El caso "Unión" está a punto de cumplir cuatro meses sin juez, y tampoco hay fecha para que realmente se haga efectiva la comisión de servicios que se le concedió al magistrado César Romero Pamparacuatro. Aunque la solicitud fue finalmente aprobada el pasado 9 de febrero, un desacuerdo sobre quién debía correr con los gastos de las dietas y el alojamiento en Lanzarote, obligó a redactar de nuevo esta resolución.
La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias se negó a asumir estos gastos, y lo mismo hizo el Ministerio de Justicia, asegurando que es competencia de la Comunidad Autónoma, en virtud de las competencias que tiene transferidas en materia de Justicia. Ante esta situación, el Consejo está pendiente de volver a redactar la resolución para aclarar que el pago corresponde al Gobierno canario, pero en las dos últimas comisiones permanentes (este órgano se reúne todos los martes) no lo ha hecho.
Además, en la reunión del pasado 5 de abril, según han confirmado a La Voz desde el Consejo General del Poder Judicial, se decidió pedir un nuevo informe a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, "para poder realizar la nueva redacción", y aseguran que están a la espera de recibirlo. Desde el TSJC, por su parte, afirman que desde la pasada semana ya enviaron ese informe, con lo que vuelven a dejar la decisión en el tejado del Consejo General del Poder Judicial.
Mientras tanto, el caso "Unión" continúa sin juez desde que el pasado 24 de diciembre, cuando terminó la comisión de servicios de tres meses que se le había dado al magistrado para continuar la instrucción de la causa, después de que fuera trasladado a un nuevo juzgado en Tenerife. El magistrado solicitó una prórroga antes de que venciera el plazo, pero su petición no se abordó hasta el pasado 9 de febrero, cuando se acordó dar una última prórroga de sólo tres meses más. Sin embargo, desde entonces han pasado más de dos meses, y esa prórroga ni siquiera se ha hecho aún efectiva. Y todopor un "error" al redactar la resolución que, a día de hoy, sigue esperando ser subsanado.
Carrera de obstáculos
El retraso en la concesión de la comisión de servicios, que ha mantenido la causa estancada durante los últimos cuatro meses, se suma a la larga carrera de obstáculos que se ha encontrado el caso "Unión" casi desde su inicio. El primero, estuvo en la propia sobrecarga de trabajo, en un Juzgado que ya de por sí estaba saturado. Ante eso, se solicitó un refuerzo para el Juzgado, que fue respaldado tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como por el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, después de seis meses esperando su respuesta, finalmente el Ministerio de Justicia denegó esta solicitud.
Además, Romero Pamparacuatro se enfrentó en esas mismas fechas a la apertura de un expediente interno, por un retraso al dictar una sentencia en una causa de su anterior juzgado de La Palma. Y aunque finalmente el expediente fue archivado, se estuvo tramitando durante meses, a pesar de que el inspector había recomendado su archivo desde el inicio, al entender que el retraso estaba justificado por la sobrecarga de trabajo.
A estas circunstancias que afrontó el Juzgado de Instrucción Número 5 en el primer año del caso "Unión" hay que sumar que también estuvo a punto de perder a su secretario, ya que justo entonces se sacó a concurso la plaza que José Ramón Vera ocupa de forma interina, aunque finalmente la convocatoria quedó desierta.
Por si las complicaciones hubieran sido pocas, también se enfrentaron a una supuesta filtración que podría haber obstaculizado la investigación y que obligó a abrir una investigación interna después de la Operación "Jable". Y es que los investigadores creen que alguien avisó a la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, de que iba a ser detenida, y ésta a su vez se lo habría trasladado al jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, y al ex gerente de Urbaser Jacinto Álvarez, según confesó él mismo ante el juez.
Además, pese a que la ex alcaldesa fue enviada a prisión provisional por orden del juez y a propuesta de la Fiscalía, después la Audiencia Provincial revocó esa decisión, en un hecho sin precedentes hasta ese momento en el caso "Unión".
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