La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias ha firmado este miércoles un nuevo convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para establecer un protocolo de actuación, de forma conjunta y coordinada, ante situaciones de desahucio de familias vulnerables en Canarias y evitar, siempre que sea posible, los lanzamientos.
“Estamos firmando un convenio que se adapta a una realidad concreta que estamos viviendo en Canarias y que persigue, fundamentalmente, evitar los desahucios en nuestra Comunidad Autónoma con los diferentes instrumentos que tiene la administración. Por tanto, estamos incrementando ese escudo social que ya existía para que en los próximos cuatro años las familias canarias con dificultades estén mucho más protegidas de lo que estaban hasta el día de hoy”, afirmó el consejero Sebastián Franquis, “y este es un buen momento porque el día 30 de este mes se acaba el periodo de protección que estableció el Estado mediante Real Decreto, por lo que nosotros lo que hacemos es extender ese periodo y, además, lo ampliamos de forma general a todas las familias vulnerables, no exclusivamente a las personas afectadas por el COVID o la guerra de Ucrania, como recoge el Real Decreto”.
El convenio, que ha sido firmado en Santa Cruz de Tenerife por el consejero en funciones, Sebastián Franquis y la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, y que será firmado posteriormente por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, cuenta con una vigencia de cuatro años prorrogables y permitirá mejorar la gestión pública ante un desahucio mediante la intervención del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y los servicios sociales de los ayuntamientos canarios.
El convenio contempla la paralización inmediata en los casos de desahucio por impago de las familias económica y socialmente vulnerables – aquellas que cuenten con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir 11.862 euros anuales; situaciones de dependencia o discapacidad; víctimas de violencia de género; familias numerosas, etc.- donde, a juicio de la Autoridad Judicial, se determine la necesidad de intervención de los servicios sociales municipales o del Gobierno de Canarias para lograr una solución al lanzamiento.
Ante un posible caso, el primer paso que se establece en el Convenio se centra en informar de los recursos a su alcance a la persona afectada. Si se trata de un propietario que afronta el impago de la hipoteca, el protocolo contempla informar a las personas afectadas del Código de Buenas Prácticas Bancarias, por si pueden hacer frente a la deuda y no llegar al lanzamiento. En el caso de desalojo de inquilinos por impago de la renta, los juzgados informarán de los distintos programas que ofrece tanto el Gobierno de Canarias como los ayuntamientos para la asistencia social.
El segundo paso que establece este protocolo se centra en el proceso de desahucio, si éste se va a ejecutar y se detecta que se trata de personas en situación vulnerable, los juzgados se comprometen a paralizar el procedimiento y dar parte al ICAVI para que se active el programa Canarias Pro-Hogar y se constate la situación de riesgo de los afectados.
Una vez certificada dicha vulnerabilidad, se incluye a las personas afectadas en el Canarias Pro Hogar, donde se les podrá facilitar una ayuda para pagar el alquiler y evitar el lanzamiento, o se les derivará a los recursos municipales que se encuentren disponibles y que ofrezcan los ayuntamientos, como una vivienda provisional. Otra vía que se establece para evitar el desahucio es negociar directamente con los fondos de inversión o entidades bancarias propietarias del inmueble, como ya hace en la actualidad el ICAVI a través del Canarias Pro Hogar.
A diferencia del Real Decreto-ley 11/2020 que, actualmente, mantiene paralizados los casos de desahucios en situaciones de vulnerabilidad sobrevenida por la crisis sanitaria de la Covid-19 o derivados de la guerra en Ucrania, el Convenio suscrito este miércoles permitirá que se aplique la paralización de los desahucios a todos los casos de vulnerabilidad en Canarias, garantizando así la atención necesaria y evitando el riesgo de que las personas afectadas caigan en situación de exclusión social. Además, este convenio no se centrará en los grandes tenedores, sino que abarcará cualquier procedimiento judicial de desalojo en las islas.
“Creo que Canarias ha avanzado mucho en los últimos años en materia de vivienda y de defensa de los derechos de los más vulnerables, logrando evitar en los últimos tres años más de 1.300 desahucios. Por eso, este convenio lo que hace es confirmar lo que se ha hecho hasta ahora, de forma más o menos voluntaria, entre las distintas administraciones públicas para hacerlo a través de un protocolo y por los canales oficiales.
Por eso agradezco a los ayuntamientos, a través de la FECAM, y también al Consejo del Poder Judicial, que firmen con nosotros este convenio y este protocolo para que en los próximos cuatro años las familias canarias con dificultades estén mucho más protegidas de lo que estaban hasta el día de hoy”, recalcó Sebastián Franquis.
Herramientas como el Canarias ProHogar han permitido, desde 2021 y hasta la fecha, frenar 1.378 desahucios en el Archipiélago por lo que, este convenio, permitirá impulsar este tipo de instrumentos de forma conjunta y coordinada entre administraciones, como señaló el consejero en funciones.