El Consorcio del Agua sabía que la depuradora privada del Plan Parcial Costa Papagayo suponía un riesgo para la "seguridad y la salud de los trabajadores y para el medio ambiente", tal como reflejan los informes técnicos a los que ha tenido acceso ahora La Voz. Sin embargo, lejos de adoptar medidas contra los promotores, Pedro San Ginés firmó un convenio con Juan Francisco Rosa en julio de 2017 para que el Consorcio se hiciera cargo de esas instalaciones, que el propio empresario había reconocido que eran "un tormento" para él y que podían llevar a imponerle "sanciones por delitos ecológicos".
Después de firmar ese convenio, y sin haber exigido a Rosa que solventara las "graves deficiencias" que tenía la depuradora, el Consorcio estuvo presionando a Canal Gestión durante dos años para que asumiera esa planta como parte de la concesión del ciclo de agua. Así lo desvelan también las actas de las reuniones de la comisión de seguimiento del contrato con la empresa madrileña, que San Ginés había mantenido ocultas y que ahora ha podido conocer este medio.
"Es imposible asumir en este estado las instalaciones, sin corregir previamente las graves deficiencias", advirtió el representante de Canal Gestión en una de esas reuniones, celebrada en diciembre de 2018. "Ningún trabajador de Canal entrará en unas instalaciones que no sean aptas o que no cumplan con las medidas de seguridad y salubridad", llegó a reiterar en ésa y en otras reuniones, en base a los informes que ya se habían realizado.
Obras privadas con fondos públicos
La respuesta del Consorcio ?que en esas fechas pasó a estar presidido por Echedey Eugenio-, fue reclamar a Canal que fuera ella quien ejecutara las inversiones necesarias en esa planta de Juan Francisco Rosa. Además, a esa exigencia se sumaba también la de que se hiciera cargo de las obras en la red de abastecimiento de agua y de saneamiento que no habían completado los promotores de este plan parcial.
Ambas demandas partían del convenio firmado por San Ginés con éste y con otros tres planes parciales de Playa Blanca, por los que el Consorcio se comprometió a asumir el 50% del gasto de las obras que correspondían a los promotores, incluyendo además un acuerdo para "indemnizar" a Rosa con más de 60.000 euros por el uso del emisario submarino de su plan parcial.
Antes de la firma de ese convenio, fue el propio Juan Francisco Rosa quien defendió sus beneficios ante los socios de la Entidad Urbanística del Plan Parcial Costa Papagayo, de la que era presidente como dueño del hotel ilegal Princesa Yaiza. El acta de la reunión celebrada en mayo de 2015, a la que ha tenido acceso La Voz, refleja cómo explicó Rosa las importantes ventajas que suponía para ellos ese convenio que negoció con San Ginés.
"Ha sido un tormento"
"La Entidad Urbanística Colaboradora Costa Papagayo se ha negado en rotundo durante años a efectuar la entrega de sus instalaciones e infraestructuras de tratamiento de aguas a Inalsa ?ahora Canal Gestión- porque entendíamos que supone un beneficio para el abastecimiento de agua de riego para las zonas comunes de la entidad y para la jardinería de los hoteles", comenzó exponiendo Rosa.
Sin embargo, a continuación explicó que en ese momento sí les convenía deshacerse de esas instalaciones, porque estaban enfrentándose a "constantes comunicaciones e investigaciones por parte de la administración pública, buscando deficiencias de funcionamiento". "No creemos en persecuciones, pero casi, casi sí, por lo vivido. Ha sido un tormento en cuestiones administrativas encima de la entidad y siempre presente las altísimas multas por delito ecológico", añadió Rosa, que hace más de una década llegó a estar imputado por presuntos delitos contra el medio ambiente con los vertidos al mar procedentes de esa depuradora, a raíz de un informe emitido por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Aunque en la reunión celebrada en 2015 Rosa afirmó que esas instalaciones eran "eficaces", también reconoció que debían "actualizarse" y que no estaban homologadas a la normativa vigente. Así, defendió el convenio que negoció con San Ginés, que implicaba que el Consorcio correría con el 50% de esos gastos, que cifró en unos 500.000 euros. De esta forma, aunque explicó al resto de empresarios que ellos tendrían que pagar la otra mitad, añadió que "recuperarían la inversión" en el plazo de un año, porque "bajarían mucho los costes de mantenimiento de la entidad". Al respecto, detalló que podrían prescindir del personal que trabajaba en la planta, que dejarían de pagar elevadas facturas de electricidad y que también eliminarían los gastos de las "averías, sustituciones, mantenimiento y roturas" que afrontaban "frecuentemente".
