El ex consejero del Gobierno de Canarias y abogado, Francisco José Rodríguez-Batllori, "confeccionaba facturas falsamente y las imputaba a la institución para cobrar unos servicios que no había prestado". Eso es lo que sostiene uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluido en la pieza del caso "Unión" sobre la que se acaba de levantar el secreto de sumario. Batllori fue consejero de Empleo y viceconsejero de Justicia del Ejecutivo regional.
Durante los registros llevados a cabo por la UCO, una de esas facturas apareció en la celda de Dimas Martín en el centro penitenciario de Tahíche, donde fue detenido. Además, los agentes también encontraron dos cartas de Batllori dirigidas a Dimas, pidiéndole ayuda: "Mira a ver, pues J.M.R. (en referencia al entonces concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez), a quien le di la factura de este mes, me dijo que tú le habías comentado que parase ya con la última anterior, para desviarla por otro sitio", decía el ex consejero canario en esa carta. "A mí me da igual, pero quiero insistirte en que este mes me es absolutamente indispensable".
La factura que apareció en la celda de Dimas iba dirigida al Ayuntamiento de Arrecife, por supuestas "labores de colaboración y asesoramiento", y el importe era de 3.529 euros. En su declaración ante el juez, Dimas aseguró que "no sabía por qué" tenía esa factura en su poder.
Además, Batllori también habría realizado otros cobros bajo sospecha del Consistorio de Arrecife y, sobre todo, de Inalsa. Sólo en 2008, según la UCO, Rodríguez-Batllori cobró 18.677 euros de la empresa pública de aguas de Lanzarote, aunque no tenía un contrato con Inalsa.
"El único amigo con el que puedo contar"
En una de las cartas de Batllori a Dimas, que también apareció en la celda de Tahíche, el ex consejero del Gobierno canario le contaba al líder del PIL que tenía una deuda de 25.000 euros por "problemas familiares" y por "un asunto judicial". También le explicaba que cuando recibió "lo de Arrecife", tenía acumulada una deuda de unos 7.500 euros en su cuenta.
"Te ruego mires lo que puedes hacer, pues resuelto este tema, no te daré más la lata. Eso sí, me es indispensable que tanto Inalsa como Arrecife me ingresen antes de los días 10 de cada mes, porque si no, la bola se me hace absolutamente intragable".
La otra carta de Rodríguez-Batllori a Dimas apareció en el despacho de José Miguel Rodríguez en el Ayuntamiento, que también fue registrado por la UCO. El propio Dimas se la había hecho llegar al concejal. A su vez, José Miguel Rodríguez también había escrito al líder del PIL a prisión, pidiéndole instrucciones sobre si debía pagar esa factura. "Échale una mano hasta donde puedas", le decía el líder del PIL a Rodríguez en una nota manuscrita, que también fue intervenida por la UCO.
El propio concejal, que fue detenido en el caso "Unión" y admitió varios de los delitos que se le imputan, declaró ante el juez que le constaba que el servicio que prendía cobrar Batllori con esa factura no se había prestado.
Según la UCO, lo que en realidad se estaba pagando con esas facturas eran los servicios jurídicos que había prestado Rodríguez Batllori como abogado a Dimas Martín, por su situación personal (incluyendo la reciente retirada del tercer grado penitenciario). Y en lugar de abonarlo directamente, según la investigación, Dimas ordenaba el pago de facturas desde las administraciones públicas. En su declaración en los Juzgados, José Miguel Rodríguez dijo que le "constaba" que Batllori era el "abogado personal de Dimas".
"Favores de carácter personal"
Tras ser detenido en Gran Canaria y trasladado en helicóptero hasta Lanzarote, Rodríguez-Batllori negó los hechos que se le imputan ante los agentes de la UCO. Sin embargo, sí admitió que no tenía ningún tipo de contrato con Inalsa ni con el Ayuntamiento de Arrecife, pese a que cobró facturas de ambas instituciones.
En cuanto a Dimas Martín, Rodríguez-Batllori declaró que le había hecho "favores de carácter personal y no gestiones profesionales". De hecho, el ex consejero del Gobierno canario terminó su declaración ante la UCO asegurando que ni había trabajado para él ni había cobrado nada de Dimas Martín.
Sin embargo, sí señaló que Dimas Martín le llamaba desde la cárcel y que tenía un móvil en prisión, "cosa que consideraba increíble". Respecto a si recurrió a Dimas para cobrar de las instituciones donde gobernaba el PIL, Batllori afirmó ante los agentes de la UCO que "en ese momento tenía que pasar por el aro de Dimas" (al que en una de las cartas se refería como "el único amigo con el que puedo contar"), porque si no lo hacía no le pagaban, aunque fuera increíble, dado que se encontraba en la cárcel".
Transferencias "cada dos meses"
Según declaró Rodríguez-Batllori, "recibía transferencias bancarias" del Ayuntamiento de Arrecife cada dos meses, hasta que "prescindieron de sus servicios". Sus "servicios", eso sí, fueron "saltando" de un área a otra, por lo que habría cobrado facturas desde distintas concejalías.
El propio Batllori declaró en el cuartel de la Guardia Civil que primero empezó a tener contactos con Dimas Martín, Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, en relación con el Plan General, aunque después "no volvieron a hablar de tema". Dentro del caso "Unión", también se investiga el intento de un presunto amaño para adjudicar la redacción de ese documento.
A partir de ahí, según Batllori, "la persona con la que más contacto tuvo fue Luisa Blanco", que era la concejal de Personal. Sin embargo, después "le comunicó" que no quería "seguir contando con sus servicios". Luisa Blanco también fue detenida e imputada en el caso "Unión", dentro de la Operación "Jable".
Posteriormente, según Batllori, fue la que era concejal de Servicios Sociales, Emilia Perdomo, la que "solicitó sus servicios". Además, también aseguró haber prestado servicios de asesoramiento a Inalsa, relacionados con la revisión del convenio colectivo de los trabajadores (durante esa etapa no se llegó a realizar ninguna modificación en el convenio), y con la recomendación de un "especialista en derecho concursal", justo antes de que la empresa pública de aguas entrara en concurso de acreedores.
Según Batllori, se llegó a reunir con Dimas (que en ese momento estaba inhabilitado y cumpliendo condena en régimen de tercer grado penitenciario) y con las consejeras Plácida Guerra y María José Docal.