"¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?" Ésa es la pregunta que se trasladará a los ciudadanos en la consulta que impulsa el Gobierno de Canarias sobre las prospecciones, según ha desvelado este jueves el presidente, Paulino Rivero.
Aunque el trámite para articular esa consulta ya está casi culminado, la pregunta seguía siendo una incógnita. Y es que para ajustarse a la Ley, debía centrarse en cuestiones que sean competencia del Gobierno canario, y la búsqueda de hidrocarburos en esas aguas no lo es.
Además, Rivero ha puesto también fecha a la consulta, que se celebrará el próximo 23 de noviembre. Precisamente, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado esta semana que Repsol iniciará los sondeos a finales de ese mes.
Respecto a cómo se realizará la consulta, el presidente ha reiterado que podrán votar los canarios mayores de 16 años, vivan dentro o fuera de las islas, y los residentes legales en el archipiélago. La opinión se emitirá preferentemente de forma presencial, pero también se "aprovecharán las nuevas tecnologías, para que se pueda emitir también esa opinión a través de medios telemáticos".
La Constitución "prevé la posibilidad de consultar"
En su comparecencia, Rivero ha subrayado que "la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el reglamento del Parlamento de Canarias preven para asuntos de gran trascendencia política, económica, social o medioambiental, cuando hay serias discrepancias entre instituciones, tener la posibilidad de consultar", y ha recordado que en este tema "hay una fractura entre lo que piensa el Gobierno del Estado y la sociedad canarias y las instituciones" de las islas.
Por eso, defiende que esta consulta "encaja dentro de lo que viene en la Constitucion" sobre la posibilidad de dar "la voz al pueblo". Además, ha reiterado que el Gobierno de España "no se ha dignado a responder a la petición hecha desde Canarias", solicitando la autorización de esta consulta, por lo que el Ejecutivo regional decidió articular un reglamento a través de la Ley de Participación Ciudadana.
"Estamos en condiciones, teniendo fortaleza normativa, de tomar la decisión de convocar la consulta al pueblo canario para el 23 de noviembre con esta pregunta", ha sentenciado Rivero, subrayando que los colectivos ciudadanos "son los verdaderos artífices" de que se haya tomado esta decisión, junto a partidos políticos e instituciones. "Hablamos de poner en riesgo el futuro de las nuevas generaciones", ha enfatizado el presidente.
Ante la posibilidad de que el Estado recurra o intente impedir esta consulta, Rivero se ha mostrado confiando en que los tribunales les darán la razón en caso de que el tema se judicialice. Además, ha vuelto a reprochar al Gobierno central el "desprecio" que ha mostrado a "esta tierra", imponiendo una actividad contra la que "se ha movilizado en la calle una parte importante de la población canaria".