Política

El Cabildo resolverá el contrato de la Residencia de Mayores de Lanzarote e iniciará un nuevo pliego antes de finalizar el año

El Consejo de Gobierno aprobó este lunes incoar el expediente de caducidad del contrato actual por incumplimento de la UTE Residenza Sanitaria

Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote

Una vez declarada la caducidad del procedimiento de resolución contractual del proyecto de la Residencia de Mayores de Lanzarote, al haber superado el plazo establecido de tramitación, el grupo de Gobierno del Cabildo ha adoptado este lunes el acuerdo de incoación de la  resolución del contrato de concesión de obras para la redacción de proyecto, financiación y ejecución de la construcción de un centro sociosanitario para mayores y atención a personas dependientes en unidades convivenciales de centro de día en Tahíche.

“Tras la resolución del mismo, la prioridad del Cabildo de Lanzarote será sacar a licitación pública un nuevo contrato para la construcción de la Residencia de Mayores de Tahíche antes de que acabe el presente año”, aseguró el presidente Oswaldo Betancort, garantizando la financiación del mismo para 2024. “Lo que a todos los efectos es una buena noticia, teniendo en cuenta además que tanto el proyecto básico como el de ejecución pertenecen al Cabildo y, por tanto, los plazos podrán acortarse y no seguiremos demorando una obra tan necesaria para nuestros mayores”, apuntó el presidente.

En el Consejo de Gobierno celebrado en la mañana de este lunes, el gobierno aprobó la caducidad del anterior contrato con la UTE Residenza Sanitaria, una vez que la citada entidad ha agotado los plazos que establece la Ley de Contratos de la Administración Pública sin posibilidad de continuar con las obras. 

Según la Ley de Contratos del Sector Público, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.

A este respecto, el contratista deberá indemnizar a la entidad los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada, que se determinará por el órgano de contratación. Si en el momento de la propuesta de resolución definitiva, no se pudieran cuantificar los daños y perjuicios, esta contemplará el inicio de un expediente de reclamación de daños y perjuicios derivados de la resolución contractual en un procedimiento contradictorio.

Dichas cláusulas contractuales no serán incompatibles con la puesta en marcha de una nueva licitación que se activará lo antes posible. “Nuestra máxima prioridad será iniciar el correspondiente procedimiento administrativo de contratación puesto que sigue siendo necesaria la realización del objeto contractual”, explica el responsable de Bienestar Social, Marci Acuña, que lamenta profundamente que “el anterior grupo de Gobierno del Cabildo estuviera cuatro años con los brazos cruzados ante el incumplimiento del contrato y no fuera capaz de culminar el expediente de rescisión”.

Precisamente, el anterior ejecutivo del Cabildo aprobó a principios de noviembre de 2022 el expediente para la resolución del contrato, pero nunca lo culminó, lo que ha retrasado todo el proceso más de un año. “La parte positiva es que, aunque la anterior empresa adjudicataria acuda al Contencioso Administrativo, no se paraliza la nueva licitación pública para hacer realidad una demanda social urgente en la isla”, señaló el consejero.

“La financiación y el proyecto no peligran”

Oswaldo Betancort anunció hace unos días, tras la visita de la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, que la Corporación Insular "había recuperado diez millones de euros" de ficha financiera para la residencia, después de que el Cabildo tuviera que "devolver seis millones por no haberse iniciado las obras en el mandato anterior".

“Por lo tanto, ni el proyecto de la futura Residencia de Mayores ni la financiación para materializarlo, peligran”, garantizó Betancort, una vez sellado el compromiso con el Ejecutivo autonómico de que el presupuesto de Canarias incluirá una partida inicial de "diez millones de euros para 2024", con la posibilidad de ampliarla en el ejercicio 2025.

Cabe recordar que la primera piedra del centro sociosanitario, el cual contaba con un presupuesto de 19 millones de euros y preveía albergar 180 plazas para mayores, se colocó en mayo de 2021 con la presencia del entonces presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo.

“Hemos perdido un tiempo precioso, pero ahora no podemos mirar atrás ni denunciar la desidia o la inacción política de los que ya no están”, añadió Betancort. “Nos toca recuperar el tiempo perdido y trabajar para que ese pliego salga cuanto antes con todas las garantías”, concluyó, apuntando que mientras esta infraestructura no sea una realidad, se ampliarán "80 nuevas plazas de la red de infraestructuras sanitarias" existentes en Lanzarote, que contarán con "nueve millones de euros" de financiación de Canarias.