El Cabildo de Lanzarote, dirigido por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha anunciado que iniciará "de cero" la revisión del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote durante este mandato. Según han expuesto, el anterior grupo de gobierno insular archivó de forma definitiva el procedimiento de revisión el pasado octubre de 2022.
Así lo han puesto de manifiesto este jueves en la rueda de prensa celebrada en la sede de la Corporación insular, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y el consejero de Política Territorial, Jesús Machín.
El actual grupo de gobierno considera que, "ante la dificultad que entraña la posible revocación de los términos acordados, y la incertidumbre jurídica que ocasionaría cualquier acción en este sentido", optará por incoar un "nuevo expediente de modificación sustancial del Plan Insular", bajo el asesoramiento del Área de Política Territorial.
"Esta decisión irresponsable del anterior grupo de Gobierno ha significado que no podamos aprovechar nada del trabajo de revisión realizado por el despacho de Ezquiaga y además se han tirado a la basura los más de 600.000 euros que se abonaron para esta revisión", ha expuesto el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort.
En ese mismo sentido, se ha expresado el responsable del área, que lamentó que el gobierno liderado por el PSOE optara por no impulsar su tramitación y no avanzara en el procedimiento del PIOL durante tres años, hasta llevar a octubre de 2022, cuando se acuerda archivar definitivamente el procedimiento de revisión en el pleno de la Corporación”, apuntó el consejero.
El Cabildo de Lanzarote decidió en 2022 no continuar con la tramitación de la Revisión del PIOL que obligaba a su adaptación conforme a la entrada en vigor de la Ley 4/207, conocida como la Ley del Suelo. "Lo que decidió fue hacer decaer el procedimiento administrativo del PIOL sin conservar ni uno solo de los actos, desistieron totalmente en ese acuerdo plenario de la tramitación y todos los actos en curso", añadió el consejero de Política Territorial, Jesús Machín.
Una revisión del PIOL que se inició en 2007
En 2007 se resolvió adjudicar el contrato de Consultoría y asistencia para la redacción del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, mediante procedimiento abierto, a la entidad Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio SL, por un importe de 540.000 euros. Dicho contrato fue objeto de sucesivas prórrogas, atendiendo a las circunstancias constatadas en el expediente administrativo.
En 2016 se acordó la modificación del contrato de referencia, a solicitud del Área de Política Territorial y con motivo de la entrada en vigor de la Ley 14/2014 de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, a fin de que el documento de aprobación inicial se adaptara a las nuevas determinaciones legales, por un importe de 109.782 euros.
El importe total de los trabajos correspondientes a la asistencia técnica de la Revisión del Plan Insular de Ordenación, ascienden a la cantidad de 616.875 euros.
Los pasos a seguir
A partir de ahora el Cabildo de Lanzarote tiene que iniciar el procedimiento para la revisión del PIOL desde el principio, empezando por la resolución del contrato con el despacho de Ezquiaga que, aunque también lo aprobaron en pleno, no lo llevaron a efecto.
Ahora se iniciará un nuevo procedimiento de incoación de la modificación sustancial del Plan Insular de Ordenación, con fijación del cronograma de plazos de tramitación que permita contar con un nuevo Plan Insular de Ordenación de Lanzarote.
En tal sentido, y siguiendo las pautas para la aprobación de un planeamiento territorial, el Cabildo de Lanzarote someterá a consulta pública previa, por el plazo necesario, a través del portal web del Cabildo, el documento del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, a efectos de recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas acerca de los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de la regulación, los objetivos que se persiguen y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.