Los presidentes de las patronales turísticas de Lanzarote (Asolan) y Fuerteventura (Asofuer), Susana Pérez y Antonio Hormiga, han reclamado al Gobierno de Canarias que intensifique las inspecciones sobre la oferta ilegal de vivienda vacacional, que aseguran que no sólo está generando una "problemática social" por la "falta de viviendas para residentes", sino también "un desequilibrio en el mercado" y un "impacto negativo en el sector turístico".
"La falta de viviendas para residencia, motivada por el uso vacacional de muchos inmuebles, viene generando serios problemas en la ciudadanía, tal como denuncian distintas plataformas ciudadanas, y produciendo un desequilibrio insostenible en el mercado", señalan las patronales en un comunicado, en el que exigen asimismo la "urgente" publicación del nuevo decreto de vivienda vacacional.
Las patronales de las islas orientales defienden que "cada isla territorio, y zona en particular, tiene unas singularidades diferentes", por lo que comparten "la idea de que los Ayuntamientos y Cabildos puedan delimitar usos y zonas, como ya han hecho muchas ciudades como Palma de Mallorca, Madrid o San Sebastián, entre otros". Sin embargo, sobre este aspecto advierten que "aunque es lo más conveniente, lo cierto es que el proceso se dilatará en el tiempo, ya que las entidades locales deberán analizar y luego establecer los límites que consideren".
"Un cambio de rumbo que afecta a las perspectivas económicas"
Los representantes de los empresarios turísticos de Lanzarote y Fuerteventura aseguran que "la situación se está agravando como muestran las numerosas plataformas que están surgiendo en el archipiélago para reivindicar una solución a "este grave problema que tanto está distorsionando el mercado, provocando dificultades a los trabajadores que se están quedando sin viviendas de alquiler, pues pasan al mercado turístico".
En este sentido, instan al Ejecutivo canario "a intensificar las inspecciones sobre la oferta ilegal de vivienda vacacional, que según el último estudio realizado por la propia Consejería de Turismo, asciende a 31.675 viviendas, 131.032 camas en el conjunto de las Islas, es decir un 22% del total de la oferta de camas".
Hormiga y Pérez alertan sobre "un cambio de rumbo en el sector turístico que afecta a las perspectivas económicas que genera este segmento de viviendas de uso turístico ilegales en las islas, tal y como demuestra las cifras que ocupación hotelera y extrahotelera desde finales del pasado año". En este contexto, apuntan al "importante papel jugado por los turoperadores en favor de potenciar la llegada de turistas a nuestros destinos competidores directos, mientras que en Canarias se permanece a la espera de una regulación acertada".