Siete partidos políticos, 5 sindicatos, 16 organizaciones ecologistas, 20 organizaciones sociales y culturales, 23 cargos públicos, más de 60 profesionales y 8 ex altos cargos del Gobierno de Canarias, incluyendo a los ex presidentes Paulino Rivero y Román Rodríguez, se han unido en una nueva Plataforma "Por un desarrollo sostenible", contra la Ley del Suelo que promueve el actual Ejecutivo regional liderado por Fernando Clavijo.
"Denunciamos y rechazamos la apuesta neoliberal por reproducir la burbuja inmobiliaria que provocó la crisis y que tanto paro, miseria e injusticia ha generado en la sociedad canaria", sostiene el manifiesto que han hecho público este jueves, y que ha sido apoyado entre otros por Nueva Canarias, Podemos e Izquierda Unida, y respaldado también por antiguos y destacados cargos públicos de Coalición Canaria. "Reclamamos hoy, con más firmeza que nunca, un territorio sostenible para Canarias, basado en sus recursos naturales y culturales como fuente de riqueza endógena", sostienen.
"Porque nos negamos a reactivar el viejo y fallido modelo del bloque y el cemento, porque queremos un futuro mejor para el territorio, la sociedad y la economía del archipiélago y porque queremos participar en el diseño y la construcción de ese futuro, hacemos un llamamiento a la sociedad canaria para que se sume a la petición de retirada del Anteproyecto de Ley del Suelo y la apertura de un proceso amplio de auténtica participación ciudadana que defina el marco legal adecuado para conseguir un modelo territorial más duradero, compartido y sostenible", plantean en ese escrito, en el que, en definitiva, reclaman "una ley del territorio sostenible".
"Un Anteproyecto de Ley insostenible"
Frente a esas aspiraciones que reivindican, consideran que el Anteproyecto que tramita el Gobierno de Canarias "diseña un modelo desintegrado, en el que la parte prevalece sobre el conjunto, en el que los planes municipales configuran la realidad de la isla frente a un planeamiento insular debilitado, y en el que la realidad de las islas configura la del archipiélago, ante la voladura de las competencias, los organismos y el planeamiento ambiental y territorial autonómicos".
En opinión de los firmantes del escrito, entre los que también se encuentran Antonio González Viéitez, Faustino García Márquez, Fernando Ríos Rull, Tomás Padrón, Carmelo Padrón y Enrique Febles, considera que "el resultado será el aumento de la competencia y las desigualdades intermunicipales e interinsulares, al tiempo que la destrucción del sistema de planeamiento, al hacer que lo sectorial prevalezca sobre lo general y las actuaciones excepcionales, aisladas, rápidas e inconexas prevalezcan sobre el planeamiento municipal, insular y autonómico".
Además, denuncian que el anteproyecto de ley propone "un marco normativo abierto, rico en atajos y liderado por administraciones más débiles y vulnerables, que aumentará la inseguridad jurídica y la arbitrariedad". A esto, añaden una crítica a los "procedimientos e instrumentos excepcionales" que también contempla la ley, a los que otorga "poderes casi ilimitados y capaces de colocar rápidamente cualquier uso, de cualquier dimensión, en casi cualquier lugar del archipiélago". Y esto, consideran que supondrá "el otro gran vehículo de desigualdad y desorden territorial", ya que "un urbanismo en el que prime el proyecto frente a la planificación dejará de lado a aquellos municipios y a aquellas personas en las que no se considere rentable invertir".
Abre la puerta a urbanizar el litoral "aún no utilizado"
A lo largo de un manifiesto de tres folios, los firmantes sostienen también que "el Anteproyecto fomenta el consumo y dispersión ineficientes del suelo urbanizable, para el que fija falsos límites, pese al exceso de oferta existente". Asimismo, critican que "deriva a los planes municipales la decisión discrecional de las urbanizaciones aisladas y declara inextinguible al suelo urbanizable turístico, al exceptuarlo de los plazos y obligaciones impuestas al suelo residencial e industrial" y que "levanta también, con la derogación de las Directrices, la prohibición de urbanización del litoral aún no utilizado".
En opinión de esta nueva plataforma, "consecuencias aún más negativas puede tener la implantación en el suelo rústico, mediante simple licencia municipal, de usos impropios como los recreativos, deportivos o docentes o mediante una declaración insular de interés social, de viviendas, turismo o equipamientos privados de cualquier tipo". A ello, señalan que "se unen la capacidad de implantar cualquier uso que pueda generar rentas complementarias a las agrarias, y las actuaciones de todo tipo y dimensión que los instrumentos y procedimientos excepcionales pueden llevar al suelo rústico".
Además, consideran que el anteproyecto "debilita los núcleos urbanos en el medio rural, al permitir el crecimiento de los asentamientos rurales y agrícolas, y su expansión periférica mediante una corona de 200 metros de anchura". Y, por todo ello, concluyen que "las tensiones especulativas que unas y otras medidas pueden provocar en el medio rural canario elevarán todavía más los precios del suelo, poniéndolo fuera del alcance de la actividad agraria y propiciando, en determinados ámbitos, su simple expulsión".
"Baja calidad del modelo"
"Esta pérdida de valores económicos, sociales y culturales del territorio define también la baja calidad del modelo propugnado por el Anteproyecto. En primer lugar, la baja calidad democrática, al convertir la participación ciudadana, que es un derecho en la vigente legislación canaria, en una simple posibilidad, y suprimir el deber de las administraciones públicas de fomentar dicha participación. De ese desinterés ha sido buena muestra la mezquina actitud adoptada por el Gobierno de Canarias respecto de la información pública de un Anteproyecto tan importante y complejo como éste, reducida a quince días ampliados en otros quince", denuncian también los firmantes.
En segundo lugar, alertan también de la "baja calidad ambiental, al permitir la autoevaluación, por los Ayuntamientos, del impacto ambiental de los planes, además de exonerar y rebajar el alcance de las evaluaciones, y al dedicar al paisaje apenas dos determinaciones formales -un mandato de análisis y un decorativo observatorio-, eliminando las medidas concretas contenidas en las Directrices de Ordenación General y, entre ellas, las de fomento de la reforestación, con fines paisajísticos y de lucha contra la erosión".
Y, por último, critican también la "baja calidad urbana" que implica ese anteproyecto de ley, "al reducir la dimensión de los espacios libres de obligada reserva por el planeamiento municipal, al que permite contabilizar como tales las playas urbanas, las áreas recreativas de los espacios protegidos y las dotaciones locales de zonas verdes, que la actual normativa añade a dicha reserva". A cambio, critican que "el Anteproyecto propicia la congestión de las zonas más densas de las ciudades, al considerar que será válida la densidad realmente existente, en caso de superar a la máxima que fija la Ley, y admitiendo incrementarla aún más con la edificación de los suelos vacantes".
Por todo ello, rechazan "una ley de suelo que, al mantener e incrementar densidades brutales sin dotaciones adecuadas de servicios públicos, golpea con especial dureza a los barrios más populares", y exigen "un marco jurídico que potencie unas ciudades más habitables y sostenibles".