Los técnicos de Hacienda, agrupados en Gestha, aseguran casi un 70 por ciento de las viviendas que se alquilan en Canarias lo hacen en 'negro', es decir que no se declaran y aumentan la bolsa de la economía sumergida. En las Islas, Gestha calcula que el fraude en arrendamientos sumergidos alcanza los 144,1 millones de euros, a lo que en mayor medida contribuye la provincia de Las Palmas (78,9) frente a los 65,2 millones que se calcula se defraudan en la provincia de Santa Cruz.
Los cálculos de los técnicos de Hacienda, que han realizado su informe en las principales zonas costeras de España, establecen porque el 6,6 por ciento de lo número de alquileres sumergidos en toda España está en el Archipiélago, comunidad que sitúa en el tercer lugar del fraude de los alquileres, superada sólo por Cataluña y la Comunidad Valenciana. En total, son cerca de 64.858 las viviendas que según los datos del IRPF de 2004 no dejaban a sus propietarios ningún alquiler, del total de 92.866 viviendas principales que se declararon.
De las 64.858 viviendas con alquiler fraudulento en las Islas, 35.513 están en la provincia de Las Palmas y 29.345 en la tinerfeña. En su estadística, los Técnicos del Ministerio de Economía, agrupados en el Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (Gestha) estiman que el 66 por ciento de los arrendamientos sumergidos de España que escapan del control del Fisco se localizan en provincias costeras. En la actualidad, se calcula que existen cerca de 650.000 alquileres no declarados en las provincias del litoral, frente a los 977.306 estimados en el total de España, según un estudio realizado por este colectivo que analiza exclusivamente las provincias costeras de cada comunidad autónoma.
El informe de Gestha -elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)- cifra en más de 1.200 millones de euros anuales, las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda en provincias de costa, excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.
Según el informe, estos arrendamientos, junto con los protagonizados por los sectores socioeconómicos menos favorecidos, como son los inmigrantes o los estudiantes cuyo domicilio suele ser provisional, son los más propensos a registrar irregularidades.
SOLUCIONES
Ante esta situación, el informe de los Técnicos de Hacienda considera "prioritario" que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.
En particular, según señalan los técnicos en un comunicado, el estudio propone que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.
En segundo lugar, plantea modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días, los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar la demanda de desahucio por falta de pago de las rentas. Este colectivo propone que en este caso, la orden de lanzamiento se expida junto con la sentencia.
Asimismo, el informe de Gestha estima necesario que los juicios rápidos sean "realmente rápidos", por lo que el Ministerio de Justicia debería aumentar el número de juzgados necesarios para que tanto la vista, como la sentencia de desahucio por falta de pago de las rentas y el lanzamiento fueran realizadas en otros quince días.
Finalmente, con objeto de que se puedan cumplir las medidas contempladas en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, y no se queden en una mera declaración de intenciones, el informe considera "imprescindible" habilitar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de la efectiva aplicación de las medidas de esta Ley.
Gestha estima que con esta habilitación y un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en 10 puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles de fraude similares a los países de la Unión Europea, y aflorando así cerca de 56.522 millones de euros. En la actualidad, la bolsa de fraude en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23% del PIB (900.000 millones de euros en 2005), lo que supone un montante de 200.000 millones euros.
ACN Press