Somos Lanzarote ha denunciado que "el polémico contenedor metálico" instalado por los Centros de Arte Cultura y Turismo frente al Castillo de San José "lleva 20 meses al margen de la legalidad", ya que desde diciembre de 2015 caducó el último permiso otorgado por el área de Patrimonio Histórico para una estructura que en principio debía tener carácter temporal, "de menos de un año".
Además, afirma que desde noviembre de 2016 este "container", situado en el entorno de un edificio catalogado con el máximo nivel de protección, como Bien de Interés Cultural, fue denunciado por el Seprona de la Guardia Civil ante el Servicio de Patrimonio del propio Cabildo. Y según explica, este destacamento policial se ha dirigido hasta en tres ocasiones -en noviembre de 2016 y en febrero y mayo de 2017- a la institución insular requiriendo información sobre la resolución de lo que consideran una "supuesta infracción de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias por parte del ente público" de los CACT, según figura en el expediente al que ha tenido acceso Somos Lanzarote.
Recurso del reposición: el Cabildo contra el Cabildo
Para el partido, "el colmo del depropósito, de la nefasta gestión y de la burla hacia las leyes que nos afectan a todos, empezando por la propia administración", es que la consejera de Patrimonio del Cabildo, Carmen Rosa Márquez, de Coalición Canaria, firmó -tras reiterados apercibimientos de la Guardia Civil- una resolución el pasado 8 de mayo de 2017 en la que ordena la retirada de la estructura metálica, orden contra la que otra área del mismo Cabildo, en este caso los Centros Turísticos, también dirigida por Coalición Canaria, a través de Echedey Eugenio, ha presentado recurso de reposición por la vía administrativa alegando, entre otros, que se está incumpliendo "el principio de la confianza legítima" por parte de Patrimonio.
"La situación es tan rocambolesca que un consejero delegado de los CACT, José Juan Lorenzo, y un consejero de Coalición Canaria, Echedey Eugenio, están pleiteando contra otra área del mismo Cabildo y dirigida por una persona de su misma formación política, ocupando tiempo y dinero públicos en la defensa de un contenedor que lleva muchos meses sin cobertura legal, y todo por su incapacidad de buscar alternativas a una estructura metálica envuelta en polémica desde el principio, que no solo lleva 5 años degradando la percepción de uno de los edificios históricos más valiosos de Arrecife y Lanzarote, sino con la que evidencia su falta de respeto hacia las normas que el propio Cabildo debe obligar a cumplir, de acuerdo a sus competencias", señala el portavoz de Somos Lanzarote.
Autorización inicial de un año y van más de cinco
El "polémico" container colocado por iniciativa del consejero delegado de los CACT frente al Castillo de San José fue autorizado como "solución temporal" por la comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo en febrero de 2012 para albergar la tienda y venta de entradas del Museo, estableciéndose como condición que "permanecería durante un periodo no superior a un año, prorrogable a seis meses más".
Dos días antes de cumplirse el plazo, en enero de 2015, los CACT pidieron una nueva autorización, en esta ocasión de un año, a la que Patrimonio contestó en junio de 2015 con una segunda prórroga de seis meses. A partir del fin de la misma, esto es, desde diciembre de 2015, "la estructura metálica no tiene cobertura legal al incumplirse la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias", según Somos. Y es que esa ley establece que corresponde al área de Patrimonio "autorizar, previo informe de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, el uso y las obras a realizar en los bienes de interés cultural". "Es por ello que la Guardia Civil ha denunciado el asunto y la consejera de Patrimonio ha terminado por ordenar la retirada", apunta el partido en un comunicado.
En su recurso de reposición contra la orden de retirada, José Juan Lorenzo alega, en nombre de los CACT, que el contenedor se incluye "en el contexto del ilusionante proyecto de ampliación y mejora de las instalaciones del MIAC"; que "no encuentran motivos en la normativa" para asegurar que con el contenedor no estén "manteniendo o potenciando los efectos visuales, perfiles, estructura, ambientación y todo lo que constituye el interés histórico y cultural" de la fortaleza de San José. Además, Lorenzo alerta en su recurso de que "en caso de que no se accediera a la solicitud de suspensión de retirada" del contenedor, "se podrían producir serios daños a la empresa pública de los CACT, al Bien de Interés Cultural, a las obras de arte expuestas en el mismo y hasta a sus visitantes".
Por su parte, desde Somos Lanzarote exigen a Lorenzo y a Echedey Eugenio que dejen de "usar los Centros de Arte Cultura y Turismo como si de un cortijo no sujeto a la lay se tratara", al tiempo que instan a la consejera de Patrimonio a incoar expediente sancionador para evitar que sigan produciendo infracciones contra los bienes culturales de la isla por parte de quienes, en su calidad de cargos públicos, deberían protegerlos".