Ni “redunda en el bien común”, ni responde al “interés general, más bien todo lo contrario”. Eso es lo que ha respondido la Dirección General de la Costa y el Mar al empresario Juan Francisco Rosa, rechazando así su intento de legalizar el solárium del hotel Fariones, que fue construido en suelo de dominio público marítimo-terrestre sin ningún tipo de autorización.
El hotel ya venía ocupando ilegalmente este espacio, pero fue hace tres años cuando Rosa pidió a Costas una concesión para legalizarlo, después de enfrentarse a una sanción de este organismo. En su solicitud, el empresario reclamaba que se le cediera durante 75 años el uso de esos 120 metros cuadrados de suelo público en la playa de Enmedio. En el proyecto detallaba que sería una zona de hamacas y sombrillas con acceso restringido, y que pretendía cobrar 10 euros por entrar.
Según Rosa, estaba justificado que se le otorgara esa concesión “para dar una calidad de servicio al turista”, pero la resolución de Costas concluye que el proyecto solo “revierte en un interés propio”, utilizando para ello suelo público. De hecho, cuestiona que se pretende dar “un uso privativo” -que en la práctica es lo que ya ocurre-, cuando debería ser de acceso “libre y gratuito” para cualquier usuario, tal como recoge la Ley de Costas, que establece que las playas no pueden ser “de uso privado”. Además, subraya que no hay ningún motivo que justifique que el solárium tenga que ir en ese emplazamiento, ya que hay “alternativas de ubicación en la misma parcela del interesado”, sin invadir dominio público marítimo-terrestre.
“Restituir el terreno afectado a su estado primitivo”
Aunque no trascendió en su momento, la resolución revela que Rosa ya fue sancionado hace tres años por la ocupación de ese terreno, sobre el que no tenía ninguna concesión. El expediente sancionador se inició en noviembre de 2017, coincidiendo con las distintas obras que el empresario estaba ejecutando en el hotel y en sus inmediaciones -algunas de las cuales tuvieron que ser paralizadas en su día por el Ayuntamiento- y que incluían también las pasarelas para devolver el acceso público a esa playa.
Costas tuvo que visitar la zona para emitir informes sobre esos otros proyectos, y fue entonces cuando abrió expediente por el solárium, que carecía de autorización. Según se indica en la resolución, ese expediente se resolvió en marzo de 2018, sancionando a la mercantil Hotel Los Fariones SA., aunque no detalla el importe de la multa. Al respecto, solo indica que la empresa recurrió y consiguió rebajar esa sanción, pero no anularla. Después, Rosa pidió la concesión sobre ese suelo para intentar legalizarlo, que es la que ahora ha sido denegada.
En su resolución, la Dirección de Costas subraya que antes de que se realizara la primera intervención en esa zona del solárium, “la arena se adentraba hasta la zona que actualmente ocupa la losa de hormigón”, por lo que se ha reducido la superficie de esa playa. Además, advierte que esto se agrava en pleamar, cuando queda “una franja libre mínima desde la orilla hasta el murete de la instalación actual”.
Cuando resolvió el expediente sancionador, Costas ya advirtió de la necesidad de “restituir el terreno afectado a su estado primitivo” -es decir, de demoler el solárium-, aunque postergaba esa decisión, vinculándola al resultado de este expediente de solicitud de concesión, que es el que acaba de ser rechazado. Así, ahora podría retomarse esa exigencia de devolver la playa a su estado original.
Advierte que sigue sin resolverse el acceso a esa playa
En cuanto al acceso a la playa de Enmedio, que ha estado bloqueado durante años por el hotel, Costas también advierte que sigue sin estar resuelto, a pesar de las recientes obras. Y es que en lugar de hacer un paseo marítimo continuo, el empresario hizo dos pasarelas, una desde Playa Grande y otra desde Playa Chica, que no están conectadas entre sí. De esta forma, al llegar a la playa de Enmedio, frente a la que está el hotel y su solárium, “el tránsito debe realizarse por la arena de la propia playa, sobre terrenos de dominio público marítimo-terrestre”, lo que según Costas sigue incumpliendo la Ley. Al respecto, señala que el solárium también invade una parte de la zona de servidumbre de tránsito, que es por donde debería haber transcurrido el paseo, justo por detrás de la playa y de la zona de dominio marítimo.
