Usted ha puesto de ejemplo en el último congreso sobre urbanismo el caso de los hoteles ilegales de Lanzarote como una práctica generalizada de los cambios de ley para poder legalizar obras urbanísticas que son contrarias a derecho según han apuntado los tribunales, ¿no?
La verdad es que es toda Canarias la que es un laboratorio, pero especialmente Lanzarote. En Gran Canaria hemos conocido ejemplos tan emblemáticos como la comisaría, una sede del Cabildo, pero sin duda es la isla de Lanzarote donde hay sentencias firmes que anulan las licencias de más de 8.000 plazas alojativas. En Lanzarote hay que preocuparse de las sentencias, porque no basta con que uno vaya a los tribunales y dicten sentencia favorable, sino que la tutela judicial efectiva exige que se cumplan las sentencias y yo creo que todavía el ordenamiento jurídico tiene un problema con la ejecución de sentencias. Y de la misma manera que hablamos de los hoteles, está el parque Islas Canarias, la revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote, también anulado por los tribunales y, aunque todavía no sea firme, se ha anulado también el Plan General de Haría, por lo que la situación es lo suficientemente complicada para que todas las fuerzas sociales de Lanzarote tengan un lugar de encuentro paraafrontar este problema.
Lejos de esas decisiones que puedan tomar las fuerzas sociales, ¿qué posibilidades tiene la Justicia de llevar a cabo la ejecución de las sentencias cuando tienen ya la consideración de firmes?
Yo creo que en el caso de los hoteles de Lanzarote se ha sido muy civilizado en términos jurídicos. Una vez que hay sentencias que anulan, y no es recurrible ante el Tribunal Supremo, lo que procede es que los interesados insten la legalización. Ese es el primer paso. Hemos conocido la semana pasada que los empresarios en Lanzarote han decidido no acudir a la vía de la legalización. Yo creo que es porque están convencidos de que el nivel de incumplimiento de la legalizad urbanística es tan alto que sería un esfuerzo inútil. Dado que no han instado la legalización de los hoteles, el paso siguiente es que las partes pidan la ejecución de la sentencia, como es el caso de la Fundación César Manrique, personada en estos recursos. Lo que se ha ido avanzando con el Tribunal Supremo, y esa era la explicación que también daba el magistrado Rafael Fernández Valverde, es que cualquier interesado, aunque no haya sido parte en el recurso, pueda pedir la ejecución de la sentencia. Y por lo tanto también, en el ejercicio de la acción pública, que lo tenemos todos los ciudadanos de España, podamos abrir esa brecha. Yo creo que esto tiene especial interés en una isla que es vanguardia de muchas cosas. Entre ellas, el que se haya creado una entidad mercantil, cuyo único objetivo es empezar a recurrir las otras sentencias que no fueron recurridas por el Cabildo. Yo creo que con una idea bastante malsana que es crear un problema total para ver si las fuerzas políticas y, sobre todo, el Parlamento se animan a resolver ese asunto.
Hablaban en este Congreso de "un buen intento" por resolver esta situación respecto ala propuesta que el anterior grupo de gobierno del Cabildo había elaborado antes de la moción de censura. ¿Qué tiene de bueno esa propuesta y qué ventajas ofrece ante lo que ustedes consideran una práctica bastante extendida como son los cambios de leyes para proceder a la legalización?
Yo creo que aquellos mismos que interpusieron los recursos en relación con las licencias de los hoteles son conscientes que el finalizar estas actuaciones con la demolición de los hoteles puede crear un gran impacto social y económico para la isla de Lanzarote, ya que no estamos hablando de un hotel concreto, sino de más de 8.000 plazas alojativas. Pero también decíamos en el Congreso que, cuando se dan estas cosas, no se pueden ir de rositas los empresarios ni los ayuntamientos, por lo que el planteamiento del anterior grupo de gobierno del Cabildo, que era resolver el asunto de forma equilibrada, y dado que lo que más preocupa en la isla de Lanzarote es la excesiva oferta de plazas turísticas al menos en el planeamiento, y dado también que la propia revisión del Plan Insular ha sido anulado por los tribunales, hay que buscar una solución equilibrada. Yo creo que se publicitó bien, pero el nuevo Gobierno del Cabildo ha dicho que no va por esa línea. Yo creo que lo que espera es que sea una ley del Parlamento la que acabe resolviendo este asunto. Es más, cuando va algún miembro del Gobierno, como cuando fue por ejemplo el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, argumentaron que la Ley de Medidas Urgentes iba a solventar el problema de los hoteles y eso no es verdad. De hecho no está siendo factible. En todo caso necesitará una ley 'ad hoc' para resolver este asunto gravísimo de interés general. Da la impresión de que el propio Cabildo no lo ve como si fuera un problema. Además, yo creo que en lo que confiaba es que nadie en Lanzarote se dirigiera a los tribunales para ejecutar las sentencias, pero ahora sí. El Cabildo, en aras del interés público tiene que buscar una fórmula. Y aunque se están peleando en casi todo, yo creo que el gobierno y la oposición están obligados a llegar a un acuerdo que sea equilibrado, porque si no generará escepticismo en Canarias y, especialmente, en la isla de Lanzarote. Uno de los ejemplos que poníamos era el teatro romano de Sagunto, que el primer monumento declarado en el siglo XIX, donde los tribunales también anularon la licencia y siete años después se cambió la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Valenciana y se pudo resolver este asunto. A través de la ley se puede hacer, pero tiene que ser de una forma ejemplar y a mi, particularmente, me parecía ejemplar la iniciativa del grupo anterior.
