Política

Denuncian una política de "despilfarro" en la gestión del personal del Servicio canario de Salud

La recién constituida Junta de Personal Funcionario del Servicio Canario de la Salud (SCS), que representa a 525 funcionarios y cuenta con representantes sindicales pertenecientes al SEPCA, SIC, CEMSATSE, COBAS, UGT, ...

La recién constituida Junta de Personal Funcionario del Servicio Canario de la Salud (SCS), que representa a 525 funcionarios y cuenta con representantes sindicales pertenecientes al SEPCA, SIC, CEMSATSE, COBAS, UGT, CCOO Y CSIF, ha denunciado la actual política de gasto, que tacha como "despilfarro", efectuada en materia de personal.

Según informan a La Voz desde esta junta, los rectores de Recursos Humanos del Gobierno de Canarias "prefieren cubrir las plazas vacantes con personal de régimen estatutario, que gozan de mayores emolumentos". Es decir, su salario es mucho mayor que el de un funcionario del grupo A1. "Mientras se recortan nuestras plazas, para suplir las deficiencias contratan a personal de gerencia que, por lo menos, cobra 600 euros más que nosotros por hacer el mismo trabajo", afirman fuentes de esta Junta de Personal.

"Más que plazas vacantes, lo que se intenta es cubrir las deficiencias existentes en las Relaciones de Puestos de Trabajo, obsoletas y necesitadas de una revisión con carácter de urgencia", indican las mismas fuentes, que afirman que esta situación provoca "una falsa demanda de plazas de personal estatutario, desviados de sus funciones para cubrir puestos no destinados a ellos".

Por todo ello, el personal funcionario denuncia la "clara discriminación" que supone para su colectivo el incumplimiento de jornadas y horarios por parte de los estatutarios.

Además, señalan que otro ejemplo de "despilfarro" es la convocatoria de oposiciones libres para cubrir plazas de funcionarios especializados, como es el caso de los Técnicos Inspectores de Salud Pública. "Se obvia la innegable experiencia acumulada por interinos que, en algunos casos, han venido desempeñando estas plazas desde hace 16 años, lo que para nosotros significa tirar por la borda el dinero empleado por la propia Administración en la costosa formación de unos cuerpos de índole netamente especializados", indica la Junta de Personal Funcionario.

"La situación de crisis actual requiere aunar esfuerzos por parte de los gestores y de los trabajadores para poder superar los obstáculos existentes sin necesidad de suprimir plazas. Es decir, racionalizar el gasto sin desviar recursos ni perder calidad en los servicios", informa.