El Plan Especial de La Geria está "viciado de nulidad" e incluye determinaciones "contrarias a la ley" que afectan y benefician directamente a la bodega Stratvs. Así lo sostiene el demoledor informe jurídico de 126 folios realizado por la técnico del Cabildo Joana Macías, a petición del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife. El informe sobre cómo afecta ese Plan a la bodega fue solicitado en el marco del caso Stratvs por la juez Silvia Muñoz, que en diciembre de 2013 ordenó el precinto y cierre de esta instalación.
Al remitir este informe el pasado viernes (un día después de que terminara el plazo que les había dado la juez), el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, adjuntó un escrito en el que aclaraba al Juzgado que ni ese informe ni otro de carácter técnico habían sido "validados, ni supervisados en profundidad por la Asesoría Jurídica de esta Corporación, dado que no ha habido tiempo material para hacerlo". "No obstante", agregaba San Ginés, "de una primera lectura por parte de los Servicios Jurídicos de la Corporación, se me comunica que el informe suscrito por doña Joana Macías Fernandez excede el objeto de lo solicitado, amén de los errores de contenido en que incurre el mismo, según me traslada el Director Insular de Política Territorial de esta Institución".
En ese contundente informe, la técnico responsable de su elaboración, Joana Macías, explica que el nuevo Plan de La Geria contempla la implantación de diez "equipamientos estructurantes", correspondientes a bodegas industriales, entre las que incluye a la bodega Stratvs, que se levantó al margen de la ley e incurriendo en una larga lista de presuntos delitos que se investigan en esta causa. Y precisamente Stratvs es privilegiada frente al resto de bodegas de La Geria en este Plan.
"Infracción" de la Ley
Aunque según el informe Stratvs no sería legalizable a día de hoy, incluso pese a los cambios que se le ha ido dando a la categoría de ese suelo (con varias modificaciones desde la tramitación del avance del Plan hasta la aprobación definitiva), sí podría serlo en el supuesto de que se acogiera a la categoría de "Protección de Infraestructuras y Equipamientos".
Sobre este punto, la jurista señala que esta categoría que introduce el plan es una "categoría sin delimitación, dejada al libre albedrío del propietario, constituyendo un incumplimiento de la función pública de la actividad de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística". Por eso, considera que no podría aplicarse ya que supondría una "infracción" de la legislación en vigor sobre los Espacios Naturales de Canarias.
Además, subraya que el Plan incluye una larga lista de determinaciones "contra legem", es decir, contrarias a la ley, entre las que se incluye que el Plan Especial de La Geria "carece de habilitación legal para la implantación de equipamientos estructurantes".
El Plan da "uso público" a Stratvs y contempla pagarle un alquiler
Además de abrir una posible vía para intentar legalizar la bodega Stratvs, el Plan Especial de La Geria da incluso un "uso público" a esta instalación del empresario Juan Francisco Rosa. "Es el único equipamiento estructurante incluido, por el momento, en el modelo de uso público, y como tal, único destino para la ubicación de la oficina del Paisaje Protegido de La Geria" que prevé ese Plan, según explica la técnico del Cabildo.
Incluso, señala que "para la dotación de esta oficina de gestión" que se implantaría en Stratvs, convirtiéndose en el centro neurálgico de las bodegas de La Geria, "se ha presupuestado un gasto de alquiler del local de 10.800 euros al año".
Sobre este punto, la técnico también cuestiona que "los equipamientos para la acogida de visitantes, que es lo que tiene previsto el programa de Uso Público de este Espacio para dichas construcciones, se han de ubicar en lugares de menor calidad relativa, es decir, en la zona de uso general", y este requisito también se "incumple" en Stratvs, que "se emplaza" en una "Zona de Uso Tradicional", por lo que ese proyecto entraría "en contradicción" con el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.
Está "constatado" que hay aguas subterráneas
En cuanto a la zona en la que se enmarca esa bodega, la técnico recuerda que su catalogación como "uso tradicional" tiene por finalidad "la protección de la tipología tradicional de enarenados naturales, que alcanza su máxima expresión en el sector de La Geria". Además, subraya que en el lugar donde hoy se levanta Stratvs "existía picón en más abundancia que en el resto del paisaje protegido, al encontrarse en el mismo corazón de La Geria".
El informe también advierte de la existencia de aguas subterráneas en ese lugar, "al quedar constada una red hídrica en la zona meriodional de La Geria". Esto último influiría directamente en otro de los delitos que se investigan en esta causa, concretamente contra el medio ambiente, por los presuntos vertidos de aguas residuales.
Un Plan "viciado de nulidad"
Además de cuestionar el encaje que se le ha intentado dar a la bodega Stratvs, el informe jurídico del Cabildo también discute la tramitación completa del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria, llegando a decir que está "viciado de nulidad" en su conjunto.
Al respecto, el informe apunta que al ejecutar la sentencia que anuló el anterior Plan en el año 2012, el nuevo documento "no se aprobó siguiendo el procedimiento legalmente establecido para su formulación, tramitación y aprobación". Además, "no consta la existencia de informe que avale jurídica y, en su caso, jurisprudencialmente el procedimiento administrativo seguido para la ejecución de la sentencia" que anuló el Plan Especial de La Geria, y que determinó que ese documento había "dejado de existir" y quedaba "expulsado del ordenamiento jurídico".
De hecho, la jurista firmante de este informe sostiene que la sentencia "no ha sido ejecutada en sus propios términos, con la consiguiente vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva". Además, recuerda que cuando se declara la nulidad de un instrumento de planeamiento, "no es posible la conservación, subsanación ni la convalidación de trámites, así como la transmisibilidad de los actos administrativos"; y subraya que la administración "carece de facultad alguna para alterar o modificar el contenido de sentencias".
En la misma línea, la jurista cuestiona que en la tramitación del Plan de La Geria tampoco "se incorporó informe de Evaluación de Impacto de Género, exigible por ser un acto de naturaleza normativa", ni contó con un "informe o memoria de sostenibilidad económica". Además, destaca que las competencias para la formulación y tramitación de este plan recaerían en la Consejería de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, y no en la Dirección General de Ordenación del Territorio y Viceconsejería de Ordenación Territorial. "La primera técnica para combatir los reglamentos ilegales es su no aplicación", subraya la técnico en uno de los puntos de sus conclusiones.