El Cabildo de Lanzarote aplica a su funcionamiento, desde este jueves, la Ley Estatal de Modernización del Gobierno Local, más conocida como Ley de Grandes Ciudades. La Corporación conejera, junto a la de La Palma, decidió acogerse a esta norma el pasado año 2006, tras darse la oportunidad de hacerlo a los Cabildos de más de 75.000 habitantes.
La modificación más llamativa de la gestión de la administración cabildicia será el traslado de muchas de las competencias del Pleno a un Consejo Insular de Gobierno. Asuntos como la aprobación del Presupuesto anual, la planificación territorial o la organización laboral pasarán a ser responsabilidad de este órgano.
Sus integrantes son designados por la presidenta, Manuela Armas, quien encabeza el Consejo, y un tercio de su composición (dos miembros como máximo) puede elegirse entre trabajadores de la Corporación sin cargo electo, por sus conocimientos o perfil profesional.
El Consejo Insular de Gobierno se conformó a principios de la actual Legislatura y está integrado por la presidenta y los consejeros Carlos Espino, Juan Felix Eugenio, María José Docal, Fabián Martín y Ramón Bermúdez, además de un representante de la oposición, que tendrá carácter rotatorio entre los tres partidos.
Un paso hacia la agilidad y la eficacia
Uno de los objetivos de esta nueva forma de gestión es que el Pleno se convierta en un "parlamento insular" donde se debatan los asuntos "desde un punto de vista más ideológico y los referidos a ordenanzas y normativa, perdiendo parte de su naturaleza ejecutiva", tal y como han informado desde la Corporación insular.
La presidenta del Cabildo, Manuela Armas, considera la entrada en vigor en el Cabildo de esta Ley de Grandes Ciudades como "un signo de modernidad y un paso más hacia el incremento de la agilidad y la eficacia de la administración insular".
Desde el 1 de enero de 2004, la Ley de Modernización del Gobierno Local se aplica en los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife. El Parlamento regional dio el visto bueno a la solicitud de Lanzarote, y La Palma en 2006, tras lo que estableció un plazo de 18 meses para su puesta en funcionamiento. Durante el periodo de exposición pública, el texto ha recibido algunas alegaciones, que están en la actualidad en fase de estudio, sin que ello afecte a la fecha de inicio de aplicación de la Ley.
ACN Press