicio ni siquiera se prestó. En algunos casos, se había contratado para ello a otra empresa. En otros, el trabajo lo realizaron directamente empleados del Ayuntamiento, al ser labores de pequeña envergadura.
"El error que está usted observando es que ve las facturas como montaje por un lado y desmontaje por otro", ha afirmado el acusado al referirse a esa doble facturación. Y es que además, tal como se ha puesto de relieve durante la primera jornada del juicio, unas facturas (las de montaje) las giraba a su nombre, como persona física, y las otras (las de desmontaje, de entre 20.000 y casi 30.000 euros cada una) las ponía a nombre de su empresa. Y todo ello pese a que en febrero de 2008, ni siquiera se había constituido aún Proselan.
"Ése es el error, repartir la facturación"
Según Hernández Arráez, fue su asesor fiscal quien le recomendó que lo hiciera así. Es decir, presentando todas las facturas juntas en diciembre y poniendo la mitad a su nombre y la otra mitad al de la empresa. "Ése es el error, al final de año, por repartir la facturación", ha defendido.
Sobre por qué retiró el dinero de la cuenta justo al día siguiente de recibir el ingreso del Ayuntamiento, el empresario ha respondido que lo hizo porque tenía una deuda con Hacienda y "tenía miedo" de que le embargaran, ya que según él, con ese dinero tenía que "pagar a proveedores y al personal". Y también ha achacado a esa deuda con Hacienda los cambios que realizó en la empresa, que posteriormente terminó poniendo a nombre de su mujer.
Al respecto, el fiscal le ha preguntado por qué no ha aportado en esta causa documentos sobre esa supuesta deuda. "Me centré más en un malentendido que creía que se podía aclarar", ha respondido. Además, a preguntas de uno de los jueces de la Sala de la Audiencia Provincial, ha explicado que la empresa "no tiene actividad" desde finales de 2009 o principios de 2010, es decir, poco después de crearse, que es cuando se empezaron a investigar estos hechos. "Esta causa nos ha destrozado", ha afirmado.
"Desgraciadamente, hay que ir a tocar la puerta del ayuntamiento"
Sobre cómo se le realizó el encargo de esos supuestos trabajos, Hernández ha explicado que fue él mismo quien acudió al Ayuntamiento a ofrecer sus servicios como electricista. "No vendemos pipas. Desgraciadamente, para trabajar con los ayuntamientos hay que ir a tocar a su puerta", ha declarado, añadiendo que desde 1999 utiliza "como herramienta el ir a "ofrecer" sus servicios a los ayuntamientos.
"Si quiere usted que sea tan detallista, me dirigí a Arrocha y a otros técnicos", ha respondido al fiscal, cuando éste le ha pedido que explicara concretamente cómo se produjo el encargo de los trabajos supuestamente realizados en Arrecife en 2008. Después, ha precisado que Rafael Arrocha le atendió personalmente. "Me dijo que tenía algo, que lo valorara y lo valoré". También el que era jefe de la Oficina Técnica ha confirmado que el encargo lo realizó él personalmente, sin emitir un informe sobre la necesidad de estos trabajos y sin sacarlos a concurso o pedir siquiera otro presupuesto, pese a que asegura que no conocía previamente a Hernández ni la empresa estaba siquiera constituida aún.
Y al igual que el empresario, Arrocha también ha hablado de otros supuestos trabajos, que nada tienen que ver con los que se especifican en las facturas cuyo pago autorizó. Concretamente, el funcionario se ha referido a "un tema de seguridad" y de dar respuesta a "quejas de los vecinos", porque afirma que al subir el consumo eléctrico con las fiestas, "se apagaban las bombillas" y era necesario reforzar el cableado. Sin embargo, a preguntas de la acusación popular, representada por el Ayuntamiento de Arrecife, ha aclarado que no hay constancia escrita de que existieran esas quejas. Y también ha respondido que no informó de ello al área de Festejos, de quien depende la organización de las fiestas, y que "cree" que en años anteriores "no se reforzaba" el cableado.
Después, según han declarado ambos, era el propio Arrocha el que se encargaba de supervisar que el trabajo se hubiera prestado realmente. "¿Le parecía necesaria la encomienda?", le ha preguntado a Hernández su abogado. "Me agradó. Lo vi preocupado (a Rafael Arrocha) por cómo estaba. No es habitual que alguien se preocupe tanto. Normalmente van a cumplir", ha respondido.
"Es como me he movido siempre"
Además, el empresario ha insistido en que ya había trabajado antes de forma similar para otras administraciones de la isla. "Es lo que he hecho siempre, como me he movido siempre", ha agregado. A preguntas del fiscal, ha afirmado haber trabajado también para el Cabildo y para los ayuntamientos de San Bartolomé y Yaiza, y que es normal "hacer el trabajo y presentar la factura", sin más trámites previos de contratación.
En cuanto a los departamentos con los que trabajó, en el Cabildo no ha sabido precisarlo ("quiero ser extremadamente detallista y no recuerdo departamento", ha dicho), mientras que en Yaiza y San Bartolomé asegura que fue también a través de la Oficina Técnica. "Menos en el caso del Cabildo, la dinámica era prácticamente igual".
Sobre por qué presentaba las facturas directamente en Intervención, y no en el Registro General, se ha vuelto a referir al Ayuntamiento de San Bartolomé, diciendo que así "lo hacía también" en ese municipio y que por eso siguió el mismo método. En ese momento, el fiscal le ha preguntado si sabía que Carlos Sáenz era también interventor en ese municipio, a lo que Hernández ha respondido que no. Cabe recordar que Sáenz fue interventor de San Bartolomé hasta que fue detenido dentro de otra causa, el caso Montecarlo, en la que también está imputado por malversación de caudales públicos tanto en ese Consistorio como en el de Arrecife.
Además de los 250.000 euros que cobró del Ayuntamiento, José Daniel Hernández reclamaba casi 100.000 más, en otras cuatro facturas presentadas a principios de 2009. En ese caso, el pago también fue autorizado por Rafael Arrocha y por el otro acusado, José Miguel Rodríguez, que ha reconocido que no le consta que los trabajos se hubieran realizado realmente y que "contribuyó a malversar" esas cantidades poniendo su firma. Sin embargo, esas cuatro últimas facturas no llegaron a abonarse. En mayo de ese año estalló la Operación Unión y tras la ruptura del pacto, desde la propia Concejalía de Festejos detectaron las supuestas ilegalidades y suspendieron el pago, dando cuenta de ello a los Juzgados. Según Hernández, él sigue reclamando esa cantidad y el tema está "en manos de su abogado".