Se ha hablado de que se pueda dar una especie de amnistía a todos esos establecimientos,¿se podría llegar a ese extremo? ¿Podría llegar la Justicia a permitir que se termine regularizando eso sin que hayacompensación de algún tipo por lo que se haya hecho mal?
Yo creo que lo último que está planteado es una puerta cerrada. Precisamente en el Congreso, y también una semana anterior en una conferencia en Gran Canaria, el magistrado Rafael Fernández Valverde daba a conocer que la última línea del Tribunal Supremo es que el plazo para pedir la ejecución de la sentencia es de 15 años, por lo que a no ser que estemos todos quietos mirando para otro lado y pasen más de esos 15 años, no ocurriría, aunque si pasa ese tiempo desde luego se hace imposible la ejecución de las sentencias. Y luego hay otra posibilidad y es que las organizaciones que no están personadas en el recurso y que defienden intereses generales, por ejemplo los grupos ambientales, aunque no sean parte pueden solicitar también la ejecución de las sentencias. Yo creo que esto último no se va dar, pero el Plan Insular de Lanzarote y los planes de cada municipio son insuficientes para resolver este problema y resolverlo a través de una ley, pero que dé credibilidad. No puede ser de modo alguno una especie de amnistía general. Primero porque en el ordenamiento jurídico no tenemos antecedentes. Cuestión distinta es que por ejemplo el Gobierno de Canariascon las viviendas en suelo rústico abrió fórmulas que decidía hacerlo de uno a uno, cumpliendo determinados requisitos, pero esa fórmula también ha fracasado. Pero que a través de una ley se resuelva sin más el problema de los hoteles me parece que no es posible. Es que en algunos hoteles su nivel de incumplimiento es tan brutal, pensado precisamente en uno de los hoteles de Las Coloradas, que hasta el propio acceso a la playa está hecho en unos términos tan de vericueto que hay que pasar por la cafetería para poder llegar. Ese no es tanto un incumplimiento de la normativa de Costas, aunque en algunos casos sea parcial respecto de servidumbre, pero me parece que el incumplimiento más grave es precisamente el de la normativa urbanística.
En Lanzarote se argumenta mucho la situación de crisis que vivimos y el daño que podía causar que estos hoteles se derribaran. ¿Hay alguna fórmula en la que se puedan conjugar ambos factores, es decir, que se cumpla la ley por un lado y que por otro no se haga tanto daño económico a la isla?
Yo creo que todos somos conscientes del volumen de plazas alojativas afectadas por las sentencias, que es de tan nivel que, con una isla tan sensible desde el punto de vista de su imagen pública, creo que estamos obligados a buscar esa fórmula, incluso aquellos que estuvimos a favor de que se acabara con este comportamiento tan inadmisible. Gracias al Cabildo de Lanzarote se publicitaron todas las actuaciones judiciales. Entonces ver algunos contenidos de informes de secretarios de la Corporación es gravísimo. Es decir, que no se pueden ir de rositas. Tiene que haber un punto y final en relación con esta intervención. Estando todo el mundo de acuerdo en que el problema es de tan nivel que no puede acabar con todos los edificios en el suelo, obliga a las administraciones, pero especialmente al Cabildo de Lanzarote, a liderar este proceso conjuntamente con las demás fuerzas políticas. Y en ese estadio es en el que no estamos. Habrá que exigir al Cabildo, a continuación, que lidere el proceso. Es más, el Cabildo tenía una dinámica que estaba siendo afectada, que no ha prosperado porque se piensa que esa fórmula, que pasaba también por hacer una ley, exigía mucho a los empresarios y da la impresión de que este gobierno actual del Cabildo pretende más resolver el problema a los empresarios y no a la ciudadanía
Además de las sentencias, también hay otro proceso penal abierto por la concesión de esas licencias, donde se está investigando si se cobró dinero por otorgarlas, hasta el punto que el alcalde de Yaiza llegó a confesar, aunque luego se retractó. ¿Puede o debe este hecho influir en la manera en que se debe abordar el tema?
No, en absoluto. El contencioso-administrativo está cerrado y ya hay sentencia firme y se está pendiente de la ejecución. Cuestión distinta son los procesos de carácter penal que continúan adelante. Para que se entienda, yo soy un defensor de que las irregularidades urbanísticas se lleven a la jurisdicción contencioso-administrativo para evitar situaciones como las que explicaba la fiscal en el propio Congreso, que es la de asociar urbanismo a corrupción. Flaco servicio le estaríamos haciendo a Canarias si seguimos con esa matraquilla de hacer coincidir urbanismo con corrupción, dado que alrededor del urbanismo se genera muchísimo dinero. Para la vía penal tenemos que estar hablando de cuestiones muy graves, como por ejemplo el cohecho. Si se demuestra que hay cohecho, que el peso de la ley recaiga sobre los que han participado, los activos y los pasivos, pero desde luego eso no va a condicionar la ejecución de la sentencia resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la Sala de lo contencioso-administrativo. Cuestión distinta es que a veces, cuando se interponen dos tipos de recursos en jurisdicciones distintas, una de ellas tenga que pararse para resolver las cuestiones en la que tiene carácter prioritario, que en este caso es la penal, pero aquí estamos ante sentencias firmes y el que sean firmes no creo que sea un dato positivo para los imputados en la vía penal.