El representante del Grupo Nacionalista (CC-PNC-SB) en el Consejo de Administración de la EPEL-CACT, Samuel Martín, ha presentado un escrito pidiendo que se incorporen en el orden del día de la próxima reunión de dicho órgano dos propuestas dirigidas "a investigar y aclarar la situación de la empresa Customer Travel", insistiendo en que "tiene una deuda de casi 600.000 euros con los Centros de Arte Cultura y Turismo".
"Tras pedir certificación en el Registro Mercantil, la citada empresa se encuentra disuelta en período de liquidación, por lo que vamos a proponer al Consejo de Administración de la EPEL, dirigirnos al juzgado de la mercantil nº1 de Las Palmas para que se nos facilite el expediente íntegro que obra en el procedimiento que concluyó con la disolución de esta sociedad", ha apuntado Martín, reclamando así que se den pasos que CC no emprendió en su momento, dado que la liquidación de esa empresa se inició hace un lustro y tiene sentencia desde el año 2016, cuando este partido gobernaba en el Cabildo y estaba al frente de los Centros Turísticos y ya existía esa deuda.
"Queremos saber si fue el autodeclarado 'mero asesor de Customer' que negoció los planes de pago incumplidos- es decir, el actual consejero delegado de los CACT y pareja de su administradora ? quién asesoró a Customer y sobre todo en qué términos lo habría hecho", ha añadido Martín. Respecto a esa deuda, cabe recordar que se arrastra desde hace años y buena parte de ella se generó bajo la Presidencia de San Ginés, sin que se le suspendiera el crédito a esta empresa hasta enero de 2012. Además, después tardaron dos años y seis meses en llevar el tema a los tribunales para hacer la reclamación por vía judicial.
Instar al concurso de acreedores
Asimismo, el Grupo Nacionalista, a través de su representante en el citado órgano, propondrá que se investigue si se dan las condiciones para que la EPEL-CACT inste el concurso necesario de acreedores de la empresa Customer Travel y, en su caso, se emprendan las acciones de responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar contra los administradores de la empresa, hoy liquidadores solidarios de la misma.
"Hasta donde sabemos, una empresa con deudas puede disolverse pero no liquidarse sin más. Desconocemos cuales han sido las causas alegadas y por las que el juez sentenció la disolución de la misma, pero en cualquier caso, si tiene deudas, éstas han de ser atendidas bien vendiendo activos, o en su caso instando el concurso de acreedores", ha apuntado Martín, que considera "sorprendente que solo dos meses después de el juez sentenciase a favor de los CACT la solicitud de ejecución de sentencia por las deudas, ordenando se investigaran sus bienes, los administradores lograsen en otro juzgado la disolución de la sociedad de la que no informaron a nadie".
Advierte con emprender acciones contra Juan Félix Eugenio
Por todo ello, el representante nacionalista afirma que "el consejero delegado de la entidad, Juan Félix Eugenio, está en la obligación de investigar la situación de la sociedad deudora, instar el concurso necesario de acreedores si se dieran las condiciones para ello y, en su caso, emprender acciones de responsabilidad civil de los administradores."
"Si no lo hace el consejero delegado, en mi calidad de miembro del Consejo de Administración de la EPEL-CACT, me reservo el derecho a ser yo quien emprenda tanto las referidas acciones, como aquellas a que hubiera lugar contra el propio consejero por incumplimiento de sus obligaciones", ha advertido Samuel Martín.
La certificación solicitada por los nacionalistas al Registro Mercantil recoge l"a disolución de la Sociedad, la revocación de los administradores y de la conversión de los mismos en liquidadores solidarios pero, además, acredita que no consta que la referida mercantil haya depositado las cuentas anuales desde 2011 hasta la actualidad, incumpliendo así con sus obligaciones fiscales y registrales", concluyen desde CC.