Política

CC acusa a Corujo de "mentir" cuando afirma que los mercados agrícolas "están prohibidos" por el Covid

Asegura que las restricciones impuestas por el Gobierno de Canarias no afectan a estos mercadillos, que han permanecido cerrados en todos los municipios de la isla

Protesta del agricultor Manuel Peláez a las puertas del Cabildo por el cierre de los mercadillos

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote ha acusado a la presidenta del Cabildo, Mlaría Dolores Corujo, de "mentir nuevamente al asegurar, a través de nota de prensa oficial, que la norma impide los mercados agrícolas". “No existe ninguna norma que impida el funcionamiento de esta actividad”, asegura el portavoz de CC, Pedro San Ginés, que afirma que "la prueba evidente de esta nueva mentira de la dirigente socialista es que los mercados agrícolas funcionan en el resto de islas, incluso en Gran Canaria, con similar o superior rebrote del Covid que en Lanzarote".

El cierre de los mercadillos de alimentación volvió a acordarse en Lanzarote después de que el Gobierno de Canarias endureciera a finales de agosto las restricciones en estas dos islas, pero CC asegura ahora -a raíz de la protesta iniciada por un agricultor a las puertas del Cabildo-, que esas restricciones no impedían su apertura.

Coincidiendo con el debate suscitado por esa protesta de Manuel Peláez, CC ha anunciado que presentará una moción de urgencia en el Pleno que celebra este viernes el Cabildo, para que la denominada Mesa Insular de Coordinación -de la que forman parte todos los ayuntamientos, incluidos los gobernados por Coalición Canaria-, "promueva, impulse, coordine y apoye la reapertura de los mercados agrícolas locales cumpliendo, evidentemente, con las medidas de seguridad establecidas para prever la posibilidad de contagio por Covid-19".

La solicitud llega dos días antes de que se levanten las restricciones impuestas a Lanzarote, que acaban el próximo día 26, al haberse reducido notablemente la incidencia de casos de Covid en la isla.

"Los mercados agrícolas destinados a la venta de productos de cercanía constituyen una actividad esencial, no solo por tratarse de productos necesarios para el consumo y abasto de la población, (como es el caso de las grandes superficies) sino por lo que supone de oportunidad de supervivencia para el ya maltrecho y escasísimo tejido agrícola empresarial local", sostiene CC en un comunicado.

Además, el consejero Domingo Cejas considera que "tampoco tiene ningún sentido que la presidenta haya comunicado a los ayuntamientos la imposibilidad de abrir mercados agrícolas sin autorización de la Delegación del Gobierno". “Otra mentira más. Ni los decretos del gobierno prohíben su apertura, como ha dicho tanto la presidenta como su consejero de Agricultura, ni hace falta autorización de la Delegación del Gobierno, si bien es cierto que deben cumplir una serie de requisitos y obtener una autorización de Sanidad”, ha añadido.

"Ni el decreto del 19 de junio, que regula este tipo de actividades, ni el último del 11 de septiembre, impide la apertura de mercados agrícolas, tal y como le ha corroborado el secretario de la institución al portavoz de CC-PNC, en una consulta verbal", sostiene el partido.

"Ante la inexistencia de ningún acuerdo de la Mesa insular de coordinación, el Ayuntamiento de Tinajo, por ejemplo, tiene prevista la apertura de su mercado agrícola, una vez obtenga la autorización de Sanidad al proyecto de actividad adaptado a las exigencias del último decreto, como infraestructura de uso público", adelanta CC, después de que el mercado agrícola haya permanecido cerrado, y justo cuando están a punto de levantarse las restricciones.

“Lo que está claro es que con las adecuadas medidas de seguridad, esto es, uso de gel, distanciamiento, mascarillas etc, existe bastante menos riesgo de contacto en un mercado agrícola que en una gran superficie, en la medida en que, por poner solo dos ejemplos, un mercado está al aire libre y el consumidor no pueden tocar el producto hasta su compra, por lo que, a nuestro parecer, se está cometiendo un abusivo agravio comparativo precisamente con uno de los sectores que más deberíamos proteger”, insiste San Ginés.