El Consorcio Insular del Agua se ha reunido este viernes para valorar el primer informe emitido por el Comité Jurídico-Técnico creado por Inalsa para investigar el contrato firmando en el año 2001 entre la empresa pública de aguas y la Unión Temporal de Empresas Edam Janubio. Un contrato que ha derivado en un laudo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas, que condena a Inalsa a pagar casi diez millones de euros por un supuesto incumplimiento de ese contrato.
La primera valoración de este equipo técnico ha considerado nulo el contrato ya que, tal y como ha explicado Mario Pérez, consejero delegado de Inalsa, "el acuerdo no cumplió con la Ley 48/1998 sobre procedimientos de contratación de los sectores del agua y la energía para las Administraciones". Entre otras cosas, los juristas han entendido que el anuncio o licitación de este contrato debería haberse publicado en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas (BOCE) así como en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que sólo llegó a publicarse en el Boletín Oficial de Las Palmas. Asimismo, frente a la prohibición de dar publicidad a este contrato en los medios de comunicación, la Comisión ha demostrado que se publicó con anterioridad en un periódico de ámbito estatal como El País.
Mario Pérez también ha declarado que, según esta Comisión Jurídico-Técnica, "existen diferencias ente las cantidades de adjudicación y licitación de los trabajos de la planta desaladora de Janubio". De este modo, se ha comprobado que la obra se sacó a licitación por 1.500 millones de las antiguas pesetas, y posteriormente se adjudicó por 1.200 millones. Esta modificación tampoco llegó a publicarse en ningún boletín oficial, ni llegó a conocimiento del Consejo de Administración.
Este informe se enviará a la UTE Edad Janubio, para que en un plazo de cinco días presente alegaciones, y en un plazo de ocho días, las recusaciones pertinentes. "Ante la gravedad de la situación hemos efectuado una serie de actuaciones", ha explicado Mario Pérez. "Una de las primeras fue recusar al árbitro ante la Cámara de Comercio de las Palmas porque nos parecía que no era la personas más indicada debido a sus antecedentes de condena por estafa, apropiación indebida y deslealtad profesional". La Cámara de Comercio de Las Palmas desestimó este recurso, y según ha indicado el consejero delegado de Inalsa, "antes del 14 de septiembre tenemos que interponer ante la Audiencia Provincial de las Palmas la solicitud de nulidad del laudo". La novedad es que además de presentar este recurso de nulidad ante la Cámara de Comercio, y la Audiencia Provincial de Las Palmas, también se presentará este expediente ante la UTE.
En esta reunión también se ha acordado nombrar instructor de este expediente a Andrés Martín Duque, así como designar como secretario a Juan José Hernández, ambos funcionarios del Cabildo. Mario Pérez también ha informado de la baja de uno de los miembros de la Comisión Jurídico-Técnica, en concreto, del letrado Octavio Topham Camejo, quien ha renunciado.