El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto por el que se crearán dos nuevos juzgados en Lanzarote, uno de Primera Instancia e Instrucción , y otro de lo Penal, pero una vez más se ha dejado fuera del demandado Juzgado de lo Social para la isla.
Estas medidas se engloban dentro de la creación de 73 nuevas unidades judiciales en todo el país, con un coste total de más de nueve millones de euros por año, a lo que habría que añadir cuarenta y dos mil euros por órgano oficial cada año, en concepto de gastos de inversión y funcionamiento, aunque desde las islas se entiende que la inversión es insuficiente y no se ajusta a las necesidades ni a lo que se había demandado.
Ya el pasado 28 de marzo, el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Javier Díaz Brito, lamentó que la Conferencia Sectorial que acababa de reunirse entonces sólo había atendido parcialmente la demanda de Canarias para la creación en el Archipiélago de 10 nuevas unidades judiciales, y precisamente una de las que quedaron fuera fue el Juzgado de lo Social de Arrecife.
La conferencia celebrada bajo la presidencia del ministro del ramo, Juan Fernando López Aguilar, aprobó en esa fecha la creación de 93 unidades judiciales, de las que seis corresponderán a Canarias, y tres de ellas a la provincia de Las Palmas, que precisamente este viernes han superado un nuevo trámite para ver la luz con este Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros, aunque dos de esos juzgados ya deberían haber entrado en funcionamiento según los plazos que se dieron inicialmente.
Según Díaz Brito, en la propuesta consensuada por el Gobierno regional con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se contemplaba, además de otro juzgado especializado en lo Social en Arrecife, un juzgado de primera instancia en La Laguna, otro de lo Social en Santa Cruz de Tenerife y una plaza de magistrado para la Audiencia de la provincia occidental.
Además de las protestas elevadas ya en su momento por el Gobierno de Canarias, también desde el Cabildo y desde el Colegio de Abogados de la isla mostraron su malestar porque no se hubieran atendido todas las demandas de Lanzarote, donde había un claro déficit de inversión en unidades judiciales en los últimos años.