"Los cobros realizados por Ignacio Calatayud con respecto a la fase común del concurso de acreedores, 86.000 euros más IGIC, se corresponden realmente con trabajos realizados por el anterior letrado de la concursal, José Cobo Plana". Así lo ha desvelado este lunes Inalsa, que sigue analizando la documentación que ha tenido que recabar en los Juzgados tras "la negativa de Ignacio Calatayud a informar sobre los procedimientos en los que ha representado a la empresa pública".
Gracias a eso recuerda que se pudo comprobar que el ex presidente del Cabildo y ex consejero delegado de Inalsa, Pedro San Ginés, aceptó un segundo presupuesto de "su amigo-abogado" que solo tenía por objeto la conocida como fase común del procedimiento concursal, dejando fuera los incidentes concursales. "Sin embargo, en el momento de la contratación, todos los trabajos correspondientes a la fase común habían sido realizados pues tras las tareas preparatorias, se había presentado la solicitud de concurso, se había determinado las masas patrimoniales y se había publicado, sin que se produjeran impugnaciones, el Inventario de bienes y derechos y la lista de acreedores", subraya Inalsa.
"En esas circunstancias, Calatayud solo podía ser contratado, precisamente, para representar a Inalsa en los procedimientos incidentales, puesto que el resto de objetivos de la fase común ya se habían cumplido, explican desde la empresa pública, que recuerda que San Ginés "excluyó explícitamente del segundo contrato los incidentes, permitiendo que Calatayud cobrará por trabajos que ya habían sido realizados por el equipo jurídico anterior".
En qué consiste la fase común
La fase común de un procedimiento concursal se inicia con la solicitud de declaración del concurso y tiene por finalidad determinar la situación patrimonial del concursado, estableciendo el importe de sus bienes y sus deudas (masa activa y masa pasiva), además de calificar el crédito de los proveedores.
Tras esos trabajos preliminares, y como parte de la fase común, los administradores remiten al Juzgado un informe que contiene el Inventario de bienes y derechos y la lista de acreedores, ordenando el órgano jurisdiccional la publicación de tal informe y su comunicación a las partes personadas.
A partir del momento de la publicación caben tanto la impugnación de la documentación presentada por la administración concursal como los incidentes, es decir, reclamaciones parciales por parte de alguno de los afectados.
Los trabajos realizados por el anterior letrado
"Resulta evidente que la primera de esas tareas, la preparación de la documentación necesaria y la presentación de la solicitud de concurso, fue realizada por el anterior equipo legal en junio de 2009, tras dos meses de trabajos preparatorios y seis meses antes de que Calatayud fuera contratado por primera vez", insisten desde Inalsa..
Además, añaden que "el segundo objetivo de la fase común, la determinación de la situación patrimonial del concursado, también se había desarrollado antes de la contratación de Calatayud pues, tal y como señalan los administradores concursales en su Informe de Rendición de Cuentas, la administración concursal presentó al Juzgado el Inventario de bienes y derechos y la lista de acreedores el 23 de octubre de 2009, siendo publicada en el BOE del 11 de febrero de 2010, sin que fueran impugnados ninguno de los dos documentos".
"Por tanto, tal y como acreditan los propios administradores judiciales, los objetivos de la fase común, a excepción de los incidentes, estaban ejecutados antes de la contratación de Calatayud para esa primera fase y se habían desarrollado con la participación del letrado contratado con anterioridad a Calatayud", advierte la empresa.