“Los paseos desembocan en la zona intermareal, por lo que en pleamar no se puede acceder a la playa”, añade la resolución, que recuerda que ya en su día se opuso a este proyecto. La autorización para esas pasarelas se tramitó ante el Gobierno de Canarias, aunque la Demarcación de Costas de Canarias emitió en 2017 un informe desfavorable. Entre otras cosas, advertía también que uno de los paseos invadía parte del dominio público marítimo-terrestre, al igual que ocurría con el muro proyectado “con la intención de ampliar la zona de solárium” del hotel.
Fue entonces cuando Costas inició un expediente sancionador por ese solárium que ya estaba construido y que carecía de concesión. La única que tenía Rosa era sobre la zona del muelle-embarcadero, sobre la que sí se autorizó una prórroga hace dos años. Sin embargo, nada tiene que ver esa concesión -que ya generó polémica el pasado verano, cuando el empresario colocó un cartel indicando el precio de 10 euros por el acceso- con la del solárium.
Intentó incluir el solárium en la concesión del muellito
Al solicitar la prórroga de esa otra concesión, Juan Francisco Rosa intentó que se incluyera la zona del solárium, como si hubiera formado parte siempre del mismo permiso. Sin embargo, la resolución de Costas fue clara y solo autorizaba la ocupación de 510 metros cuadrados “con destino a muelle-embarcadero y muros de sostenimiento”, ya que esos sí son usos que suele pueden realizarse en ese emplazamiento.
Después, cuando ya había recibido la sanción de Costas, Rosa pidió una concesión independiente para el solárium -“por si a la Administración le generara alguna duda sobre la necesidad de la tramitación separada de las obras e instalaciones en dominio público existentes”, señalaba en su solicitud-, que es la que ahora ha sido rechazada.
En total, la resolución cita hasta seis artículos de la Ley de Costas que se incumplen con este proyecto. “Demuestra la utilización privativa de la playa, al limitar sus accesos públicos y gratuitos a la variación de los niveles del mar según el régimen de mareas”, señala, conectando la ilegalidad del solárium con el hecho de que corta el paseo marítimo que debía hacer el empresario para recuperar el acceso público a la playa.
Tres usuarios por día y más de 10.000 euros anuales de mantenimiento
Antes de dictar esta resolución, Costas pidió informes a distintos organismos, incluyendo el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Tías. En el caso del Consistorio, en marzo de 2020 emitió un informe firmado una técnico, que concluía que “no habría inconveniente en otorgar la concesión siempre que se garantice el paso peatonal entre las dos zonas del paseo marítimo”, así como el acceso a la playa, y que el servicio de hamacas tenga un precio establecido entre el hotel y la Demarcación de Costas de Canarias. Por su parte, ni el Gobierno canario ni el Cabildo respondieron, ni “consta” que emitieran informes, según señala la resolución.
Quien sí presentó alegaciones fue la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, que pidió que se denegara la concesión o que se “explicaran los motivos que tiene el otorgamiento de la misma para el interés general cuando dicha concesión convertirá una playa pública en privada para uso exclusivísimo, para 3 personas por día, y nada menos que por 75 años”. Hacía así referencia al propio proyecto presentado por Rosa para solicitar la concesión, en el que hacía una estimación de solo 10.950 euros anuales de ingresos (30 euros diarios), calculando una media de tres usuarios por día de ese solárium. Al mismo tiempo, cifraba casi en la misma suma los gastos que sostenía que le iba a suponer la “conservación” de este espacio de hamacas y sombrillas.
Solo en agua presupuestaba unos supuestos gastos de 400 euros anuales, a lo que añadía 1.200 en jardineros, 400 euros en energía y 6.000 en reparaciones y limpieza. A esto sumaba los 2.122,80 que pretendía pagar de canon al año, por ocupar 120 metros cuadrados de suelo público en una playa.
“La instalación de un solárium privatizado y por el que se requiere pago para su disfrute, debe ubicarse fuera del dominio público marítimo-terrestre, al no ser necesario éste para su ubicación. En todo caso, y aunque la configuración física del tramo de costa no permita la ubicación en terrenos colindantes, con el proyecto de explotación presentado no se puede considerar una instalación de servicio público o al público”, concluyó ya el pasado mes de febrero la Demarcación de Costas, en un informe que ahora ha sido asumido por la Dirección General de Costas y por el Ministerio.
Así, rechaza la solicitud de la concesión del terreno que ocupa el solárium, que deberá ser de acceso público, y advierte además de que “la servidumbre de tránsito deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento”.