Coalición Canaria y el Partido Popular han sacado adelante una proposición no de ley, con el voto en contra del PSC, que exige al Estado que suspenda "la acción ejecutiva" para derribar casas ilegales en las áreas urbanas costeras "con valor etnográfico, arquitectónico o socioeconómico".
Con todo, y por las "dudas jurídicas" que tuvo CC, el PP eliminó la parte de la propuesta en la que pedía a Costas que renunciara a cualquier "acción ejecutiva" contra estas áreas urbanas costeras "mientras permanezcan abiertas causas en la Justicia" y aunque no se hubiera alcanzado un acuerdo previo con los ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias, en clara referencia al poblado tinerfeño de Cho Vito, pues dentro de 75 días vence el plazo para el derribo de las casas que aún siguen en pie.
"Esto es una cruzada del Estado para recuperar el dominio público, por ello Costas ha calificado estos poblados como un mal territorial, invasores y atentados a la estética arquitectónica", aseguró la nacionalista Belén Allende.
Pese a que la propuesta partió de Cristina Tavío (PP), la nacionalista fue la más beligerante en la defensa de la misma, pues incluso apeló "al corazón de los no nacionalistas que en el nuevo Estatuto se incluya el traspaso de competencias del dominio público terrestre".
"Esto es una impecable operación de bisturí, y el dominio público no puede seguir en manos de la Metrópoli, pues esas casas son de los canarios y tenemos que empezar a decidir a nosotros mismos", afirmó.
Tavío, por su parte, aseguró que "la terquedad y el exceso de celo legalista del Gobierno de España ha conducido, con su recurso y con su actual pretensión de derribos, a esos hombres y mujeres a un estado de inquietud e incertidumbre por su negativa implícita a asumir las competencias urbanísticas conferidas a nuestra Comunidad Autónoma".
Incluso, el texto de la propuesta asegura que "esa aplicación ciega y deshumanizada de la Ley de Costas ha empujado a un colectivo de familias a declarar una huelga de hambre, en defensa de sus viviendas, que pone en riesgo su vida".
El diputado socialista Manuel Fajardo aseguró que lo que busca la propuesta es que los funcionarios "hagan una prevaricación por omisión" y no lleven a cabo el cumplimiento de la legalidad.
En este punto, el nacionalista José Miguel Barragán recordó a Fajardo que "ya se evitó el derribo de hoteles en Corralejo, con el voto de los socialistas, ¿por qué esos hoteles si y Cho Vito, no?"
Por su parte, Fajardo recordó que "el único que ha defendido Cho Vito fue el Ayuntamiento de Candelaria", dirigido por el socialista Gumersindo García, y que quien se negó a declararlo Bien de Interés Cultural "no fue un peninsular, sino el Cabildo de Tenerife".
ACN