Política

El Cabildo reúne a ayuntamientos, pescadores y patronales y muestra "el rechazo unánime" a las jaulas marinas​

La Corporación insular anuncia que también emprenderá acciones legales para paralizar esta ordenación de la acuicultura, que "choca frontalmente con el modelo de nuestra isla"

La presidenta del Cabildo, tras la reunión con ayuntamientos, cofradías y patronal

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha mantenido este viernes una reunión con alcaldes y concejales de Arrecife, Tías y San Bartolomé, así como de las Cofradías de pescadores, Cámara de Comercio y representantes de la patronal para definir los próximos pasos que lleven "a la paralización definitiva de la instalación de jaulas marinas en el litoral de la isla".

“El rechazo de la isla de Lanzarote a la instalación de este tipo de estructuras en nuestro litoral es rotundo, porque choca frontalmente con el modelo de desarrollo turístico, sostenibilidad, respeto al ecosistema y a los fondos marinos que caracteriza a nuestra isla”, explicó la presidenta del Cabildo.

"El Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC), aprobado en 2018 con la conformidad del anterior grupo de gobierno del Cabildo bajo la presidencia de Pedro San Ginés, ordena las zonas con posibilidad de uso acuícola en Canarias, y afecta de manera directa al litoral de los municipios de Arrecife, San Bartolomé y Tías", recuerda la Corporación insular. María Dolores Corujo define el plan como “una decisión desacertada por parte del Gobierno regional anterior, liderado por Fernando Clavijo”, y asegura que tomarán "todas las medidas políticas, sociales y jurídicas necesarias para paralizarla”.

El Cabildo de Lanzarote, conjuntamente con las instituciones participantes en la reunión, afirma que "continuará con el trabajo que se inició durante el proceso de alegaciones, trasladará el debate al Parlamento e instará al Gobierno de Canarias para que busque la fórmula jurídica para terminar con esta situación". “Reconocemos que es una decisión adoptada por el anterior ejecutivo, pero el actual tiene que dar una solución urgente y efectiva”, añadió Corujo.

La Corporación insular ha adelantado que actuará a través de sus servicios jurídicos y técnicos "para evitar que las próximas generaciones se encuentren con este problema de sostenibilidad e incertidumbre". “Será la justicia la que deba pronunciarse, porque hay un valor clave en política que es el respeto a las decisiones de la sociedad insular”, concluyó la presidenta de la primera institución de la isla.