La lucha de los vecinos de Las Caletas contra la central de Unelco no es una historia reciente, ya que son muchos los residentes de la zona que, desde 1998, han venido trasladando sus respectivas quejas a las administraciones. Ante la falta de respuesta, muchos de ellos se agruparon en la Asociación Las Caletas para la Defensa del Medio Ambiente (Acapam) y han llevado, en varias ocasiones, su batalla a los tribunales.
Los vecinos presentaron en el año 2005 un recurso, en el que llegaron a solicitar el cierre de la central, porque sus emisiones contaminantes vulneraban "el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la inviolabilidad del domicilio". Un año después, el Ministerio Fiscal emitió un informe y dio la razón a los vecinos instando al cierre de la central, por los perjuicios que causaba a quienes vivían en la zona, ante la acción "altamente contaminante" de las instalaciones de Unelco.
La Justicia también dio la razón a los vecinos, aunque sólo parcialmente. En este sentido, la sentencia emitida por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Las Palmas ordenaba que, tanto por parte de las administraciones públicas como por parte de la propia central eléctrica, se adoptasen las medidas necesarias para corregir o paliar en lo posible los perjuicios ocasionados. Sin embargo, el juez desestimó la solicitud de cierre de la central, al entender que ocasionaría unos perjuicios "aún mayores" a los habitantes de la isla, "que se verían privados del suministro de luz".
Asimismo, la demanda judicial interpuesta por los vecinos aseguraban que las ampliaciones de la central eléctrica se habían ido ejecutando sin las necesarias licencias y que contravenían una parte del planeamiento del Plan Insular de Ordenación y del Plan General de Arrecife. En este sentido, la sentencia afirmaba que "a lo largo de este procedimiento y de las pruebas documentales aportadas se han puesto de manifiesto las diversas irregularidades en el funcionamiento de la Central Térmica, que ha estado en funcionamiento desde hace muchos años sin haber obtenido previamente licencias e informes vinculantes sobre el impacto medioambiental". Si bien, añadía el juez, "hoy en día parece que se ha regularizado dicha situación", haciendo referencia al momento en que se emitió dicha sentencia, en el 2006.