Canarias acordó con Administración General del Estado, en la ponencia técnica previa a la Comisión Mixta de Transferencias de Parques Nacionales celebrada en Madrid, el traspaso de competencias de estos espacios naturales protegidos de las Islas, que resultaron dotados con 16.477.413,15 euros, lo que supone un incremento de 4,5 millones respecto a la cantidad inicialmente propuesta por el Estado para el Archipiélago al inicio de las negociaciones en 2004. La gestión por parte del Gobierno autónomo de los Parques de La Palma (Caldera de Taburiente), Tenerife (Teide), La Gomera (Garajonay) y Lanzarote (Timanfaya) se hará efectiva el uno de enero de 2010, después de que los Ejecutivos canario y central firmen el acuerdo alcanzado ayer, lo que probablemente se produzca el próximo mes de octubre, con motivo de la celebración de un Consejo de Ministros en las Islas.
Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2004 por la que se declaró la competencia de las Comunidades Autónomas para gestionar los Parques Nacionales, se iniciaron las negociaciones para hacer efectivo el mencionado traspaso, sin que se alcanzara un acuerdo por discrepancias, precisamente, en el coste del servicio objeto de transferencia.
Con este compromiso se inicia el procedimiento para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley aprobada por unanimidad esta semana en el Parlamento de Canarias, en la que se estableció, en primer lugar, que la Comunidad Autónoma asumiera la gestión ordinaria de los Parques Nacionales (será el 1 de enero de 2010). Por otra parte, se instaba al Gobierno regional a la creación de la Red Canaria de Parques Nacionales y la puesta en marcha de un Ente de Derecho público, dotado de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, y en cuyo Consejo Rector participarán, además de representantes de la Administración autónoma, de la estatal, los cabildos y ayuntamientos en cuyas islas o término municipal se sitúen Parques Nacionales. Para la creación de este organismo, y para atender estas nuevas atribuciones con las mejores garantías de conservación, el Gobierno de Canarias trabaja actualmente en un Proyecto de Ley.
La transferencia implica, además, una dotación de medio millar de trabajadores (entre funcionarios, personal laboral y trabajadores de Parques Nacionales) para gestionar las nuevas competencias.