La primera ronda de declaraciones de los cinco imputados por la incautación de la desaladora de Montaña Roja ha concluido dejando importantes interrogantes y, sobre todo, evidentes contradicciones en los testimonios de los implicados. Especialmente entre el presidente, Pedro San Ginés, y el abogado Ignacio Calatayud, que llegó incluso a negar su amistad personal con San Ginés. Hasta ahora, nadie asume haber redactado siquiera la resolución de San Ginés ordenando la incautación (el presidente declaró ante el juez que no la redactó él) y tampoco haber dado las "instrucciones" durante la ejecución material de la incautación. "No lo sé", "no lo recuerdo" y "yo no fui" han sido algunas de las expresiones más repetidas. Y éstas, algunas de las principales contradicciones y preguntas sin respuesta.
- La resolución que "nadie" redactó
El 17 de septiembre de 2014, Pedro San Ginés firmó una resolución para abrir un expediente sancionador a Club Lanzarote. Además, en esa misma resolución, ordenaba incautar la desaladora y la depuradora de Montaña Roja como medida cautelar mientras se resolvía el expediente. Hasta ese momento, no había ninguna resolución ni informe previo proponiendo o avalando la incautación (lo único que se había propuesto era abrir ese expediente sancionador).
Ante el juez, San Ginés declaró que él firmó la resolución ordenando la incautación pero no la redactó, porque "nunca elabora las resoluciones" que firma. Y aunque no supo explicar "a ciencia cierta" quién la redactó, afirmó que "pudo ser el gerente del Consejo (José Juan Hernández Duchemín), el secretario (Pancho Perdomo) o el propio letrado externo (Ignacio Calatayud)". "O tal vez los tres participaron", agregó San Ginés.
Sin embargo, durante su declaración en los Juzgados, las tres personas a las que aludió el presidente (todos ellos imputados en la causa) negaron haber elaborado esa resolución. "No tuve nada que ver en la redacción", declaró el secretario, mientras Calatayud también negó haber sido el redactor. Por su parte, Hernández Duchemín subrayó que él "no propuso medidas concretas a adoptar" y que eso "quedaba en manos del presidente". Incluso, añadió que San Ginés ni siquiera "le consultó las medidas cautelares que debían adoptarse". Así, tras la declaración de estos cuatro imputados, nadie ha asumido la autoría de la redacción de la resolución que ordenó la incautación de la desaladora, que se ejecutó justo al día siguiente.
- ¿Alguien dijo a San Ginés que no hacían falta informes previos?
Otra contradicción entre la declaración de San Ginés y las del secretario y el abogado Ignacio Calatayud gira en torno a la ausencia de informes previos por escrito que avalaran la incautación. Según el presidente, no los pidió porque el secretario le dijo "que no era preceptivo un informe escrito para adoptar la resolución". Además, añadió que también se lo dijeron "los asesores" (es decir, Ignacio Calatayud, que junto a Perdomo, fue el único jurista al que consultó el presidente). Sin embargo, tanto el secretario como el abogado externo declararon no haber sido preguntados por este tema.
"Nadie me consultó sobre si era necesario un informe jurídico previo por escrito a la incautación", declaró Calatayud ante el juez. Por su parte, el secretario tampoco "recuerda" haber sido consultado sobre este tema por el presidente. "Creo que no me lo preguntó", respondió el secretario. Además, Pancho Perdomo relativizó su "asesoramiento verbal" a San Ginés subrayando que solo mantuvieron una breve reunión en la que hablaron del tema y que no creía que "con su asesoramiento estuviera formando la voluntad del presidente", ya que éste "tenía sus asesores privados". Concretamente, el secretario se refirió a Ignacio Calatayud.
- El misterio de quién ‘mandaba’ en la toma de posesión
Otra de las preguntas que se ha reiterado durante los interrogatorios y que ha quedado sin respuesta es la de quién daba las instrucciones y las ordenes durante la ejecución material de la incautación. Según San Ginés, él "no decidió el momento concreto, ni la forma, ni las personas que debían llevar a efecto la toma de posesión". Por su parte, los que acudieron a Montaña Roja en nombre del Consejo (el vigilante de Cauces José Juan Hernández Méndez) y del Consorcio (el gerente, Domingo Pérez Callero) aseguran que ellos se limitaron a levantar acta y a realizar un inventario, respectivamente.
Lo único que ha quedado claro tras las declaraciones en los Juzgados es que fue Canal Gestión quien llamó al cerrajero, porque así lo confirmó el gerente de la empresa, Gerardo Díaz. Sin embargo, Díaz no concretó quién le pidió que llamara a ese cerrajero y nadie asume haberle dado la orden de romper el candado. Por su parte, el letrado Ignacio Calatayud, presente en la incautación, "supone" que "la orden de llamar al cerrajero la daría el presidente del Consejo (Pedro San Ginés) o la alcaldesa (Gladys Acuña), que son los que pueden dar las órdenes" y decidir "cómo se entró".
