El interventor Carlos Sáenz habría cobrado del Ayuntamiento de San Bartolomé 74.420 euros más de lo que lo que le correspondía por su trabajo como interventor en este municipio. Así lo sostiene el juez instructor del caso Montecarlo, Ricardo Fiestras, en el auto en el que da por terminada la instrucción de una pieza de la causa. En esta pieza, se investiga el pago de casi 400.000 euros a dos empresas de José Vicente Montesinos por trabajos presuntamente no prestados, pero también otra posible malversación por parte del interventor, al asignarse su propio sueldo y cobrar "retribuciones indebidas".
En su auto, el juez instructor recuerda que Sáenz tiene su plaza como interventor en el Ayuntamiento de Arrecife, pero además ejercía este mismo cargo en otros consistorios, como el de San Bartolomé, por acumulación de funciones. Así, por ese trabajo acumulado "tenía derecho a la percepción de hasta el 30% de las remuneraciones correspondientes al puesto principal", que era el del Consistorio capitalino. Sin embargo, durante años estuvo cobrando cantidades muy por encima de esa cifra, siendo él mismo quien autorizaba los pagos.
"Desde su toma de posesión en julio del año 2001 ordenó al personal de su departamento que nunca se emitiera nómina alguna referida a él, para que sus remuneraciones le fueran abonadas como si la labor desarrollada no se ajustara a la normativa funcionarial, sino como si se tratara de un contrato de consultoría y asistencia", sostiene el magistrado. Así, siguiendo "sus directrices, en Intervención se elaboraron "los mandamientos de pago referentes a sus servicios sin los descuentos que todo funcionario conlleva, como cotizaciones a la Seguridad Social, ni el tipo de IRPF correspondiente al fiscalizar", y autorizó "él mismo sus propios pagos en cuantías superiores a las que le correspondían legalmente".
Una situación mantenida hasta su arresto
"Entre los años 2001 y mayo de 2012, fecha en la que fue detenido, puesto a disposición judicial e ingresado en prisión provisional por estos hechos", Carlos Sáenz "obtuvo indebidamente del Ayuntamiento un exceso en sus remuneraciones que asciende a la cantidad de 74.420 euros", señala el juez instructor. Tras el arresto de Sáenz y su entrada en prisión, San Bartolomé buscó un nuevo interventor, por lo que cuando salió de la cárcel, tras pasar diez meses en prisión provisional, no regresó a este puesto. Sin embargo, sí volvió al Ayuntamiento de Arrecife, donde tiene la plaza en propiedad y donde continúa ejerciendo actualmente.
Además de estar acusado en las cuatro piezas del caso Montecarlo, Sáenz también está acusado en dos piezas del caso Unión. En una de ellas, por el pago de facturas por servicios presuntamente no prestados a Proselan, el juicio acaba de celebrarse y la semana pasada quedó visto para sentencia. En esa causa, la Fiscalía le pide seis años de prisión.
En cuanto a la pieza de Montecarlo en la que se acaba de cerrar la instrucción, Sáenz deberá responder también por presuntos delitos de prevaricación, malversación y/o fraude, cohecho, falsedad en documento público y falsedad en documento oficial, por el presunto saqueo de casi 400.000 euros en el Ayuntamiento de San Bartolomé, con los pagos a las empresas de José Vicente Montesinos. Esto se suma a los propios pagos que Sáenz autorizó para sí mismo.
Según el juez, "con la provisionalidad del presente momento procesal, los hechos parten del ánimo del interventor del Ayuntamiento de San Bartolomé, Carlos Francisco Sáenz Melero, de sustraer fondos públicos de dicho Consistorio, aprovechando el ejercicio de su cargo desde su toma de posesión en el mismo como interventor acumulado en el año 2001".