"El acusado Felipe Fernández Camero actuaba como pleno organizador de un corrupto proceder en el seno del Ayuntamiento de Yaiza, dando instrucciones a los otros tres acusados sobre la forma, el momento y las cuantías que se le debían abonar, disponiendo por su mero capricho y ansia dineraria de los caudales municipales". Así resume el Ministerio Fiscal la presunta trama corrupta que permitió el "enriquecimiento ilícito" de Camero y el "arbitrario expolio de fondos públicos" de Yaiza, al menos entre los años 1996 y 2012.
Durante ese periodo, Fernández Camero recibió del Ayuntamiento "como mínimo" 970.752,28 euros (que es la cifra que se ha podido acreditar documentalmente), por servicios presuntamente no prestados y sin que existiera siquiera un procedimiento de contratación legal. Los pagos incluían desde supuestos servicios de asesoramiento (al margen de lo que también cobraba como abogado en distintos pleitos) hasta el pago de dietas, viajes y taxis. Y todo ello, según el fiscal, en virtud de un plan que "ideó" Camero y para el que contaba con un "concierto verbal con los otros tres acusados" en esta causa, que surge de una pieza separada del caso Yate y cuya instrucción ya ha concluido por parte del juez Arturo Valdés Trapote, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife.
"Los acusados Vicente Bartolomé Fuentes y Antonio Fernández Martín, en el ejercicio de sus cargos como Secretario-Interventor del Ayuntamiento cada uno de ellos, según el momento en que éste sustituía a aquél, incumplían las más básicas obligaciones fiscalizadoras y de control de la legalidad del gasto público", cumpliendo "las órdenes" del entonces alcalde, José Francisco Reyes, y permitiendo que se ejecutaran los pagos a Camero "sin efectuar el menor reparo a pesar del cúmulo de ilegalidades que se cometían, de las que eran plenamente conocedores, de acuerdo con el reparto de papeles y las directrices dadas en todo momento por Felipe Fernández Camero", sostiene el escrito de acusación del fiscal Ignacio Stampa.
Sobre Camero, la Fiscalía sostiene que daba las "instrucciones" como "especialista en derecho administrativo, para crear una apariencia de legalidad en la actuación de todos ellos, eludiendo las reglas más básicas en materia de contratación pública". Además, subraya que el propio Camero era el que "fijaba unilateralmente" el precio de sus supuestos servicios, que también "se aumentaba por decisión e indicación verbal de éste en el momento y en la cuantía por éste señalada".
Dos "procedimientos" para "satisfacer su desmedido ánimo de lucro"
En su escrito, el fiscal describe dos "procedimientos" empleados por Fernández Camero para "satisfacer su desmedido ánimo de lucro". En uno de ellos, para "justificar la obtención ilegal de fondos públicos municipales, los acusados crearon la ficticia apariencia de que se prestaban servicios de asesoramiento jurídico" por parte de Camero, "simulando que se adjudicaban los mismos por el procedimiento de adjudicación directa o contrato menor".
Así, desde 1996 y hasta 2012 estuvo cobrando una cantidad mensual en concepto de "servicios de asesoramiento". Con el tiempo, la cifra fue además aumentando, desde las 220.236 pesetas mensuales que empezó cobrando en 1996, hasta los 1.984 euros al mes que terminó cobrando en 2008, que es el último año en el que constan acreditados pagos mensuales. En total, sólo en concepto de ese supuesto "asesoramiento", Camero se llevó 229.395 euros del Ayuntamiento de Yaiza (las últimas mensualidades de 2008 fueron abonadas ya en 2012, al acogerse Camero al Plan de Pago a Proveedores).
"Tales supuestos servicios de asesoramiento nunca se prestaron, ni eran necesarios, ni repercutieron en ningún beneficio para los intereses públicos municipales, con el consiguiente lucro personal y correlativo quebranto para las arcas públicas", sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, en el que pide 6 años de prisión para Camero, Reyes y Bartolomé Fuentes, y 5 años y medio de cárcel para el otro funcionario acusado.
Sin expediente de contratación ni justificación de su necesidad
Entre otra larga lista de irregularidades e ilegalidades, la Fiscalía subraya que "nunca se tramitó ningún expediente de contratación ni acuerdo escrito que amparase tales pagos", que "nunca se concretó el objeto del contrato o servicio, ni su idoneidad", que "nunca se justificaron las necesidades que pretendían cubrirse, ni su conveniencia", ni tampoco se justificó por qué era necesario este servicio, cuando el Ayuntamiento ya contaba "con el asesoramiento legal preceptivo del Secretario de la Corporación".