- Calatayud contradijo a San Ginés: "Sí sabía que trabaja para Canal"
"Desconozco si el letrado externo Ignacio Calatayud era en ese momento también asesor jurídico de Canal Gestión Lanzarote". Eso fue lo que respondió San Ginés cuando el juez planteó por primera vez esta pregunta. Y lo mismo contestó después el presidente a la prensa e incluso a la oposición durante un Pleno del Cabildo. Sin embargo, fue el propio Calatayud quien le contradijo. "Todo el mundo sabía que trabajaba para Canal Gestión Lanzarote", declaró el abogado ante el juez, aclarando que Pedro San Ginés "lo sabía también". "Yo no lo ocultaba jamás", afirmó el letrado, que asesoraba en la incautación al presidente y, al mismo tiempo, era abogado de la empresa a la que se le entregaron las plantas (solo de Canal Gestión, el letrado cobró 116.000 euros en menos de dos años).
- Un "gran amigo" que negó su amistad con San Ginés
Aunque la amistad entre Pedro San Ginés e Ignacio Calatayud es sobradamente conocida en la isla y San Ginés nunca la ha negado, Calatayud sí lo hizo en los Juzgados. "No tengo ninguna relación personal con el presidente, la relación es profesional, como con muchos otros clientes", aseguró el abogado. Según él, "habla con sus clientes" y "se lleva mejor con unos que con otros", pero con San Ginés "la relación es profesional y se basa en lo profesional".
La declaración de Calatayud contrasta con lo que el propio San Ginés publicaba hace poco más de un año, en octubre de 2014, en su página de Facebook, con motivo del cumpleaños de Ignacio Calatayud y de su hermano, Carlos Calatayud, que también cobró de Canal Gestión por asesorar al Consorcio. "Felicidades por sus cumples a los hermanos Calatayud, grandes amigos y profesionales. Bendita la hora en que la vida me los cruzó en el camino", publicó aquel día el presidente.
Además del papel clave que jugó Calatayud en la incautación (estuvo presente en todas las fases del proceso, desde las conversaciones previas con Club Lanzarote hasta la ejecución de la medida, y además elaboró el único informe jurídico que, "a posteriori", avaló la incautación), el Juzgado también está recabando información sobre cómo se contrató desde la administración pública a este letrado, que asesoraba a San Ginés mientras trabajaba a su vez para la empresa que se quedó con las plantas, Canal Gestión.
- Hablaron por teléfono, pero no sabía que estaba allí
Con respecto a la participación de Calatayud en la incautación, San Ginés no solo negó saber que el abogado también trabajaba para Canal Gestión, sino que incluso sostuvo que el letrado no acudió a Montaña Roja cuando se ejecutó la toma de posesión de las plantas, pese a que el acta que se levantó ese día (y que le fue mostrada a San Ginés en los Juzgados tras escuchar su respuesta) refleja que sí estaba allí. "Creo recordar que no acudió. Me consta la presencia del gerente del Consorcio y de la Policía Local", afirmó el presidente, que tampoco "recordaba" haber hablado por teléfono con Calatayud mientras se llevaba a cabo la incautación.
Sin embargo, el abogado sí confirmó tanto su presencia en Montaña Roja como sus conversaciones con San Ginés. Según declaró, estuvo "en contacto con el presidente del Consejo Insular de Aguas durante el acto material de la incautación" y "hablaba con él" por teléfono para informarle "de lo que pasaba".
- Ni el propio Calatayud ni el secretario saben cómo se contrató a este letrado
Además de investigar presuntos delitos en la incautación, el Juzgado también ha pedido información sobre el modo en que se contrató a Ignacio Calatayud para que actuara como "asesor externo" en este tema. El propio letrado declaró ante el juez que "desconoce los trámites que realizó la administración cuando realizó el encargo", aunque "lo normal es que la administración tramite", y solo supo decir que fue Pedro San Ginés quien "verbalmente" le pidió el informe.
Tampoco el secretario del Cabildo, Pancho Perdomo, pudo explicar cómo se contrató a Calatayud. "Desconozco cómo se realizó la tramitación del expediente de contratación", declaró Perdomo, que afirmó que ese tema no le "corresponde" a él. "Le corresponde en todo caso, si es un contrato menor, a la Intervención del fondos del Consejo Insular de Aguas y al propio presidente del Consejo Insular de Aguas", agregó el secretario. Según señaló, en un contrato menor solo se exige la propuesta de gasto y la factura, "sin necesidad de contratos", y esto "lo puede hacer directamente el presidente", Pedro San Ginés.
Sobre por qué se recurrió a un abogado externo en lugar de a un jurista de la Corporación, Perdomo afirmó que "no es preciso la apertura de expediente alguno para justificar que el asesoramiento jurídico lo preste un asesor externo" en lugar, por ejemplo, del secretario. "Lo que sí se le pide en ocasiones", agregó, "es un informe sobre si el Cabildo cuenta con letrados para realizar un informe jurídico o (si es necesario que) se realice una contratación externa", cosa que en este caso no consta que se hiciera.
Respecto a cómo se entregó el informe de Calatayud, el propio letrado afirma que no lo recuerda y que "probablemente lo llevó en mano". El secretario, por su parte, declaró que el abogado mandó su informe "por correo electrónico al presidente y el presidente se lo llevó en mano a él". "No tiene sello de entrada, me lo dio directamente el presidente", matizó Perdomo.
Después, según declaró Calatayud, "emitió una factura por la fase cautelar del procedimiento" (según declaró, se le realizó "un encargo para llevar un procedimiento contencioso administrativo para la incautación") "y en concreto por la redacción escrita del informe y alguna consulta más". Cabe recordar que el informe escrito fue encargado y elaborado después de la incautación pero, según San Ginés, Calatayud ya le había trasladado ese mismo asesoramiento previamente de forma verbal.