Coalición Canaria asegura que la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, "tiene intención" de pagar con fondos públicos "los más de 100.000 euros de cobros indebidos" del consejero Juan Manuel Sosa, al que llevan meses acusando de haber estado cobrando como liberado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias cuando no podía hacerlo, al no ser ya portavoz del grupo de CC.
"El nuevo capítulo que se acaba de escribir del conocido 'caso Sosa' no podría ser más escandaloso e indigno para la política y las administraciones públicas", afirma el partido en un comunicado, en el que sostiene que "como todo es ilegal desde diciembre de 2019, se pretende utilizar ahora como ‘Ley Sosa’ una adaptación de la Ley de Cabildos del pasado mes de agosto para dar cobertura a los cobros indebidos del consejero tránsfuga". En concreto, creen que Corujo tiene intención de aplicar esa adaptación de la ley "con carácter retroactivo, o lo que es lo mismo, que sea el Cabildo con fondos públicos quien devuelva al Gobierno de Canarias" los salarios que abonó a Sosa.
Para ello, señalan que lo hará "amparándose en el ‘enjuague jurídico’ que supone el informe de la ex directora general de Función Pública", contra la que también arremeten en su comunicado. "No olvidemos se trata de un cargo público de libre designación política que ha emitido hasta tres informes distintos que se han ido ajustando progresivamente a las verdaderas pretensiones de ambos gobiernos, para que sea el Cabildo quien devuelva lo que corresponde al citado consejero reintegrar", alegan los nacionalistas.
“A lo largo de los últimos cinco meses, los máximos dirigentes del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno han estado buscando la fórmula que les permitiera justificar esta situación, y al no encontrarla parecen haber optado por esta insólita propuesta”, añaden. En opinión de CC, quien debería devolver ese dinero es el propio Sosa, "amén de que se depuren otras responsabilidades".
Además, denuncian que la presidenta sigue sin entregarles el expediente de este caso, que solicitaron el pasado 12 de agosto, a pesar de que "el Comisionado de la Transparencia le ha comunicado la obligación de hacerlo". “Esperamos nos permita acreditar esta especie de complot político e institucional perpetrado para presuntamente encubrir una gravísima irregularidad cometida por el funcionario público Juan Manuel Sosa, con la complicidad política de los gobiernos del Cabildo y Canarias”, añaden.
Por otra parte, vinculan esta situación al hecho de que Corujo lleve más de tres meses sin convocar plenos y a que haya "suspendido hasta en tres ocasiones el pleno ordinario de septiembre, donde debía comparecer, a solicitud de Coalición Canaria, para aclarar las múltiples preguntas que quedan por responder en relación con esta grave irregularidad administrativa y explicar cuáles son sus pretensiones". En cualquier caso, CC afirma que confía "en que las Intervenciones Generales de la Comunidad Autónoma y del Cabildo frenen este dislate jurídico y atropello a la democracia".