ACN
La llamada 'trama eólica' ha explotado hoy definitivamente y ha sacudido la vida política, social y económica de Canarias con la detención de siete personas, entra ellas la de un ex director general del Gobierno de Canarias, relacionadas con la red urdida alrededor de un concurso para la adjudicación de energía eólica, convocado por la Consejería de Industria del Gobierno canario, siendo Luis Soria (PP) el consejero responsable, y que actualmente está en trámites de anulación a petición del propio Gabinete regional.
A las nueve de la mañana, el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, firmaba y ordenaba las órdenes de detención de lo que se ha denominado la 'Operación Eolo': seis personas detenidas en un primer momento (dos de ellas en Madrid y las cuatro restantes en la capital grancanaria) y trece registros practicados, tanto de domicilios como de despachos de instituciones públicas, entre ellas el despacho del ex director general de Industria, Celso Perdomo, en el Cabildo de Gran Canaria, la persona clave en la 'trama eólica' y uno de los primeros detenidos esta mañana.
Más tarde se daba a conocer un séptimo arresto: el de Jesús González Martín, ejecutivo de la Caja Insular de Ahorros de Canarias. Con ésta, se implican ya en la trama a tres de las principales instituciones de Canarias: el propio Gobierno autónomo, por el ex director general de Industria, Celso Perdomo, y el actual jefe de servicio de la Dirección General de Industria, Honorato López Torres; el Cabildo de Gran Canaria, por la funcionaria del área de Educación -aunque se desconoce si estaba vinculada a título personal, ya que al parecer es la compañera sentimental de Perdomo, o a consecuencia de su puesto-; y la Caja, por el ya mencionado directivo.
Además, en la 'operación Eolo' han sido detenidos tres empresarios: Wilebaldo Luis Yánez -al que se le ha vinculado con el investigado presidente de la Auidiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín-, Enrique Guzmán López, madrileño, y Alfredo Briganti, canario aunque afincado en Madrid.
Para acabar de complicar la trama "multiinstitucional", hay que recordar que el primer aviso de que la 'trama eólica' podría llegar a ser algo relevante fue la denuncia del juez Parramón contra el ya ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a quien se le han abrieron diligencias previas que derivaron en la suspensión de su cargo por supuesto trato de favor a un presunto narcotraficante.
Dicha investigación surgió mientras Parramón indagaba en la trama eólica, lo que implicó que se hiciese público que alrededor de la primera denuncia de Alberto Santana se estaba desarrollando una importante investigación judicial, con escuchas incluidas, que podría dar sorpresas.
Desmadre político
Casi paralelamente al estallido judicial y policial del asunto, el conflicto está también en plena explosión a nivel político, ya que en el Parlamento de Canarias, los tres principales grupos (CC, PP y PCS) vienen compitiendo para ver quién es el primero en solicitar una comisión de investigación al respecto y un pleno extraodinario para aprobarla, como sucedió ayer y anteayer. Precisamente hoy, la Mesa del Parlamento se reunió para calificar las tres solicitudes de sesiones -en el mes de febrero, que es en teoría inhábil a efectos parlamentarios-, que tendrán lugar correlativamente el día 20 de febrero.
Mientras tanto, la postura del Gobierno de Canarias se fundamenta en mantener una prudente distancia, que materializan en un mensaje de tranquilidad a la población, de confianza en la Justicia y de disposición a colaborar en lo que puedan. La Comunidad Autónoma está personada en la causa judicial como acusación particular, por el posible dolo que genere el asunto, pese a que es improvable por la anulación del acto administrativo que da pie al conflicto.
Al mismo tiempo, el presidente regional, Adán Martín, aprovechaba el pasado viernes una entrevista en Onda Cero para dejar claro que la orden de convocatoria del concurso fue firmada únicamente por el anterior consejero de Industria, Luis Soria (PP), y que no fue refrendada en Consejo de Gobierno, delimitando así claramente las responsabilidades en una persona y desvinculándolas de su Ejecutivo y de él mismo.
En la misma línea de prudencia, el Ejecutivo está a la espera del pronunciamiento del Consejo Consultivo de Canarias, que es vinculante, sobre la conveniencia de suspender el concurso definitivamente, aunque la intención manifestada por el Gobierno es hacerlo e iniciar un nuevo proceso para evitar más complicaciones y desconfianzas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) falló en contra del procedimiento administrativo por un error de forma, es decir, por no haber pedido el dictamen del propio Consultivo.
Así saltó la trama
En marzo de 2005, el empresario canario Alberto Santana denuncia una presunta trama de corrupción alrededor de un concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias, siendo Luis Soria (PP) el consejero responsable del área de Industria.
El empresario apunta concretamente hacia diez personas que, directa o indirectamente, tienen relación con el entonces director general de Industria, Celso Perdomo. Nombra además a los empresarios Wilebaldo Luis Yanes y José Miguel Suárez Gil, también presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, así como a Daniel Fernández de Salamanca, directivo empresarial que se puso en contacto con Celso Perdomo interesado en el concurso, como principales destinatarios del supuesto trato de favor. En la investigación se tienen en cuenta además otras siete personas: empresarios, directivos de empresas interesadas en el concurso y personas cercanas a Celso Perdomo.
Tras una primera investigación, la Policía concluye que existe una red de contactos con la intención de conseguir que varias empresas concurran al concurso eólico asegurándose la adjudicación de potencia eólica, conociendo de antemano las bases del concurso, bases que según la actual consejera de Industria, Marisa Tejedor (CC), tenían " grandes diferencias" con el borrador enviado a las empresas implicadas desde el correo de Celso Perdomo.
Conversaciones grabadas por la Policía destapan además un intercambio de información privilegiada que otorgaría a estas empresas un triunfo en el concurso. También se descubre el presunto pago de comisiones a cambio de esta información privilegiada, así como un presunto trato de favor pactado, una vez presentados los proyectos al concurso.