El Pleno del Cabildo ha aprobado este lunes instar al Gobierno de España a que retire "inmediatamente" y no continúe con "la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo". Esta propuesta del Partido Socialista contó con el respaldo de todos los grupos, excepto el del Partido Popular, que no votó en contra sino que se abstuvo.
La consejera de Educación y Cultura del Cabildo, Emma Cabrera, defendió en el pleno el contenido de la moción socialista e inició su intervención manifestando la "honda preocupación" tanto del PSOE como de "organismos nacionales e internacionales por el retroceso normativo, social e ideológico que supondría la aprobación de la ley del aborto del Partido Popular".
Prosiguió la exposición de la consejera argumentando que la propuesta del PP "nos condenará a las mujeres a que otros decidan sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra maternidad", ya que "el Partido Popular ha abierto una veda a la actual y vigente Ley de Plazos obedeciendo a un sector, la Iglesia católica, gobernado en su totalidad por hombres".
"Y lo hace -prosiguió Cabrera- desoyendo a una gran mayoría de la población española. Mujeres y hombres que en 2010 y con el Partido Socialista en el Gobierno, conseguimos sacar adelante una Ley de Salud Sexual y Reproductiva elaborada y aprobada desde el consenso".
Principales discrepancias
La consejera de Educación y Cultura detalló los principales puntos de discrepancia entre la normativa vigente y la Ley orgánica que el Partido Popular pretende aprobar, subrayando aspectos como "la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras catorce semanas, que actualmente es legal y que en la nueva Ley se consideraría como delito, o la supresión del supuesto ahora admitido de aborto por malformación o anomalías en el feto incompatibles con la vida".
"La actual y vigente Ley de Plazos, -expuso Cabrera- otorga el derecho a toda mujer a adoptar libremente decisiones que afecten a su vida; respeta la maternidad consciente y libremente aceptada; garantiza el ejercicio del derecho a abortar en igualdad de condiciones, sin menoscabo del poder adquisitivo de las mujeres; es eminentemente preventiva y contempla aspectos como la educación afectiva y sexual; ha logrado disminuir la incidencia de los embarazos no deseados en jóvenes y también de los abortos; y se aprobó contando con el aval de organismos como el Consejo de Estado, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa, y de la Unión Europea".
"El proyecto de ley del PP, en cambio, -señaló- sólo despenalizará el aborto en caso de violación y grave peligro para la vida de la madre. En el primer caso, siempre que ésta hubiera sido denunciada con anterioridad. En el segundo, deberá acreditarse con dos informes médicos, firmados por profesionales diferentes al facultativo que practicaría el aborto. A esto hay que añadir un periodo de siete días obligados de reflexión para la mujer, para que tome la decisión sobre la interrupción de su embarazo. Un paternalismo y una tutela inadmisibles para la mujer del siglo XXI", lamentó la consejera.
En su opinión, esta Ley "sólo pretende humillar a las mujeres, privándonos de nuestros derechos civiles y libertades. El Partido Popular utiliza su mayoría parlamentaria para aprobar una ley que le impone la Iglesia católica, pero sin considerar que la gran mayoría de la sociedad española no ha pedido cambios en la actual ley".
Aprobado con "puntualizaciones"
La moción socialista logró respaldo casi mayoritario, aunque con matizaciones. La primera la puso Alternativa Ciudadana 25 de mayo, que pidió que se incluyese a la Iglesia en el párrafo en el que se dice que el Proyecto de Ley popular "sólo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países", puntualización que el PSOE ha admitido.
Por su parte, el Partido de Independientes de Lanzarote acordó respaldar la moción "porque estamos de acuerdo con la conclusión, aunque no con la totalidad del enunciado de la moción". Por último, el Partido Popular argumentó su abstención en aspectos como que "ni éste es el foro, porque le corresponde al Congreso de los diputados, ni supone nada en absoluto pronunciarse sobre un proyecto de ley. Es como debatir nada".
Cerró el turno de debate sobre esta moción la también socialista consejera de Energía e Industria, Rocío Arredondo, quien "expresó su satisfacción por la aprobación de esta moción, por todo lo que supone y representa", y apuntó que "en 2010 los socialistas aprobamos desde el consenso la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una ley con la que nos adelantábamos a Europa en legislación sobre esta materia y ahora es precisamente la Unión Europea la que se opone al proyecto del Partido Popular".