"Un cúmulo de falsedades". Eso es según la presidenta del Cabildo el comunicado emitido este martes por la Entidad de Conservación del Plan Parcial Playa Blanca, que amenazaba con llevar a los tribunales tanto a la Corporación insular como al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Yaiza si no se daba solución a las viviendas que han construido en un Plan Parcial cuyo proyecto de urbanización ha sido anulado por la Justicia.
En su nota de prensa, que tal como subraya el Cabildo no tiene ni fecha de aprobación ni firmantes, los propietarios del Plan Parcial se ponían al mismo nivel que los vecinos a los que después han vendido las viviendas ya edificadas, y aseguraban que ni unos ni otros conocían "la existencia de procedimiento alguno en relación con esas licencias". Una afirmación que el Cabildo desmiente rotundamente. "Durante todos estos años (2003-2008) los promotores del Plan Parcial Playa Blanca han tenido pleno conocimiento de la patente situación irregular del Plan Parcial, como también del claro y rotundo criterio mantenido por el Cabildo sobre la invalidez de dicho instrumento de ordenación", afirma Manuela Armas en un comunicado.
En el escrito, se repasa toda la cronología de hechos que se han sucedido hasta la fecha, desde que en 2004 el Cabildo tuvo conocimiento de la autorización que concedió el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para iniciar la urbanización del suelo. Y en ese proceso, la Corporación asegura que la Junta de Compensación del Plan Parcial no sólo fue notificada, sino que además participó "activamente" oponiéndose a la anulación del proyecto de urbanización que había solicitado el Cabildo.
"Desde el 29 de abril de 2004 los promotores del Plan Parcial Playa Blanca conocen perfectamente el criterio del Cabildo de Lanzarote sobre la invalidez del Plan Parcial Playa Blanca y optaron por seguir con el desarrollo de dicho plan parcial? a sabiendas de las presuntas ilegalidades advertidas por el Cabildo de Lanzarote, asumiendo de ese modo, con todas sus consecuencias, el riesgo de que los argumentos del Cabildo fuesen finalmente refrendados por los Tribunales y se declarase la imposibilidad de desarrollar ese Plan Parcial, con la consiguiente anulación de los actos aplicativos del mismo (licencias)", afirma el escrito de presidencia.
Por eso, consideran que "resulta todo un ejercicio de cinismo" que se reproche al Cabildo de Lanzarote el hecho de que los recursos interpuestos contra el Plan Parcial hayan afectado a "viviendas y parcelas adquiridas con licencia y a precio de mercado", porque "es evidente que quien tenía que haber informado a los compradores de las circunstancias en que se encontraba el Plan Parcial y la litigiosidad existente contra el mismo eran los promotores y vendedores".
Para Manuela Armas, la situación del Plan Parcial no deriva de la "confusa y arbitraria actuación del Cabildo", como sostienen los propietarios del Plan, "sino del especulativo y arriesgado proceder de los promotores, que desde hace cinco años vienen animando al Ayuntamiento a que adopte los discutibles actos municipales para permitir el dudoso desarrollo de un plan parcial sobre el que pesa la sospecha, nada menos que de su validez y existencia", ya que "en este plan parcial no se discute cuántas viviendas se pueden hacer o de qué tipo y con qué características se pueden hacer, sino si existe el plan que lo permita o no".
Por eso, considera "sorprendente" "el anuncio de pretensiones indemnizatorias hacia todo el mundo por parte de los promotores, que según el Cabildo "parecen olvidar las responsabilidades que, ya puestos, podrían derivarse de su propio proceder durante todos estos años en el desarrollo de un plan parcial sobre el que hasta la fecha todas las administraciones y órganos judiciales que lo han examinado lo han consideran incurso en vicios de ilegalidad, salvo el Ayuntamiento de Yaiza, que decidió permitir su desarrollo con fundamento, precisamente, en un informe elaborado por los propios promotores".
Además de recordar que los distintos presidentes de diferente signo político que han pasado por el Cabildo desde 2004 han presentado recursos en ese Plan Parcial, desde la Corporación también aclaran que al inicio de este nuevo mandato, Manuela Armas consideró necesario pedir que se adoptaran medidas cautelares en los recursos contra las licencias, "fundamentalmente para que los posibles adquirentes de suelo en ese plan tuvieran conocimiento de la situación litigiosa en que se encontraba", y para evitar que se siguiera construyendo mientras se pronunciaban los tribunales.
Según explica la presidenta, fue cuando la Justicia estimó esa solicitud del Cabildo cuando los promotores, agrupados en la Junta de Compensación, solicitaron la suspensión de los procesos judiciales y de las medidas cautelares adoptadas a fin de iniciar conversaciones dirigidas a tratar de ver si podría encontrarse alguna. Sin embargo, según Manuela Armas, "esas conversaciones no llegaron a nada porque abusando de la buena fe mostrada por esta Presidencia, la verdadera intención de los promotores nunca fue la de tratar de encontrar una salida a las viviendas terminadas, sino más bien la de ganar tiempo para tratar de mantener a toda costa la vigencia y capacidad edificatoria de su Plan Parcial por la vía de los hechos consumados, pretendiendo no solo la búsqueda de alguna solución para las edificaciones realizadas y adquiridas por terceros (en torno a 400) sino pretendiendo edificar otras 1200 nuevas viviendas en el resto del suelo de dicho Plan".
Por eso, la presidenta del Cabildo afirma que "una vez aclaradas las verdaderas intenciones de los promotores", se hizo "absolutamente imposible cualquier clase de acuerdo al respecto y condujo al definitivo fin de las conversaciones". Y es que para la Corporación, cualquier acuerdo "tendría que partir de la inexistencia del Plan Parcial y la paralela existencia de edificaciones ilícitamente terminadas, a las que habría de aplicar un régimen especial por la vía de otros planeamientos, bloqueando en todo caso el desarrollo edificatorio en el resto del suelo de ese plan parcial".
Además, deja claro que el Cabildo "no va a ceder ante burdas maniobras de presión" ni va a consentir que los promotores "engañen una vez más" a los vecinos que adquirieron sus viviendas de buena fe, usándoles "como excusa para tratar de construir otras 1200 nuevas viviendas en el suelo no edificado de ese plan parcial y para resolver una situación que se debe únicamente a las malas prácticas y a la falta de ética de unos promotores". "Ante estas maniobras, queda todavía más claro, si cabe, que deben ser los Tribunales quienes deben tener la última palabra", sentencia Manuela Armas.