La juez del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Arrecife, Ana Manella, ha dado cinco días a la acusación particular y a las defensas del caso Reyes para que respondan al escrito presentado por el Ministerio Fiscal, en el que eleva las conclusiones provisionales de la causa y pide el sobreseimiento de las actuaciones contra la mayoría de los empresarios que habían sido imputados en este procedimiento.
De atenderse este escrito de la Fiscalía, la causa continuaría con 14 imputados y entraría ya en la recta final, para llegar al juicio. Por un lado, se mantendría la acusación contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y contra cuatro técnicos del Ayuntamiento (Vicente Bartolomé Fuentes, Pablo Ramón Carrasco, Alfredo Morales y Antonio Lorenzo), por presuntos delitos continuados de prevaricación urbanística, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. En la causa se investigan licencias turísticas que ya han sido anuladas por los tribunales, así como residenciales en el caso del Plan Parcial Playa Blanca, pero también el puerto deportivo Marina Rubicón.
Además, la Fiscalía considera que hay indicios suficientes de delito para mantener la acusación contra la mujer de José Francisco Reyes, Antonia Rafaela Torres, y contra tres de sus hijos (María Noelia, María Beatriz y Francisco Abel Reyes), por blanqueo de capitales. Junto a ellos, la Fiscalía también pide que continúen imputados Simeón Camacho, Antonio Marcelo Machín, Benito Mesa Ferrer y Rafael Mesa Ferrer, por su presunta colaboración para realizar ese blanqueo, a través de las sociedades Acuimar Cachazo y Sea Sun Lanzarote.
Más de un millón de euros en efectivo
El delito de blanqueo de capitales se incluyó en la causa a raíz de la investigación realizada en su día por la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, que rastreó el patrimonio de José Francisco Reyes y de su entorno, y encontró gastos por valor de más de un millón de euros en pocos años, con dinero de procedencia desconocida. Las compras se realizaban en efectivo, sin que haya ningún asiento contable en entidades bancarias, ni la familia haya podido justificar la procedencia del dinero, según sostiene la acusación.
Precisamente por ello, la Fiscalía pide también mantener la imputación por cohecho contra el ex alcalde de Yaiza, ya que la investigación sostiene que utilizó su cargo para obtener distintas dádivas y dinero en efectivo a cambio de la concesión de licencias ilegales. Sin embargo, pide sobreseer las actuaciones contra los empresarios que estaban imputados por haber pagado esos presuntos sobornos. Y es que a pesar de los numerosos indicios que llevaron a su imputación, incluyendo una confesión del propio Reyes en la que llegó a admitir haber cobrado sobornos, y de la que luego se retractó, no habría pruebas suficientes para demostrar esos supuestos pagos.
En total, en la causa estaban imputados hasta ahora una decena de empresarios, entre los que destacaban los propietarios del puerto deportivo Marina Rubicón, Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas; así como Francisco Riquelme, promotor del hotel Papagayo Arena; Joaquín Cañada; Ignacio Díaz de Aguilar; José Carmelo González Clavijo; y tres empresarios vascos (Félix Leceta, Ricardo Sánchez y José Ramón Olaberría) con intereses en el Plan Parcial Playa Blanca. Para todos ellos, imputados hasta ahora por presuntos delitos de cohecho, se pide el sobreseimiento parcial y provisional. En cuanto al último empresario imputado por cohecho, Rafael Mesa Ferrer, también se pide el sobreseimiento por este delito, aunque continúa imputado por blanqueo de capitales.
Respecto a otro de los principales imputados en la causa, el abogado Felipe Fernández Camero, el fiscal también pide que se archiven las imputaciones por prevaricación urbanística y cohecho, aunque mantiene la acusación por un presunto delito de malversación de fondos públicos.