Además, tampoco se realizó "una estimación del importe del precio atendiendo al precio general del mercado, resultando una ausencia absoluta de memoria justificativa y económica que justifique el precio pagado y su razonabilidad, especialmente gravosa para los intereses municipales en múltiples minutas de las presentadas, dada su cuantía". De hecho, el fiscal insiste en que el precio del importe era "variable según el capricho de Fernández Camero", que además ni siquiera podría haber firmado un contrato con el Ayuntamiento, ya que incurría en causa de incompatibilidad, al ostentar simultáneamente el cargo de secretario del Ayuntamiento de Arrecife.
Precisamente cuando Camero fue sancionado disciplinariamente por el Secretario de Estado de Organización Territorial del Estado (en una sanción confirmada después por los Tribunales) y apartado de su cargo en Arrecife por una falta grave y otra muy grave de incompatibilidad, al ejercer también como abogado y ostentar cargos en empresas participadas por el Consistorio, el Ayuntamiento de Yaiza mantuvo sus servicios pero cambió el método de pago. Así, desde 2004, los ingresos no se hacían a nombre de Fernández Camero sino de su sociedad, Aldelfas 24 SL.
Una "prohibición expresa" impedía su contratación
"Además del procedimiento anterior", continúa el escrito del fiscal, "Felipe Fernández Camero instauró, con la imprescindible participación de los otros tres acusados, otra forma de satisfacer su desmedido ánimo económico en perjuicio de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento de Yaiza". Para ello, José Francisco Reyes adjudicó a este mismo abogado la representación del Ayuntamiento en distintos procedimientos judiciales, recibiendo pagos de al menos 741.357,19 euros por este otro concepto.
Al respecto, la Fiscalía subraya que existía una "prohibición expresa de contratar a dicho abogado", dada su condición de secretario del Ayuntamiento de Arrecife. Además, "tampoco se tramitó ningún expediente de contratación para la adjudicación o encomienda de ni uno solo de los procedimientos judiciales", excediendo "en muchos casos de los límites legales para la adjudicación directa".
Con respecto a estos segundos pagos, el fiscal aclara que "en algunos de los procedimientos" judiciales por los que Camero cobró como abogado sí se ha acreditado su "efectiva intervención", aunque no consta "ni fiscalización previa al gasto, ni de la capacidad de obrar y habilitación profesional del contratista, efectuándose los pagos sin control fiscalizador alguno, más allá de la consignación de algunos datos a efectos contables". Además, también figuran "pagos por provisiones de fondos anticipadas no justificadas, al no constar la prestación concreta de ese servicio, y en todo caso contrarias al principio del servicio hecho, que prohíbe al Ayuntamiento el que se realicen pagos por anticipado de prestaciones".
Viajes pagados a Madrid y Gran Canaria
Asimismo, la Fiscalía agrega que "se abonaron al acusado dietas, gastos de asistencia y taxis sin atribución a contrato o servicio concreto facturado". Entre ellas, por ejemplo, 667 euros por "gastos de asistencia como abogado por cuenta del Ayuntamiento a Madrid" el 3 de octubre de 2001, "sin justificar en modo alguno el importe de los mismos en concepto de hotel, taxi y estancia"; otros 1.479 euros en concepto de "gastos de asistencia Madrid" el 30 de diciembre de 2003; y 152 euros por "dietas y gastos de desplazamiento a Las Palmas en gestiones Dirección General de Urbanismo".
Durante la instrucción del caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, Fernández Camero estuvo imputado como presunto "cerebro" e inductor de la conducta delictiva de José Francisco Reyes, aunque su imputación se terminó archivando, al no existir pruebas de ese asesoramiento urbanístico al ex alcalde. Y precisamente a raíz de ello, se abrió una nueva investigación por presunta malversación de caudales, por los pagos que el abogado recibió del Ayuntamiento por este concepto.
"Los hechos descritos", concluye el escrito de acusación, "constituyen las antípodas del correcto funcionamiento de las instituciones, causando un evidente perjuicio económico a la causa pública, además de un demoledor daño inmaterial constituido por la pérdida de la confianza ciudadana en las mismas".