El Ayuntamiento de Arrecife ha solicitado a través de un burofax a la empresa Aparcamientos Parque Islas Canarias toda la documentación sobre esta sociedad, relativa a las cuentas anuales, actas de los consejos de administración, acuerdos, etcétera, de los últimos años, ya que en el Ayuntamiento, a pesar de que tiene una participación del once por ciento, "no hay un solo papel sobre esta sociedad", según señala el concejal de Alternativa Ciudadana, Domingo García.
La pasada semana se convocó al alcalde, Manuel Fajardo Feo, a una reunión del consejo de administración de la compañía, que debía celebrarse el martes pasado en el Arrecife Gran Hotel. El alcalde delegó la representación en la concejal de AC, Blanca Blancas, y finalmente el grupo de gobierno decidió no acudir, ya que no se especificaba el orden del día ni se aportaba la documentación sobre los asuntos a tratar. García señala que se optó por pedir toda la documentación porque no se sabe si la sociedad tiene pérdidas o beneficios o incluso si se han depositado las cuentas.
Hay que recordar que la licencia del aparcamiento, concedida en 2002, fue anulada por el Tribunal Supremo tras un contencioso administrativo que interpuso la Fundación César Manrique. El Ayuntamiento pidió un incidente de inejecución de sentencia que fue rechazado. Hace unos meses se dictó un decreto de cierre por parte del ex alcalde Cándido Reguera que permitió que la propiedad del aparcamiento recurriera la orden y presentara un proyecto de legalización para conseguir una nueva licencia. El Ayuntamiento, con el actual grupo de gobierno (formado por CC, PSOE y Alternativa Ciudadana) ha otorgado una nueva licencia que deberá ser ratificada o rechazada por los tribunales.
Además, recientemente la Fiscalía de Las Palmas ha solicitado al Juzgado decano de Arrecife que abra diligencias de investigación sobre la concesión de los permisos al aparcamiento Islas Canarias. Alternativa Ciudadana denunció los hechos en enero y la Fiscalía pide ahora que se impute a cuatro funcionarios municipales y a un ex concejal del grupo de gobierno. La Fiscalía ve indicios de prevaricación urbanística y administrativa.
S.G. / ACN Press