El problema de los depósitos de áridos, materiales y maquinaria relacionados con la construcción podría terminar en un tiempo. Esto será gracias a la dos de las decisiones más importantes adoptadas por el Consejo de Reserva de la Biosfera celebrado ayer en sesión ordinaria en el salón de plenos del Cabildo.
La primera de ellas es instar a la Primera Institución para que desde el área de Política Territorial se elabore un informe sobre las causas de que la actividad extractiva todavía no esté regulada en el Plan Insular de Ordenación Territorial. En segundo lugar se decidió crear una comisión para estudiar cuales son los lugares ilegales así como dar una solución definitiva al problema.
Adoptar medidas
Adoptar estas medidas enzarzó a los miembros del Consejo de Reserva de la Biosfera en un amplio debate. La propuesta llegó desde el grupo ecologista El Guincho para que el organismo se dirigiese a la Consejería de Política Territorial para analizar la situación de estos depósitos en distintos puntos de Lanzarote.
Además, consideraban necesario estudiar la maquinaria que se ubica en estos lugares como las palas mecánicas que levantan una gran cantidad de polvo y molestan a la ciudadanía o el cúmulo de estos utensilios en las zonas de obras sin conocer su regulación. Finalmente, pidieron que se siga la legislación vigente ya que este tipo de zonas deben tener licencia municipal.
Ante la propuesta la representante de Federación Lanzaroteña de la Pequeña y Mediana Empresa (Felapyme), Paz Moreno, apuntó que desde su organismo están interesados en el proyecto "y proponemos la posibilidad junto a El Guincho de poner en marcha un plan para legalizar las escombreras". Fue entonces cuando salió a la palestra, de parte de Ciudadanos por Arrecife, de crear una comisión que finalmente fue aprobada.
Otros puntos de vista
Sobre este aspecto, el portavoz de Alternativa Ciudadana Pedro Hernández apuntó el grave problema que hay en la Isla sobre estos depósitos. Para ello, hizo referencia a que los principales interesados en este aspecto son los propios empresarios para no encontrarse al filo de la ilegalidad.
Además, Pedro Hernández hizo referencia a los numerosos lugares que tienen escombreras y no son legales o cuentan con otro tipo de infraestructuras como la machacadora ubicada frente al cementerio de Arrecife. De esta forma "por lo menos se deberían establecer los mecanismos para atajar la situación".
Finalmente, la presidenta de Mararía estableció que también es competencia de las administraciones insular y municipales la vigilancia y sanción sobre estos depósitos y lugares similares así como el control del almacenamiento de bidones con productos peligrosos para el medio ambiente.
Denuncias
Ante las peticiones, el presidente del Consejo, Carlos Espino, explicó que son las entidades locales las que se encargan de la existencia de los envases con cierto tipo de productos así como del polvo que generan las escombreras y sus efectos.
Además, Carlos Espino aseguró que hablarán con los agentes de medio ambiente para que denuncien las situaciones anteriormente citadas. De la misma manera anunció que Lanzarote es la primera zona en contar con un gestor autorizado por el Gobierno de Canarias para la planta de tratamiento de la escombrera.
En cuanto a la vigilancia, el máximo responsable del Consejo aseguró que existe aunque no cuentan con los recursos suficientes, por lo que también animó a la población a que denuncie los casos que encuentren sospechosos. Finalmente apuntó que tendrán que poner en marcha los instrumentos de planeamiento aunque habrá que esperar a la finalización del Plan Especial Territorial así como que el Ejecutivo autonómico desbloquee la situación del Plan Insular de Ordenación.
Tras la respuesta de Carlos Espino el portavoz de Alternativa Ciudadana insistió en sus reivindicaciones. A sus demandas se unió el representante de la Universidad de La Laguna. Fue la insistencia de ambos miembros de Consejo la que hizo que finalmente el presidente aceptara realizar un informe sobre el tema, aunque no garantizó que lo tuviera preparado para la próxima reunión del organismo, así como instar a Política Territorial sobre los depósitos y crear una comisión para analizar esta situación.