En el día de ayer miércoles, 25 de octubre de 2006, se registró la entrada en el Cabildo de Lanzarote, de una notificación del Consejo Consultivo de Canarias, mediante la cual se comunica que dicho órgano acordó, en sesión plenaria celebrada el 11 de octubre de 2006, admitir la solicitud de dictamen "sobre la Revisión de Oficio del acuerdo, adoptado con fecha 11 de junio de 2001, del Consejo de Administración de Inalsa, sacando a concurso público el contrato consistente en la realización de un proyecto, financiación, ejecución y explotación de una planta desaladora de agua de mar mediante soluciones de ósmosis inversa en Janubio-Lanzarote".
Conviene recordar que el informe elaborado por la comisión jurídico-técnica creada por el Consejo de Administración de Inalsa para investigar el expediente de contratación de la obra de la planta de desalación de Janubio, que dio lugar al laudo dictado por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas, definía el contrato como "nulo", al considerar que no cumplía con la ley 48/1998 que regula los procedimientos de contratación de agua y energía por parte de las Administraciones Públicas.
Entre los motivos esgrimidos, destaca el hecho de que la licitación o el anuncio por el que se debía sacar a concurso la obra en cuestión tenía que hacerse público no sólo en el BOE (Boletín Oficial del Estado), sino también en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, obligaciones éstas que, sin embargo, no se llevaron a efecto.
Del mismo modo, y atendiendo a la legislación aplicable, el acuerdo entre Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) y la UTE Edam Janubio no podía darse a conocer en medio de comunicación alguno hasta ser publicado en los diarios oficiales anteriormente mencionados, aspecto éste que también fue vulnerado, ya que un medio de difusión estatal se hico eco de esta información con anterioridad.
Para el consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez, "se trata de una noticia muy importante en este proceso y, sobre todo, de un paso más en nuestro férreo compromiso por asegurar el futuro de la titularidad pública del agua en la isla de Lanzarote, objetivo al que continuaremos dedicando nuestros mayores esfuerzos