Fuentes del PIL confirmaban la noticia este martes y aseguraban que el líder histórico del partido ya se encuentra en su casa de Guatiza. Es la tercera vez que se le concede el tercer grado a Martín por esta misma condena.
El fundador del PIL cumple condena de ocho años de prisión y quince de inhabilitación para ejercer cargo público por tres delitos: malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Los delitos corresponden a principios de los años noventa, por la gestión del Complejo Agroindustrial de Teguise.
Es la cuarta condena de Martín, que ya estuvo antes en prisión provisional aunque no fue condenado por una presunta estafa inmobiliaria por el caso de Los Cocoteros de finales de los años setenta. Las condenas se han producido por el caso de Roger Deign en 1993 por cohecho, por desobediencia por el bañadero de Guatiza y por soborno en la compra del voto de un concejal del PP de Arrecife en 1995. La del Complejo es la condena de mayor duración a la que se ha tenido que enfrentar.
REDENCIÓN
Por esta última condena entró en prisión el 21 de diciembre de 2006. En octubre del año siguiente se le comunicó la concesión durante unas horas aunque posteriormente se le retiró. En diciembre de 2007 se le concede el tercer grado ya que se le había otorgado una redención extraordinaria de pena de diez meses y se consideraba que había cumplido una cuarta parte de la condena.
La Fiscalía recurrió la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por la concesión del tercer grado y en mayo de 2008 la Audiencia provincial de Las Palmas anula el beneficio penitenciario, por lo que volvió a ingresar en Tahíche.
CARGOS
Martín no tiene cargos en el PIL aunque nadie duda de su absoluto liderazgo al frente de esta formación. Ha sido alcalde de Teguise, concejal de Arrecife, parlamentario regional, senador y presidente del Cabildo de Lanzarote.
Aún le queda pendiente un juicio por el caso de Los Dolores, iniciado por el PSOE (con quien gobierna su partido en el Cabildo), por la construcción de unos baños en Mancha Blanca en una zona de colada volcánica considerada Bien de Interés Cultural. El Fiscal pide dos años de prisión por un delito de daños al patrimonio histórico y otro delito de prevaricación.
ACN Press