Inversiones "urgentes" para "garantizar la seguridad"
En pleno pulso con Canal Gestión ?cuando la empresa se negó a asumir la depuradora de Rosa-, el Consorcio reconoció en un informe, firmado por Domingo Pérez en diciembre de 2018, que había "una serie de deficiencias en las instalaciones" y que requerían intervenciones "urgentes" para "garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y el respeto al medio ambiente". Solo a esas obras urgentes señalaba que habría que destinar 32.589 euros, aunque hasta la fecha no consta que se hayan ejecutado ni que se hayan adoptado medidas.
Por su parte, Canal Gestión cuestionó además que los datos con los que contaba se basaban en una visita realizada a la planta cuatro años antes y que, por tanto, habían quedado "obsoletos". "Se ha degradado probablemente con la falta de mantenimiento en el último año, tras firmar el convenio", señaló el representante de la empresa en la reunión celebrada en diciembre de 2018. Además, criticó que en ese convenio que firmó San Ginés con Rosa no se hubiera puesto "ningún mecanismo de supervisión para que no se diera esta situación".
La empresa insistió también en que esas obras en unas infraestructuras privadas no estaban en su contrato, y volvió a advertir de las deficiencias. "Por supuesto, previo al inicio de la explotación por Canal Gestión Lanzarote deberá realizar todas las obras necesarias para salvaguardar la seguridad laboral de los trabajadores", respondió el gerente del Consorcio, Domingo Pérez.
"Se trata de la obligación de cumplir con la prestación del servicio esencial, no de modificar el contrato. Es obligación asumir la prestación", añadió la jurista a la que San Ginés designó para formar parte de este órgano, Eugenia Torres, mientras que también Echedey Eugenio le pidió a Canal que "asuma las infraestructuras y que luego presenten lo que estimen", si consideraba que debía reclamar después ese dinero al Consorcio.
Amenazas de sanciones a Canal
En esa reunión empezaron a amenazar a Canal con imponerle sanciones, tanto si no asumía la depuradora de Rosa como si no ejecutaba las obras en ese plan parcial y en los otros tres con los que Pedro San Ginés había cerrado convenios. Para esa segunda inversión, San Ginés le pidió a Canal que lo detrajera de otras partidas previstas en el plan de inversiones establecido en el contrato.
La tensión por este tema continuó aumentando en las reuniones de la comisión de seguimiento del contrato celebradas en 2019. En la del pasado mes de abril, Domingo Pérez propuso ya imponer a Canal una penalidad de 640.000 euros, correspondiente a la cuantía del valor estimado de todas las obras que le reclamaban en los planes parciales de Costa Papagayo, Castillo del Águila, Las Coloradas y San Marcial de Rubicón.
Así, se abrió un expediente para sancionar a Canal y se inició el plazo para que presentara alegaciones, que continuaban "en fase de estudio" cuando la comisión se volvió a reunir en mayo, poco antes de terminar el anterior mandato de Coalición Canaria. En ese encuentro, señalaron que el Consorcio ya estaba "asumiendo el coste de la Edar e instalaciones de saneamiento de Costa Papagayo, según convenio". Es decir, que se estarían pagando ya con fondos públicos los gastos de esas infraestructuras, sin haber sido asumidas por Canal Gestión. Por su parte, Canal insistió en esa última reunión en que su personal no iba a entrar en esas instalaciones, "dado que no cumplen con la normativa".