Propietarios, representantes de las asociaciones y profesionales de las empresas de ocio activo y deportivo que trabajan en la isla con servicios de rutas y excursiones realizadas con vehículos como buggies o quads se reunieron este lunes con el actual consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo, Marcos Bergaz, así como representantes de cuerpos policiales y de otras instituciones insulares. El encuentro había sido convocado para proponer posibles "medidas" a esta práctica, que en los últimos meses ha levantado críticas de agricultores e instituciones por los "daños" que estos vehículos causan a cultivos y paisajes, y en él se propusieron algunas soluciones "iniciales".
El Cabildo ha indicado que, fruto de esta primera mesa de trabajo y al objeto de "compatibilizar el uso turístico-deportivo con la conservación y protección del territorio", el consejero consensuó con el Seprona, como cuerpo de seguridad del Estado, el Servicio de Inspección y Medio Ambiente del Cabildo, los ayuntamientos presentes y las empresas y colectivos afectados, algunas "soluciones iniciales" para poner fin o minimizar esta problemática.
Entre ellas, Marcos Bergaz propuso llevar a cabo una campaña informativa dirigida tanto a los usuarios de estos vehículos como al sector turístico y empresas que trabajan con los mismos, "al objeto de informar sobre las zonas que no está permitido el tránsito y circulación de vehículos a motor, las sanciones establecidas y la necesaria colaboración ciudadana en la denuncia al posible infractor". Asimismo, el consejero trasladó la sugerencia al Seprona de coordinar una mesa de trabajo con los cuerpos de seguridad e inspección de cara a mejorar la eficacia en la sanción y en las tareas de inspección.
"Preocupación" en el sector
El Cabildo ha señalado que en ese encuentro los representantes de las asociaciones y empresas compartieron con el consejero su "preocupación" por la "problemática existente" con respecto a "algunos particulares y empresas que practican este tipo de actividades de forma no reglada con la normativa municipal y autonómica que regula el tránsito de estos vehículos por zonas protegidas de la isla".
En este encuentro, además de representantes de este sector, estuvieron presentes miembros del Seprona de la Guardia Civil, como órgano sancionador que en coordinación con los servicios de inspección de Medio Ambiente del Cabildo velan por el cumplimiento de la normativa establecida, así como los ediles de Actividades Clasificadas y Medio Ambiente de los municipios de Tías, San Bartolomé, Yaiza y Haría y técnicos del servicio de Medio Ambiente y del área de Agricultura y Ganadería de la primera Corporación insular, entre otros.
El consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, en su primer día al frente de esta Consejería, quiso celebrar este encuentro de coordinación junto al consejero saliente de este área y consejero de Turismo, Echedey Eugenio, y el consejero de Agricultura y Ganadería, Antonio Morales, para "intentar buscar soluciones a esta problemática que afecta no solo al sector primario lanzaroteño, por el tránsito irregular de algunos de estos vehículos por zonas agrícolas, sino también a la conservación del paisaje y territorio". Bergaz apuntó que "la isla de Lanzarote cuenta con un 50% de su territorio protegido, cuyo uso debe ser responsable y sostenible".
Una "pequeña parte" que "desconoce la normativa o la infringe"
En ese sentido, el consejero especificó que "la gran parte de las empresas radicadas en Lanzarote, como las presentes en este encuentro, que prestan sus servicios de rutas o excursiones en quads o buggies, lo hacen con las licencias correspondientes al día, cumpliendo la normativa, no circulando por zonas prohibidas, ni agrícolas ni rurales y compartiendo la preocupación existente por los que no lo hacen y atentan contra el mantenimiento del paisaje y el entorno natural protegido, además de perjudicar a la imagen general de las empresas de este sector".
No obstante, una pequeña parte de éstas y, fundamentalmente, de particulares que utilizan estos vehículos a motor, "o desconocen la normativa o la infringen, dañando el paisaje y algunos caminos rurales, afectando -igualmente- a las zonas agrícolas y al sector primario lanzaroteño", agregó.